España gana a Abengoa el laudo en el que la empresa reclamaba 1.180 millones por las primas a las renovables

Abengoa, el mismo día que ha celebrado una junta de accionistas trascendental para su continuidad, ha perdido el laudo que mantenía con el Reino de España sobre renovables por valor de 1.180 millones. El Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo ha dictado un veredicto favorable a España por la disputa entablada después de que el Gobierno del PP decidiera, en 2013, reducir las retribuciones a las energías renovables, lo que supuso pasar del sistema de primas a una rentabilidad mínima garantizada del 7,4%. El tribunal sueco ha declarado que “carece de competencia para conocer del caso” y añade que “basado en el principio de economía judicial, no es necesario abordar las objeciones jurisdiccionales planteadas por el demandado”. Es decir, que España no tiene que pagar las cantidades que la compañía le reclamaba. Sí deberá pagar el 25% de las costas del proceso, que ascienden en total a 6,7 millones, mientras que Abengoa tendrá que pagar el 75% restante.

La firma de ingeniería presentó la solicitud de arbitraje por seis plantas termosolares en julio de 2013, ya que argumentaba que el cambio de regulación desbarataba sus previsiones y acusaba al Gobierno de “expropiación”, como adelantó entonces EL PAÍS. Posteriormente, en 2019, cuando el Gobierno socialista modificó la normativa para zanjar las reclamaciones, decidió seguir con el arbitraje que ahora ha perdido. Otras empresas también recurrieron a organismos especializados para discernir si España podía unilateralmente variar las condiciones de retribución de las renovables y el resultado han sido veredictos en sentidos opuestos. En todo caso, se trata de fallos recurribles.

La demanda que puso Abengoa se vehiculizó a través de CSP Equity Investments, una filial luxemburguesa de la firma española. Esta reclamaba 1.180 millones de euros a España, una cantidad con la que la compañía contaba. En octubre de 2019, Abengoa comunicó que sus acreedores la habían autorizado a monetizar parcialmente los derechos de cobro de ese arbitraje, una cantidad que de momento no va a recibir.

El pasado marzo, el propio Instituto de Arbitraje de la Cámara de Estocolmo rechazó que el fondo Freif (adquirido por la mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, en 2017) tenga que ser indemnizado con 124 millones por el recorte a las renovables en España. El organismo condenó al fondo, además, a pagar 2,7 millones de euros por las costas judiciales. En cambio, en septiembre del año pasado se conoció que España perdió parcialmente el laudo de la portuguesa Cavalum SGPS ante el Ciadi (organismo arbitral del Banco Mundial) contra España.

En septiembre, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), órgano dependiente del Banco Mundial, dio la razón a la alemana Steag GmbH, que presentó un arbitraje en 2015 invocando el Tratado sobre la Carta de la Energía. La firma reclamaba 96,6 millones de euros y el laudo condenó a España a indemnizar a la firma germana con 27,6 millones más intereses (el total supera los 30,5 millones) y más el 70% de los costes de representación de la demandante, así como el 50% de los emolumentos de los árbitros.

Junta trascendental

Por otra parte, la junta general ordinaria de accionistas de Abengoa, celebrada este martes en Sevilla en segunda convocatoria tras no alcanzarse el 25% del capital social, ha ratificado los nombramientos de Clemente Fernández como presidente del máximo órgano de la compañía y de Alfonso Murat como consejero designado por cooptación, mientras que ha rechazado el de Cristina Vidal como vocal del consejo de administración. Vidal había sido nombrada el pasado 1 de octubre como consejera hasta la celebración de esta junta con el fin de “garantizar la paz social como la viabilidad del grupo integrado”.

La junta, que se ha extendido por espacio de tres horas, ha respaldado a Fernández con un 75,35% de votos a favor, idéntico porcentaje ha obtenido la propuesta de Alfonso Murat. Por el contrario, el nombramiento de Cristina Vidal ha sido rechazado con un 70,6% de los votos. Los accionistas han aprobado, además, el resultado contable del ejercicio de 2019 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) con un 70% de votos favorables.

