Cursos que prometen títulos universitarios y no cumplen: cómo reclamar tus derechos

En 2009, una alumna pagó 3.300 euros por un curso de constelaciones familiares que prometía un título homologado por la Universidad de Murcia. La estudiante viajaba desde Jaén para asistir a clase y conseguir un diploma que, según le dijeron, le abriría las puertas al mercado laboral. Pero el certificado nunca llegó. Acudió a los tribunales y, quince años después, la justicia le ha dado la razón. La Audiencia Provincial de Murcia ha ratificado el fallo del juzgado de primera Instancia, que condenó al Centro de Psicología Humanista Tapa por incumplir lo pactado y obligó a devolverle 4.133,74 euros más intereses.

Según los hechos probados de la sentencia, la estudiante reclamó el título tras terminar la formación básica, pero la directora del centro que ofrecía el curso le comunicó que la universidad no iba a emitir el diploma. ¿La razón? Algunos de los profesores no contaban con la cualificación profesional necesaria para desarrollar el curso. Además, quedó probado que la directora del centro no había tramitado la matrícula de los alumnos. La estudiante reclamó al centro, contactó con la universidad y, al no obtener respuesta, acudió a los tribunales.

La estudiante había pagado un precio superior al de otros cursos, precisamente, para obtener el título. De hecho, la alumna había asumido un esfuerzo económico extra (hasta 1.400 euros en viajes y estancias) con la expectativa de recibir un diploma oficial. La escuela, por su parte, alegó que el certificado con el sello universitario no era un elemento esencial del contrato, y que los gastos de viaje habían sido una decisión personal de la alumna.

El juzgado rechazó todos los argumentos del centro. Para el magistrado, que la universidad no otorgara el diploma acreditativo no exime al centro de su responsabilidad, porque fue este quien generó la expectativa y cobró un precio más alto para obtener ese certificado universitario. Por ello, el tribunal condenó al centro por incumplimiento contractual.

Esta historia no es un caso aislado. Hoy en día proliferan cursos que, respaldados por campañas de marketing agresivas y convenios ambiguos con universidades, prometen títulos oficiales que acaban siendo papel mojado. Un ejemplo sonado es el de la escuela de negocios privada EAE Business School en Madrid. Entre 2020 y 2021, alrededor de 700 alumnos se matricularon en másteres en los que se les ofrecía un diploma avalado por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sin embargo, el título nunca llegó y muchos de ellos se han planteado emprender acciones legales contra la entidad.

Los expertos consultados por EL PAÍS han detectado esta tendencia y recomiendan leer siempre la letra pequeña. El motivo es que muchos centros educativos se amparan en el llamado título propio (diploma que emite el propio centro bajo su propia responsabilidad). Una universidad —pública o privada— puede firmar convenios con academias o escuelas de negocios para que estas impartan un máster propio, un diploma de posgrado o cursos especializados. Sin embargo, advierte José María Monedero, socio de Dikei Abogados, conviene tener claro que “estos títulos son legítimos a nivel curricular, pero no son oficiales; es decir, no son válidos para oposiciones que exijan un título oficial, ni dan acceso directo a estudios de doctorado”.

Algunos centros de enseñanza se aprovechan de este juego ilusorio. “El centro externo utiliza el prestigio de la universidad para promocionar el curso como si fuera un título oficial. En la publicidad, se minimiza u oculta la palabra propio y se enfatiza la firma de la universidad, llevando al alumno a pagar un precio alto por un título que carece de la validez que posiblemente espera”, añade Monedero.

Reclamaciones

Si el curso no cumple lo prometido, José María Monedero afirma que el alumno puede acudir a los tribunales para reclamar la devolución íntegra de las cantidades abonadas en concepto de matrícula, así como una posible indemnización por daños y perjuicios. También es posible presentar una reclamación ante las oficinas de consumo de la comunidad autónoma por publicidad engañosa o prácticas comerciales desleales, lo que puede derivar en más sanciones económicas para el centro.

En los casos más graves —cuando se demuestra que el centro actuó con intención de engañar o si el título es una falsificación— la conducta podría incluso encajar en un delito de estafa o, en su caso, de falsedad documental, tipificado en el Código Penal. Para denunciar ante las autoridades, señala Mario Rodríguez, abogado de Legalion Abogados, es fundamental que el afectado recopile todas las pruebas posibles: “el contrato y sus condiciones, capturas de publicidad y comunicaciones comerciales, correos y mensajes en el campus virtual, evidencias de no conformidad (como cambios sustanciales, horas suprimidas o la denegación del título), certificaciones o búsquedas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, justificantes de pago y gastos (viajes, materiales), así como pruebas de oportunidades laborales frustradas”, ejemplifica.

¿Quién responde?

Si el estudiante no recibe el título homologado que esperaba, “la responsabilidad recae sobre la academia o centro privado que contrató al estudiante y gestionó el cobro de la matrícula”, afirma Monedero. “El centro privado sería el autor de la publicidad engañosa [al generar la creencia de que se trata de un título oficial cuando no lo es] y quien comete el incumplimiento contractual [al no entregar el producto prometido]”.

Asimismo, la universidad también puede tener parte de responsabilidad. “La universidad que avala o refrenda el curso con un título propio podría eventualmente ser considerada responsable subsidiaria en función de su grado de implicación y de si se benefició o permitió la confusión”, apunta Monedero.

Indemnización extra

En estos supuestos, los alumnos también pueden reclamar una indemnización que vaya más allá de la simple devolución del precio. “Entran aquí gastos de viaje, alojamiento, materiales, tasas y otros desembolsos acreditables, así como la pérdida de oportunidades o ingresos vinculados al no haber obtenido a tiempo el título oficial —por ejemplo, la exclusión de una oposición o de un proceso de selección”, afirma Mario Rodríguez.

Eso sí, el alumno debe demostrar que existe una relación directa entre el incumplimiento, el daño sufrido y que el perjuicio es real. Además, si hubo publicidad engañosa, también se puede pedir una indemnización según la Ley de Competencia Desleal, siempre que quede probado que el centro actuó de forma consciente o negligente.

Señales de alerta

¿Cómo se puede saber si el curso tiene validez universitaria? Los estudiantes deben comprobar si reúne los requisitos de la normativa que rige las enseñanzas oficiales. Si el título es universitario, explica Rodríguez, el programa debe estar verificado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o por la agencia autonómica correspondiente, y debe tratarse de un grado, máster universitario o doctorado. Además, las clases deben impartirse en la universidad o en un centro adscrito autorizado.

Otro paso fundamental es dirigirse al Registro de Universidades, Centros y Títulos, donde debe figurar la denominación exacta del programa, la universidad responsable, el centro en el que se imparte y el estado de verificación o acreditación. Solo los títulos que aparecen como “grado” o “máster universitario” son oficiales.

Por el contrario, advierte Rodríguez, hay varias pistas que permiten averiguar si el curso no tiene carácter oficial. En primer lugar, cuando se presentan como un “título propio” o se dirige a “experto/especialista”. También será sospechoso si utilizan nombres comerciales que no coinciden con el RUCT, si recurren a un uso ambiguo de logos universitarios o si no aclaran que se trata de enseñanza no reglada. Y, para disipar cualquier duda, existe un último filtro: el BOE. “Se trata de un paso que valida legalmente la existencia del programa”, señala José María Monedero.