Las comunidades que pidan la quita necesitarán permiso del Estado para endeudarse durante un año

El Ministerio de Hacienda ha introducido una condición clave en el marco de la condonación parcial de deuda autonómica aprobada recientemente por el Consejo de Ministros en primera lectura. Las comunidades de régimen común que así lo quieran podrán acogerse a la quita, pero a cambio tendrán que obtener autorización previa del Estado si quieren formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo durante el año siguiente.

La medida está recogida en el anteproyecto de ley validado el martes por el Gobierno, que ha sido colgado en el portal de audiencia pública de Hacienda para que los interesados presenten observaciones hasta el 25 de septiembre. Una vez que culmine ese proceso y otros pasos preceptivos, el documento volverá al Consejo de Ministros. Este le dará la luz verde para que ingrese como proyecto de ley al Congreso de los Diputados, donde se prevé un arduo trámite parlamentario.

La condonación de más de 83.000 millones de euros de pasivo autonómico ―o trasvase entre administraciones, ya que la deuda no desaparece, sino que es absorbida por el Estado― está siendo muy criticada tanto por la oposición como por parte del mundo académico. Unos la consideran un parche y una trampa diseñada a placer de Cataluña, dado que fue ERC quien logró arrancar el compromiso al PSOE durante las negociaciones de 2023 para investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez. Otros, dado que la medida beneficia también al resto de comunidades de régimen común ―y en algunos casos más que a la Generalitat― centran su reprobación en el riesgo de que la condonación dé pie a comportamientos fiscales irresponsables por parte de los territorios.

El Gobierno, con el matiz introducido en el anteproyecto de ley, plantea la quita como una ayuda a los territorios, permitiéndoles aliviar la situación financiera y fiscal, pero a la vez la convierte en una concesión sujeta a control, aunque solo sea durante un año. El Ejecutivo central, además de permitir ese trasvase de pasivo, se convierte en un contrapeso que supervisa el cumplimiento de los objetivos de estabilidad y deuda.

El anteproyecto detalla cómo se aplicará la medida, que es voluntaria y depende completamente de la decisión de los gobiernos autónomos. Hacienda ha elaborado una metodología en tres fases que parte del “sobreendeudamiento” acumulado entre 2009 y 2013, cuando las comunidades tuvieron que recurrir a los mecanismos estatales de liquidez y dispararon sus números rojos. La diferencia entre aquella crisis y la respuesta expansiva que se dio entre 2019 y 2023 sirve como base para calcular el volumen global de ese endeudamiento extra. En la crisis financiera hubo un endeudamiento conjunto de 109.000 millones, y en la de la pandemia, que empalmó después con la energética, el pasivo fue de 29.000 millones. Esos 80.000 millones de diferencia son el punto de partida y, a partir de ahí, se hacen unos ajustes técnicos para ver cuál es el importe que le toca a cada territorio.

En cifras absolutas, la mayor quita sería para Andalucía (18.791 millones de euros), seguida de Cataluña (17.104 millones), la Comunidad Valenciana (11.210 millones) y Madrid (8.644 millones). A la cola estarían La Rioja, Cantabria y Asturias, con entre 450 y 1.500 millones. Por habitante ajustado, la ganadora sería la Comunidad Valenciana, y por porcentaje de deuda total, Canarias.

Según detalla el documento, si la región mantiene préstamos vivos con el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, el Estado cancelará esos saldos, empezando siempre por los más antiguos. En caso de que el importe a condonar al que tiene derecho la autonomía en cuestión supere esa cifra, entrará en juego la deuda que el territorio mantenga con el mercado y los acreedores privados.

En esa segunda vía, el Estado se subrogará en la posición deudora de la comunidad, aunque “sin que los bancos puedan repercutir comisiones ni exigir el vencimiento anticipado de los préstamos”, resalta el documento. La decisión sobre qué operaciones concretas absorber “corresponderá a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que tendrá la última palabra en la selección de contratos”, añade Hacienda.

Para curarse en salud, el Gobierno ha querido blindar el carácter excepcional de la quita. “Las medidas incluidas en esta ley orgánica son excepcionales y no recurrentes”, esgrime. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recalcado en varias ocasiones que el objetivo de la condonación es mejorar la sostenibilidad financiera de las comunidades y facilitar su retorno paulatino a los mercados, reduciendo la dependencia de los mecanismos extraordinarios de liquidez creados tras la crisis de 2008. Esta cerró el grifo a los territorios y les obligó a endeudarse para poder seguir prestando los servicios públicos básicos. Hacienda también ha asegurado que la medida no pretende sustituir a la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica ―caducado desde 2014―, y promete que trabajará en el rediseño del modelo.