La compañía presentó unas pérdidas de 487 millones de euros y un pasivo que excede al corriente en 649 millones. La asamblea ha sometido a examen y aprobación el informe de gestión individual de la sociedad, así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión de su grupo consolidado. La propuesta de la aplicación del resultado de las cuentas anuales individuales de la sociedad se ha aprobado con un 59,9% de los votos, pero la gestión social durante el ejercicio se ha rechazado con un 59,3%.

En tercer lugar se ha sometido a votación, y se ha aprobado con el 59,62%, el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de la sociedad relativo al ejercicio 2019. También ha salido adelante (con el 80,05%) el cuarto punto del orden del día, relacionado con la delegación en el consejo para que interprete, subsane y ejecute los acuerdos adoptados.

Asimismo, la junta ha aprobado con un 60,29% de los votos que la compañía se persone como perjudicada en la querella contra el consejo de Gonzalo Urquijo. Este punto figuraba en el orden del día como complemento a la convocatoria de la junta general y fue solicitado por Inversión Corporativa, la empresa que fue el mayor accionista de Abengoa hasta 2015, formado por las familias fundadoras de la compañía y presidido por Felipe Benjumea. Se establecía de este modo la “propuesta y aprobación, en su caso, de una instrucción al consejo de administración de la sociedad para que adopte las medidas precisas para que Abengoa se persone como perjudicada en las diligencias previas que se tramitan en el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla frente a los anteriores consejeros (Gonzalo Urquijo, quien lo presidió desde finales de 2016; Manuel Castro; José Luis del Valle; José Wahnon; Ramón Sotomayor; Pilar Cavero y Josep Piqué) como a la ampliación de la misma, que se produjo el 28 de julio de 2021″.

La junta también ha aprobado nueve propuestas que no figuraban en el orden del día en relación con la interposición de una acción individual de responsabilidad dirigida a anteriores consejeros, entre ellos Gonzalo Urquijo y Juan Pablo López Bravo, ambos expresidentes del consejo de administración. No obstante, Fernández ha subrayado que es el administrador concursal ”quien tiene potestad en este asunto”.

“Un papel constructivo”

El presidente de Abengoa ha señalado que su intención es solicitar una ampliación de capital, que oferte sobre la propia filial. “Creo que Abengoa es una empresa reflotable y que se va sacar adelante. Hemos venido a ejercer un papel constructivo y estamos encantando con el proyecto”, ha dicho. Asimismo, Fernández ha afirmado que “solo hay una oferta en firme por Abenewco1 [la filial operativa del grupo], que es la presentada por Terramar Capital”. “Pretendemos su supervivencia; necesita avales porque si no, es la muerte de la compañía, de modo que cuantas más ofertas recibamos, mejor, aunque el tiempo es limitado”, ha añadido.

“No pudimos acceder al consejo en marzo; si lo hubiéramos hecho, habríamos allanado el camino a la Sociedad Española de Participación Industrial (SEPI). Si la oferta fuera netamente extranjera, los plazos se dilatarían en exceso”, ha señalado el presidente del consejo. En opinión de Fernández, la intención del consejo es “generar una oferta nacional políticamente bien vista y que los fondos se utilicen para reflotar Abenewco1 y no para pagar deudas anteriores”. “Esperemos que SEPI [la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] y el Gobierno den el paso de los 249 millones que son necesarios, aunque también se requieren 300 millones en avales”.

La sindicatura de Abengoa Shares, grupo liderado por el ya presidente de Abengoa, había adelantado que expresaría su desacuerdo con los consejos anteriores y, por tanto, con su gestión social, y a favor de que la compañía se persone como perjudicada en las diligencias previas. “No hay guerra de accionistas. Había, eso sí, consejos que actuaban al margen del accionariado y accionistas que desean recuperar la compañía. Hay un bloque que está actuando por mantener la representación en la filial y que quiere que se nos deje un hueco poniendo dinero nuevo en el rescate”, ha afirmado Fernández.

La plataforma utilizada para las votaciones, a través de Santander Inversiones, filial de la entidad bancaria, ha suscitado uno de los momentos de más tensión en la junta, puesto que “el banco es acreedor”, como interpelaba uno de los accionistas. Sin embargo, desde la mesa, en la que también estaba el secretario Adolf Rousaud, se ha defendido la limpieza del procedimiento: “Somos nosotros quienes controlamos el proceso, si bien será revisado en el consejo de administración”.