Los accionistas minoritarios de Abengoa toman el control de la empresa tras pactar con el administrador concursal

Abengoashares, el grupo de accionistas minoritarios de Abengoa, y el administrador concursal, el despacho EY Abogados, han alcanzado un acuerdo por el que el consejo de administración de la cotizada pasará a estar integrado por Clemente Fernández González, José Alfonso Murat Moreno y Cristina Vidal Otero. Todos ellos están nombrados por cooptación, por lo que se hace necesaria la inmediata convocatoria de una nueva junta general extraordinaria para que el capital social los ratifique como consejeros.

La junta general de este viernes solo votó las cuentas del ejercicio de 2019 y la gestión del consejo de administración en ese ejercicio, que fueron rechazados porque los votos había sido emitidos antes de la asamblea. Además, el acuerdo da la mayoría a los representantes de la sindicatura de accionistas Abengoashares. Está previsto que Clemente Fernández sea el nuevo presidente de la cotizada sevillana. El inversor cántabro ocupará la vacante que dejó el 19 de mayo la exconsejera Margarida de la Riva Smith.

Tras la adopción del anterior nombramiento, “se ha tomado razón de la dimisión del consejero Juan Pablo Lopez-Bravo Velasco, como miembro del consejo de administración y, por consiguiente, de sus cargos tanto de presidente del consejo de administración como de vocal en la comisión de Nombramientos y Retribuciones y en la comisión de Auditoría, presentada en el mismo consejo de administración”, según un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que además precisa que esa dimisión “tiene por objeto alcanzar la paz social en la Sociedad”.

El consejo resultante, seguidamente nombró como consejero de Abengoa SA a José Alfonso Murat Moreno. Dicho nombramiento se acordó también por el procedimiento de cooptación y hasta la celebración de la próxima junta general de accionistas, para cubrir la vacante producida por la dimisión de Juan Pablo Lopez-Bravo Velasco.

El acuerdo también incluye cambios en el órgano de administración de la filial operativa, Abenewco1, que concentra todos los activos, negocios y empleos del grupo. La compañía informa de que “se ha trasladado al administrador concursal de la sociedad una propuesta de nombramiento de José Joaquín Martínez-Sieso [expresidente de Cantabria con el PP] y Clemente Fernández González como consejeros de Abengoa Abenewco1 SA, con el objeto de dar entrada con ello en la mencionada entidad a dos representantes de Abengoashares”. Abengoa SA aclara además que “en el consejo de administración permanecerán Juan Pablo López-Bravo Velasco, como presidente no ejecutivo, y Álvaro Polo Guerrero”.

Clemente Fernández aterrizó en Abengoa después de varios intentos de los minoritarios de tomar el control del grupo. A finales del año pasado, en junta general extraordinaria de Abengoa, celebrada ayer en formato virtual, lograron la destitución del consejo de administración de la empresa matriz. Este grupo, tuvo mayor representación de votos (un 66,3%) que la dirección (un 33,7%). Sin embargo, el presidente de la empresa, Gonzalo Urquijo, impidió el nombramiento de los nuevos consejeros por haber presentado la lista fuera de plazo. El consejo presidido por Urquijo siguió, no obstante, en Abenewco1, titular de los negocios y activos.

En medio de todo el lío y mientras la empresa se precipitaba al concurso de acreedores, se produjeron ofertas por quedarse con Abenewco1, entre ellas una de los hermanos mexicanos Luis y Mauricio Amodio, canalizada con los minoritarios, y otra del fondo californiano Terramar, que dirigían los acreedores. Sin embrago, los Amodio acabaron retirándose por “riesgos imprevistos” aparecidos en una auditoría. La oferta consistía en una aportación de 200 millones de euros, de los que 50 millones se destinarían a ampliar capital, 15 millones corresponderían a un bono convertible y 135 millones llegarían en forma de créditos, que serían financiados por la firma noruega Artic, especializada en inversiones en renovables. A ello se añadiría una línea de avales de otros 50 millones.

Tras esos fracasos, la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla autorizó en febrero el concurso de acreedores voluntario solicitado después de que los acreedores no hubieran accedido a prorrogar los plazos para el tercer rescate de la empresa. El juez, Miguel Ángel Navarro Torres, también suspendió la junta de accionistas prevista para el 4 de marzo en la que los accionistas minoritarios tenían previsto sustituir al actual consejo y colocar como presidente a Clemente Fernández.

El magistrado adoptó la medida cautelar al entender que las decisiones que se iban a adoptar —”remoción y cese del actual consejo de administración y nombramiento de los propuestos”— podría afectar “también decisivamente en el devenir inmediato de la entidad, e incidir negativamente en su situación patrimonial, dadas además las diferencias sobre el futuro ya públicamente aireadas entre socios”, de acuerdo con el contenido del auto. Esta decisión se mantendrá “hasta que la Administración Concursal haya sido designada, haya aceptado su cargo y se encuentre en disposición de acudir a una Junta tan relevante para los intereses de los acreedores”.

La tecnológica, en preconcurso de acreedores desde 2020, había cerrado un último plan de salvación que contemplaba una financiación de 230 millones de euros con aval del ICO, una línea de avales de 300 millones con respaldo del Cesce y una quita del 50% de la deuda en manos de acreedores financieros. La empresa entró en crisis en 2015 y encadenó varios planes de salvación. La crisis de la pandemia supuso un nuevo traspiés para el grupo, que tuvo que elaborar y negociar el tercer plan de salvación. Los acreedores aceptaron, así como los proveedores; sin embargo, faltaron los 20 millones que, según la empresa, la Junta de Andalucía se había comprometido a poner.

El grupo afrontó un plan de reestructuración en 2017 en el que se realizó una quita y recapitalización de deuda por valor de 7.000 millones de euros. Posteriormente, en 2019, en una segunda reconversión, se capitalizaron otros 3.000 millones. En total, una quita del 95%.