La Airef paraliza el nuevo examen del sistema de pensiones que le encargó el Gobierno porque cree que no cumple la ley

El Gobierno encargó en julio a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) un nuevo informe sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y que lo tenga listo para junio de 2026, poco más de un año después del que el organismo ya publicó en marzo, que, pese a conceder un aprobado raspado, alertaba de que la salud de las cuentas estaba empeorando. Aunque con el calendario en la mano la Airef no debía volver a hacer esta revisión hasta tres años después, el Gobierno pidió ese nuevo diagnóstico por la presión de Bruselas: la Comisión Europea estaba molesta por el hecho de que el examen tomase en cuenta las transferencias de impuestos a la Seguridad Social. Ante este escenario, la Airef viene manifestando su oposición a este nuevo encargo porque no ve sentido a repetir el examen, como dijo este martes la presidenta Cristina Herrero en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Además, ve en esta petición un uso “privativo” de sus recursos por parte del Gobierno central y con ello una “merma” de su independencia. Este mismo martes fuentes del organismo dieron un paso más allá: confirmaron que la Airef paraliza ese nuevo examen porque cree que la petición del Gobierno no se ajusta a la ley que regula sus funciones.

Herrero dijo este martes en el Congreso que la capacidad de supervisión de la Airef ya estaba “mermada” por las condiciones que el Gobierno puso al primer examen. “Esta merma”, añadió Herrero, “se ve agravada por la reforma del real decreto de hace unos meses, que incluye un informe adicional con un plazo de un año respecto al que hemos hecho”. Como destacó Herrero y subraya el decreto, la justificación cristalizada en el Boletín Oficial del Estado es que el examen se repite “para tener en cuenta los grandes shocks en los datos definitivos macroeconómicos de los últimos años (dada la revisión al alza del PIB en 2022 y 2023) y disponer de suficientes datos para evaluar las reformas económicas". Fuentes conocedoras de la negociación de este decreto sostienen que la razón principal fue, sin embargo, la presión de Bruselas.

“El argumento es que podamos incluir el crecimiento del PIB. Para eso, perdónenme, no hace falta la Airef, lo puede hacer el propio Gobierno o la Comisión [Europea]. No creo que mejore porque incluyamos un año adicional”, añadió Herrero, antes de señalar: “Nos parece difícil acomodar este encargo en el ámbito de un supervisor fiscal que ejerce sus funciones de evaluación y supervisión sobre todas las Administraciones públicas”. En este encargo del Ejecutivo aprecia una “utilización privativa” de los recursos de la Airef y sugiere que este modo de actuación amenaza con convertir al organismo en “una agencia del Estado”.

Vía equivocada, según la Airef

Pero, más allá de este rechazo por la idoneidad del análisis, Herrero también discute la fórmula por la que ha optado el Gobierno. El decreto reclama, exactamente, un “informe de evaluación de las medidas para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones”. Según la ley orgánica que regula el funcionamiento de la Airef, este organismo puede emitir tres tipos de documentos: informes, opiniones y estudios. “No puede ser un informe”, dijo Herrero, “porque nuestra ley orgánica dice que los informes no son más que los que la ley establece”. Dijo que la Abogacía del Estado, a la que consultaron al respecto, sostiene esta interpretación. El organismo rechaza aportar a EL PAÍS la respuesta de la Abogacía. “No siendo vinculante”, insistió Herrero sobre la opinión de la Abogacía del Estado, “nos recuerda que los informes tienen que ser los que dice la ley orgánica, ni uno más ni uno menos”.

En ese escenario, la Airef interpreta que el encargo está mal planteado y que debería tratarse de un estudio, que el organismo realizaría en el plazo que permitan sus recursos disponibles (dada las otras muchas peticiones y obligaciones respecto a otras administraciones, también autonómicas y locales) y con la metodología que elija el organismo. Por ello, la institución que lidera Cristina Herrero —cuyo mandato finaliza en marzo de 2026— no garantiza que ese nuevo examen vaya a estar listo en el plazo requerido (junio de 2026), subraya que su elaboración no ha arrancado y lo da por paralizado. En definitiva, considera que hasta que no se reconduzca a una petición de estudio, en vez de informe, el encargo tiene un problema de base.

Consultado por este periódico al respecto, el Ministerio de Seguridad Social defiende la “independencia” de la Airef y cree que el ya mencionado informe de la Abogacía del Estado ratifica que está “garantizada”. “La Abogacía de Estado también concluye que este nuevo informe, que el Gobierno solicitó a la Airef y que está previsto en la cláusula de cierre —el aumento automático de los ingresos si se dispara el gasto en pensiones consolidado en la última reforma—, debe considerarse dentro de los estudios de la Ley de la Airef. Es decir, señala que no es potestativo”, agrega el ministerio que dirige Elma Saiz.

Aprobado raspado

El Gobierno aprobó por los pelos el anterior examen del sistema de pensiones, por una sola décima de PIB. La Airef estimó en marzo un gasto neto del 13,2% del PIB en el promedio entre 2022 y 2050, justo una décima por debajo del umbral a partir del cual habría que aplicar un ajuste. Este aprobado raspado se logró tras un polémico cambio metodológico impuesto por el Gobierno en ese examen, por el que incluía las transferencias del Estado a la Seguridad Social (fondos que no proceden de las cotizaciones) pese a que originalmente no se contemplaban. La Airef solo contó las transferencias que consideraba legítimas (unas tres décimas de los 1,3 puntos de PIB que suponen), pero el cambio fue muy criticado por este organismo supervisor, enfado que se acrecentó tras conocerse el nuevo encargo.

Más allá de la disputa por este segundo examen, Herrero insistió en el mensaje que viene transmitiendo en cada comparecencia sobre el sistema de pensiones: que aunque se cumplen las reglas de gasto establecidas por el Gobierno, la presión va al alza (dada la jubilación de la pobladísima generación del baby boom, el aumento de la cuantía de las prestaciones, la revalorización de las pensiones conforme al IPC o la escasa natalidad, entre otros factores) y escalará en torno a 3,4 puntos de PIB hasta 2050 (hasta el 16,1%), lo que exigirá aumentar las transferencias en 2,4 puntos de PIB.

Además, Herrero criticó las “debilidades metodológicas” y la “inconsistencia temporal” que observa en las reglas de evaluación actuales. Y a la vez, insistió en un mensaje que ya ha lanzado en otras ocasiones: “Cuando me preguntan si el sistema de pensiones es sostenible, mi respuesta es que lo es tanto como el gasto en defensa, en sanidad o educación. De hecho, nuestro punto es que no es necesaria una regla de gasto en pensiones”. La reflexión de fondo es que considera más adecuada una visión de conjunto y que corresponde al poder político elegir cuánto dedica a cada partida.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad Social reivindica algunos de los aspectos positivos que apreció en las reflexiones de Herrero. Entre ellos, destaca que “la Airef reconoce el impacto de medidas como los incentivos a la jubilación demorada que ha pasado de alrededor de un 5% en el 2021 a más de un 11% en el 2025 ” o el impacto de la entrada de migrantes: “En 2025 la Airef estimó una entrada de 400.000 personas, y ahora reconoce que esa estimación es insuficiente y puede acercarse a las 600.000 personas, similar al año anterior”.

En la Comisión, varios diputados de derechas insistieron en que el aumento de la cuantía dedicada a pensiones detrae recursos de otras partidas relevantes, mientras que los de izquierdas consideraron que la buena marcha de los datos macroeconómicos garantizan la sostenibilidad del sistema.