El arbitraje español se viste de gala

El pasado miércoles, en el pomposo y remodelado Hotel Ritz de Madrid, la Cámara de Comercio de España reunió a la crème de la abogacía mercantil del país para celebrar el 40 aniversario de la Corte Española de Arbitraje (CEA). La cena de gala organizada con tal motivo sirvió, aunque las medidas anticovid limitaron el aforo, para juntar a algo más de un centenar de profesionales (un 20% mujeres). Por un lado, responsables jurídicos de grandes empresas; por otro, representantes de los principales despachos y consultoras. Es decir, contratadores y contratados, entre los que existe unos vasos comunicantes muy enriquecedores.

“Los valores que caracterizan al arbitraje (imparcialidad, flexibilidad y transparencia) lo convierten en un procedimiento idóneo para favorecer la actividad empresarial y aportarle seguridad jurídica”, sentenció el presidente de la Cámara, José Luis Bonet, que resaltó también la agilidad para solventar conflictos (están obligados por ley a dictar laudo en menos de seis meses) frente a la media de cuatro años de un procedimiento judicial. “Esta rapidez permite un considerable ahorro de costes y de tiempo, un activo de enorme valor”, destacó el también presidente de Freixenet, que, tras volver a pedir la colaboración público-privada también aquí, añadió: “En el ámbito mercantil rige el principio de autonomía de la voluntad de las partes y precisamente el proceso de resolución de disputas que mejor se adapta es el arbitraje, dado que permite adaptar el procedimiento a sus necesidades”.

Los árbitros son en su gran mayoría abogados y juristas con experiencia. Son ellos “los que manejan las relaciones empresariales, los contratos y las cláusulas, que son las verdaderas normas que las determinan”, dijo Bonet. Alguien le comentó que allí estaba agrupado gran parte del PIB español. No había presidentes ni primeros ejecutivos de empresas, no era noche para ellos; era para sus secretarios generales o directores de la asesoría jurídica, suficientes para representar el poderío. Los empresarios se los rifan, quieren sentar a los mejores a su lado en el consejo de administración. Ellos son los que les cantan al oído los secretos de la letra pequeña, los que les aconsejan en las operaciones de ventas y adquisiciones y los que, en definitiva, también deciden la contratación de los despachos de sus colegas para labores de asesoría. Gente que no suele salir en las fotos, pero cuyo peso específico resulta fundamental.

No hubo mucha presencia de políticos. Entre los pocos, dos hombres del gremio, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que hizo mutis tras haber intervenido. También estaba el exministro de Justicia Rafael Catalá, hoy en el Centro Español de Mediación.

Los asistentes tuvieron oportunidad para hacer corrillos e intercambiar impresiones con mascarilla tras tanto tiempo de contactos en remoto. Por allí se movían representantes del Banco Santander, CaixaBank, Repsol, Cepsa, Telefónica, Naturgy, Iberdrola, Enagás, Ferrovial, Sacyr, Mapfre, Mutua, Aena, Indra, Suez, Mercadona, Técnicas Reunidas, Meliá, Mediaset, RTVE, Prisa, Carrefour, Siemens Gamesa, Real Madrid… También de patronales como la bancaria y la eléctrica. Apenas faltó despacho de abogados que se precie (Uría, Cuatrecasas, Cliffort Chance, Linklaters, Albiñana, Baker and Mackinsey, Pérez-Llorca, Roca Junyent, Ramón y Cajal, Armesto, Zurbano…) ni consultoras como Deloitte o PWC.

El arbitraje comercial llegó a España, impulsado por la Cámara (entonces Consejo Superior de Cámaras), con el objetivo de contribuir a mejorar la competitividad de las empresas en un momento en que apenas estaba implantado. La Ley de Arbitraje de 1988 permitió el desarrollo y la de 2003 acabó de situar la legislación española entre las más avanzadas. “En paralelo, España se ha dotado de una moderna infraestructura judicial, que garantiza el cumplimiento de los laudos con pautas uniformes y bien definidas”, según la presidenta de la CEA, Elena Otero-Novas. Hasta el punto de que el Tribunal Constitucional ha remarcado que las resoluciones arbitrales no pueden ser anuladas en vía judicial por motivos de fondo.

Además, desde 2019, las empresas cuentan con el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), creada por tres competidores en el mercado nacional (la CEA, la Corte de Arbitraje de Madrid y la Corte Civil y Mercantil) para aupar a España como centro internacional de resolución de conflictos comerciales y proporcionar una herramienta adicional al proceso de internacionalización.

La implantación del arbitraje es una realidad que ha llevado a formar el Club Español del Arbitraje, de la que forman parte más de 1.200 socios de medio centenar de países. El embrión fue la Corte Española de Arbitraje, que sirvió de impulsora de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos.