Cómo lidian las empresas en España con la ola antidiversidad de Trump

En el mes que lleva como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha sido como un huracán que ha arrasado a su paso con políticas de inmigración, arancelarias y de diversidad. Por solo nombrar algunas. Y como todo lo que se decide en la Casa Blanca acaba afectado al mundo entero, las empresas españolas, y las estadounidenses con negocios aquí, se encuentran ahora en una situación podría decirse que delicada en lo que respecta a sus programas de igualdad y diversidad en la plantilla.

Trump aprobó un decreto para poner fin a las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI por sus siglas en inglés) en su primer día en el cargo. El presidente ordenó la “terminación de todos los programas discriminatorios, incluidos los mandatos, políticas, programas, preferencias y actividades ilegales de DEI y de diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad (DEIA) en el Gobierno federal, bajo cualquier nombre que aparezcan”. La norma amenazaba con imponer sanciones financieras y rescindir adjudicaciones a los contratistas que se considere que tienen programas “ilegales”, creando cierta inseguridad jurídica para esas compañías. El juez federal Adam Abelson, de Baltimore (Maryland) suspendió temporalmente el pasado viernes partes clave de los decretos dictados por Trump. El magistrado prohíbe suspender, congelar, impedir, bloquear, cancelar o rescindir cualquier adjudicación, contrato u obligación de la Administración en cumplimiento de esos decretos.

Mientras, en España hay varias normativas que obligan a las empresas en materia de igualdad, diversidad e inclusión. “[El país] va muy por delante de otros países europeos a nivel normativo. Ha regulado con mucha intensidad estas obligaciones”, asegura Rocío Guerrero, mánager en el área de derecho laboral de Ceca Magán, un despacho con especialización en planes de igualdad y diversidad. Recuerda la letrada que las compañías con más de 50 empleados están obligadas a tener un plan de igualdad, así como un protocolo para garantizar la no discriminación del colectivo LGTBI o por otros motivos. No obstante según denunciaron recientemente desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y Comisiones Obreras en este periódico, las empresas están arrastrando los pies en la apertura de las negociaciones para estas medidas obligatorias. Aquellas firmas que no cuenten con estas normas o que decidan renunciar a ellas, explica Guerrero, se exponen a una serie de consecuencias que van desde sanciones administrativas hasta la prohibición de contratación pública, pasando por la pérdida de bonificaciones de la Seguridad Social.

Para Nuria Chinchilla, titular de la cátedra Mujer y Liderazgo en el IESE, ahora se verá qué empresas tenían políticas de diversidad por obligación y cuáles las habían incorporado realmente a su cultura corporativa. “Desgraciadamente, si solo lo hacían por cumplir una ley, lo que pasa es que algunos puedan tirarse para atrás”, relata, aunque “hay veces que se empieza haciendo por reputación e imagen y se acaban dando cuenta de lo beneficiosa que es la diversidad en las empresas”.

La paradoja a la que se enfrentan ahora muchas compañías, considera Pablo García, de la alianza CEOPorLaDiversidad (Adecco y CEOE), es que la corriente de diversidad llegó a Europa motivada por el cumplimiento legal “y con una influencia bastante grande del mundo anglosajón”. Fueron “sobre todo multinacionales” las que “a través de su cadena de valor iban empujando a otras compañías, que reproducían lo que iban observando”. Eso provocó “mucho copia y pega” y ahora que el péndulo ha oscilado “están esperando a ver lo que sucede”.

En Estados Unidos el dilema ya está sobre la mesa. Algunas compañías, como el gigante de los hipermercados Costco o la tecnológica Apple, se han reafirmado en sus políticas, mientras otras han preferido renunciar a ellas desde la victoria de Trump. El líder de la distribución Walmart, la cadena de comida rápida McDonald’s, Ford o Harley-Davidson son algunas de las firmas que han retirado total o parcialmente esas políticas. Las tecnológicas Meta, Amazon y Alphabet (matriz de Google) también han dado pasos atrás en la materia y muchas otras estudian hacerlo. Por su parte, consultoras como Accenture, KMPG y Deloitte, o empresas de consumo como Coca-Cola y Pepsico, contratistas del Gobierno estadounidense, anunciaron que se están preparando para cumplir con la orden.

