La formación en riesgos laborales para empleadas de hogar aún no está disponible a pocas horas de que sea obligatoria la evaluación

Los nuevos requisitos para el empleo doméstico en lo relativo a los riesgos laborales llegan con algunos retrasos y deficiencias. El Real Decreto 893/2024, que regula el nuevo derecho de las trabajadoras de hogar a que sus empleadores evalúen sus riesgos laborales, establece varios plazos que el Ministerio de Trabajo ha incumplido. En marzo, hace ya ocho meses, terminaba el límite que el departamento de Yolanda Díaz se había dado para desarrollar una plataforma formativa en prevención de riesgos para las empleadas de hogar. También incumple el plazo que se había dado para la elaboración de un protocolo de actuación contra las situaciones de acoso y violencia que sufran estas profesionales y para completar una guía técnica para la prevención de riesgos. Ambos documentos debían estar disponibles en septiembre y no hay rastro de ellos. Los sindicatos critican estos retrasos.

Estos retrasos se dan pese a que desde este viernes será exigible a los hogares que hayan evaluado los riesgos laborales de sus domicilios, con la posibilidad de sanciones a los incumplidores. La web gratuita que permite realizar esa evaluación de riesgos de las empleadas de hogar, disponible desde hace seis meses, no funcionó en toda la tarde de ayer, ni durante la noche del miércoles al jueves, ni operaba a primera hora de esta mañana. En torno a las 10.00 horas de este jueves volvió a estar disponible, pero sigue sufriendo errores puntuales.

El artículo quinto del decreto subraya que “las personas trabajadoras tendrán derecho a recibir una formación en materia preventiva en el momento de su contratación”. “Dicha formación será única, aunque presten servicios por cuenta de varias personas empleadoras y deberá estar centrada en los riesgos asociados a la realización de las tareas del hogar”, añade el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado, que también especifica que esa formación “deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, fuera de ella y compensándolo con tiempo de descanso equivalente al empleado”. A la vez, subraya que esa formación se desarrollará a través de “la plataforma formativa prevista en la disposición adicional quinta”.

Esa disposición adicional establece que esa formación “se desarrollará a través de una plataforma formativa cuya gestión corresponderá a la Fundación Estatal para la formación en el Empleo (Fundae)“. También especifica que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) debía elaborar la resolución que regulase esta herramienta, y que la misma se debía dictar en seis meses desde la entrada en vigor del decreto. Es decir, como tarde en marzo, hace ya ocho meses. ”Estas actividades de formación deberán contemplar un proceso de autoevaluación y serán certificables”, agrega el texto de Trabajo.

El ministerio reconoce el retraso, señala que la resolución del SEPE está lista y que el servicio estará operativo a principios del año.

Las disposiciones adicionales del decreto agregaban otros compromisos que el ministerio tampoco ha cumplido. “En el plazo máximo de un año [en septiembre, hace dos meses] desde la publicación de esta norma, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) elaborará un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso en el servicio del hogar familiar”, indica el texto. No hay rastro de tal protocolo, que se debía publicar en las páginas web del Ministerio de Trabajo y del de Igualdad. “Estará a disposición de personas empleadoras y trabajadoras en las sedes de las Inspecciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social”, añade el texto.

El ministerio se daba el mismo plazo, hasta septiembre, para que el INSST elaborase “una guía técnica para la prevención de los riesgos laborales en el servicio del hogar familiar”. El documento, como el protocolo contra las situaciones de violencia y acoso, ya debería estar disponible en las sedes provinciales de Inspección. El ministerio confirma que ni el protocolo ni la guía técnica están aún disponibles, pero destaca que su publicación es inminente y subraya la complejidad técnica y de consenso de los mismos.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad tiene el compromiso de “promover” la realización gratuita de reconocimientos médicos de estas profesionales e incluir esta posibilidad en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Esta promesa no está calendarizada y tampoco está cumplida. Desde el ministerio que dirige Mónica García sostienen que se está trabajando en ello en la Ponencia de Salud laboral.

El secretario confederal de salud laboral de CC OO, Mariano Sanz, celebra la exigencia de la evaluación de riesgos para las empleadas de hogar, pero es crítico con los plazos incumplidos por el ministerio. “Creemos que hay que ser más serio y cumplir mejor los plazos. Sé que los profesionales del INSST están trabajando en el protocolo y la guía, pero cuando nos comprometemos a algo hay que cumplir o nos encontramos ante expectativas frustradas”, opina este sindicalista. Recuerda que aún está abierta la negociación de la ley de prevención de riesgos laborales, un proceso de negociación que empezó hace 21 meses. “Sigue empantanada. Pido más seriedad institucional”, agrega Sanz.

Patricia Ruiz, secretaria de Salud Laboral de UGT, también valora de forma positiva la iniciativa de Trabajo, pero coincide con Sanz al criticar los retrasos. “Quedan pasos importantes que dar para informar mejor a la gente”, subraya. Dados estos retrasos y los fallos de la herramienta prevencion10.es, Ruiz pide a Inspección que no tenga un enfoque “punitivo”. Es decir, que contextualice los posibles incumplimientos de los primeros días antes de embarcarse en posibles sanciones.

Plataforma para evaluar riesgos

Por otro lado, este viernes 14 de noviembre se cumplen seis meses desde que Trabajo lanzó la web prevencion10.es. Esta herramienta es el “instrumento de prevención, gratuito y de acceso libre” que, según explicó el ministerio en su lanzamiento, “permite a las personas empleadoras cumplir con sus nuevas obligaciones legales”. Es decir, en esta web las personas que contratan a empleadas de hogar pueden completar la autoevaluación de los riesgos laborales en sus domicilios. Al cumplirse un semestre completo desde el lanzamiento de la web, lo contemplado en materia de prevención será exigible para los empleadores de trabajadoras de hogar.

La no realización de la autoevaluación o no informar a las empleadas de hogar de las medidas preventivas adoptadas puede llegar a ser catalogado como una infracción grave. El castigo más alto que recoge la legislación con esta consideración es de 49.180 euros en su grado máximo. El departamento de Yolanda Díaz subraya que ese tipo de sanciones solo se darán si hay agravantes. Sin ellos, lo más común, el incumplimiento se consideraría leve y la sanción sería de un máximo de 2.450 euros.