El antiguo consejo de Abengoa dimite también de la filial Abenewco

El consejo de Abenewco, filial de Abengoa que mantiene la actividad industrial del grupo, ha presentado hoy su dimisión en su totalidad en lo que califican “un ejercicio de responsabilidad al no haberse podido culminar la operación de reestructuración suscrita el pasado 6 de agosto de 2020 con los principales financiadores y acreedores del grupo”. Esto supone que ahora es el nuevo consejo de la matriz (formado por Juan Ángel López-Bravo, Jordi Sarrias y Margarida de la Riva Smith) el que asume las riendas de la filial y de todo el grupo, acabándose así la bicefalia.

“La decisión de dimitir trae su causa, en primer lugar, del previo cese en el consejo de la sociedad matriz, Abengoa SA, acordado por la junta general celebrada el 17 de noviembre, ya que, desde esa fecha y hasta ahora, se han mantenido en sus funciones en Abenewco1, cabecera de los negocios del grupo, con el único objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones ordinarias y mantener abierta la posibilidad de cerrar la operación firmada el 6 de agosto, que siempre se ha estimado por todos los grupos de interés que era la necesaria para la continuidad de los negocios y el empleo”, según notifican en un comunicado.

La operación estaba diseñada y negociada bajo la fecha límite de 31 de diciembre de 2020. Al no haberse podido ejecutar en esa fecha, los consejeros consideran razonable que el nuevo consejo de administración de Abengoa SA, operativo desde finales de diciembre de 2020, tome las decisiones que estime pertinentes al respecto.

Los consejeros que han presentado la dimisión sostienen que “han mantenido en todo momento un compromiso firme con la viabilidad del grupo habiendo orientado todos sus esfuerzos a la consecución de una operación de refinanciación que hubiera permitido al grupo mitigar todas las dificultades que se originaron, principalmente, por efectos de la pandemia de la covid-19 en la actividad y resultados del grupo”.

Desde la fecha en la que fue nombrado, el 22 de noviembre de 2016, este consejo de administración, integrado por Gonzalo Urquijo como presidente y seis consejeros independientes, ha acometido dos operaciones de reestructuración, una por 7.000 millones de euros y otra de 3.000 millones, pactadas con los acreedores del grupo con el objetivo del mantenimiento del grupo, de sus negocios y del empleo. En este empeño ha buscado la solución de consenso entre todos los grupos de interés afectados, habiendo alcanzado el apoyo mayoritario necesario para poder ejecutarlas.

En ese sentido iba dirigido también el tercer plan de rescate acordado el 6 de agosto pasado en el que propuso una operación de refinanciación que permitía allegar la liquidez y los avales necesarios por parte del ICO y Cesce por valor de 550 millones de euros que se contemplaban como la solución para la continuidad del grupo. La operación firmada obtuvo a finales de septiembre de 2020 los apoyos que requería de los acreedores comerciales y financieros necesarios (en todos los casos superiores al 80%), pero faltó los 20 millones que debía poner la Junta de Andalucía y que esta rechazó aportar.

Mientras tanto, la empresa se debate en un enfrentamiento entre el nuevo consejo y la plataforma de accionistas minoritarios AbengoaShares, que no los reconocen como sus representantes después de haber logrado desbancar al anterior consejo presidido por Urquijo. A su juicio, también deben dimitir y dejar el mando a Clemente Fernández.

La sindicatura de AbengoaShares, que asegura haber superado el 15% del capital social a la CNMV, solicita a Juan Pablo López-Bravo que haga cumplir los estatutos de Abengoa SA. La sindicatura “considera que el actual presidente está vulnerando los estatutos de la empresa y no está cumpliendo con el Código de buen Gobierno además de estar llevando a cabo actuaciones en contra del interés societario”, según un comunicado difundido el jueves.

Por esta razón, ha solicitado mediante burofax a Juan Pablo López-Bravo incluir una Acción Social de Responsabilidad de acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Sociedades de Capital en la próxima junta general contra el consejo de administración cesado el 17 de noviembre, así como contra el propio López-Bravo y Margarida de la Riva Smith.

Asimismo, recalcan que, de acuerdo al artículo 174 de la Ley del Mercado de Valores, la sindicatura debe contar con un consejero dominical al contar con una participación significativa. La sindicatura también quiere recordar que tal como dispone el artículo 237 de la Ley de Sociedades de Capital “todos los miembros del órgano de administración que hayan adoptado un acuerdo o realizado acto lesivo contra la empresa, los accionistas o terceros responderán solidariamente”.

Los minoritarios también subrayan que deben comunicar cuáles son las operaciones vinculadas con terceros de las que han tenido conocimiento al estar como indican aprobadas en Junta y por tanto ser de carácter público. Y que López-Bravo y De la Riva Smith deben convocar Junta General Extraordinaria “lo antes posible para detener el deterioro al que están sometiendo a la empresa, siendo de otro modo cómplices del agravamiento de la insolvencia de la sociedad”.