La directiva ya ha saltado el charco y ha llevado a la Embajada de Estados Unidos en España a pedir a sus proveedores que certifiquen que no aplican ningún programa DEI. El Gobierno español no tardó en reaccionar tras conocerse el documento enviado por la oficina diplomática estadounidense. El Ministerio de Trabajo y Economía Social aseguró que no iba a permitir que ninguna empresa esquive el marco normativo. Un portavoz del Ministerio de Igualdad reitera, a través de un correo electrónico, que “no se va a permitir un retroceso en los derechos de las mujeres y en los derechos del colectivo LGTBI; ni socialmente ni en las empresas españolas. Al contrario, el objetivo es seguir avanzando”.

Uno de esos proveedores de la embajada estadounidense es el Canal de Isabel II. La compañía pública recuerda que es la única que abastece agua en la capital. En su normativa interna existen planes y políticas de igualdad, afirma un portavoz, y no existe en estos momentos un planteamiento para cambiarlas.

Más dispar es la reacción de las multinacionales con negocios en ambos lados del Atlántico: desde las que no renuncian a sus programas de diversidad hasta las que han decidido hacer cambios en ellos, siguiendo el ejemplo de sus divisiones en EE UU. Un ejemplo de este último caso es Accenture. Ante la pregunta de su posición respecto a las políticas de diversidad en España, una portavoz de la consultora envía un memorando interno que modifica programas específicos de desarrollo profesional para ciertos colectivos y los hace extensivos a todos los empleados. Y remite a unas declaraciones de Mercedes Oblanca, presidenta de Accenture en España y Portugal, quien aseguró en una red social que la firma seguirá cumpliendo “la normativa local vigente, incluyendo el plan de igualdad”, y celebrando “fechas significativas como el Día Internacional de la Mujer o el Pride [orgullo LGTBI]”.

En la sede española de Google afirman que la tecnológica se está tomando el tiempo necesario para revisar sus programas de diversidad, y excusa no poder dar detalles más concretos sobre si habrá o no cambios. Coca Cola y Pepsi también han sido contactadas pero no han concretado sus planes.

En el lado contrario se sitúan Deloitte y KPMG. Un portavoz de la primera asegura que la división en España “sigue apostando por las políticas DEI” sin ningún cambio. En la segunda se señala que, al ser una “organización global de firmas independientes”, se mantienen los objetivos en la materia, “que han estado en la cultura de la firma durante décadas” y forman parte de sus “valores”.

A pesar de los cambios en Estados Unidos, Pablo García se muestra confiado en que el movimiento por la igualdad y la diversidad en España “es imparable” tanto por “la regulación” como por “los valores” de la sociedad, y recuerda los avances conseguidos en las últimas décadas. Además, hace hincapié en que “cada vez más” se pide a las empresas, por parte de sus clientes y empleados, “que tengan un impacto positivo en el entorno que las rodea”.

La opinión es similar en Closingap, una asociación de 14 empresas que impulsa medidas y acciones en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. “Las compañías en España están cada vez más alineadas con los principios DEI, no solo por cumplimiento normativo, sino porque existe un claro reconocimiento del valor que aporta la igualdad a la competitividad y sostenibilidad del negocio”. En este sentido, Chinchilla apunta a que si dan un paso atrás las compañías “lo que van a hacer es perder talento y notarán un bajón en su creatividad e innovación, cosa que no se pueden permitir”.

Las políticas de diversidad, igualdad e inclusión nacieron al calor de la discriminación positiva para favorecer a minorías infrarrepresentadas. Su aplicación en EE UU se disparó con los movimientos #MeToo y Black Lives Matter, más aún tras el asesinato por la policía de George Floyd, que fue un aldabonazo para la búsqueda de justicia racial. Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Supremo que prohibía la discriminación positiva por raza en el acceso a las universidades, grupos conservadores empezaron a presentar demandas contra empresas con políticas de este tipo. A eso se unió el año pasado la presión desde las redes sociales de algunos activistas, entre los que el más destacado es Robby Starbuck, y la del Partido Republicano, con Donald Trump a la cabeza. Muchas grandes empresas comenzaron a reexaminar sus programas de diversidad después de que la sentencia del Supremo de 2023, pero el movimiento se ha acelerado en los últimos meses ante el regreso de Trump al poder. Y ha trascendido las fronteras estadounidenses.