Transparencia sostenible

Muface se creó por ley el año 1975 para dar seguridad social a los funcionarios del Estado. Hasta ese momento, había una ley de seguridad social que daba asistencia sanitaria a los trabajadores de las empresas privadas, pero para los funcionarios públicos existía el mutualismo administrativo, bastante anticuado. Muface fue un acierto para homogeneizar la situación de los funcionarios. Unos años más tarde se aprobó la Ley Lluch, que el año próximo cumplirá 40 años, por la que la sanidad se universalizaba, es decir, todos los españoles dejábamos de recibir la sanidad por la Seguridad Social y la recibíamos por el Sistema Nacional de Salud. ¿Qué pasó entonces con los funcionarios? Pues que quedaron en el mejor de los mundos posibles: tenían derecho a la sanidad pública como todo español, pero además el Estado les pagaba, si querían, la sanidad privada.

Muface para los funcionarios del Estado, Isfas para los militares y Mugeju para los jueces, se convirtió a partir del año 1986 en un privilegio. Mientras el resto de los españoles, cuando queremos sanidad privada debemos pagarla de nuestro bolsillo, los funcionarios pueden elegir sanidad privada y la paga el Estado, es decir la pagamos entre todos.

Muface no tiene médicos ni hospitales, sino que contrata con aseguradoras privadas que den asistencia a los funcionarios. Las aseguradoras privadas tienen la obligación de cuadrar sus cuentas y no pueden excederse en los gastos por encima de los ingresos. Por lo que dicen las aseguradoras que contratan con Muface, los gastos son superiores a los ingresos y, por lo tanto, no pueden aceptar estos contratos. Esto viene a cuento de lo que sucedió en el año 2010, cuando el Gobierno recortó los gastos para la sanidad pública en un 10%, mientras que los ingresos de Muface no se recortaron, porque era un contrato entre el Estado y una empresa privada. Actualmente, los gastos de la sanidad pública se han disparado, pero la sanidad pública no tiene la lógica de que sus gastos tienen que ser menores que los ingresos, sino que puede tirar del déficit público que se financia con deuda pública.

A día de hoy, son un total de dos millones las personas beneficiarias en España de Muface, Isfas y Mugeju, un volumen parecido a la población del País Vasco. Su gestión no está transferida a las comunidades autónomas, sino que sigue siendo gestionada por el Estado. Esta población no tiene tarjeta sanitaria, ni historia clínica electrónica, ni utiliza la receta electrónica, elementos comunes del Sistema Nacional de Salud. La cartera de servicios es similar a la de la población cubierta por la sanidad pública, pero con diferencias en los copagos, aunque estas diferencias paradójicamente no han sido nunca consideradas como desigualdades.

Del 80% de funcionarios públicos que escogen la sanidad privada -estos dos millones de personas- pagada con dinero público, no tenemos ninguna información: no sabemos su estado de salud, porqué motivos de salud usan los servicios, con qué frecuencia, qué intervenciones quirúrgicas tienen y, lo más importante de todo, qué resultados en salud obtienen. En cambio, esta información es transparente en el caso de la sanidad pública.

Los que tienen peor salud o requieren tratamientos de enfermedades más graves eligen la atención en la sanidad pública

En estos momentos, sólo un 20% de los funcionarios públicos escogen la sanidad pública. Esto podría ser indicativo de algo: un significativo grupo de trabajadores calificados con un acceso muy especial a la información de cómo funciona el sistema público escoge la sanidad privada, muy posiblemente porque no valoran el rol del médico de familia y porque prefieren evitar listas de espera de los especialistas. Sin embargo, hay un matiz importante, este porcentaje ha crecido del 14% al 20% en los últimos años. Esto se debe a un factor a tener muy en cuenta como es el del envejecimiento del cuerpo funcionarial. A ello habría que añadirle la selección del riesgo, es decir, los que tienen peor salud o requieren tratamientos de enfermedades más graves eligen la atención en la sanidad pública, mientras que los más sanos escogen la sanidad privada. Esta tendencia genera un desequilibrio financiero, puesto que la sanidad pública (las comunidades autónomas) asume los casos más costosos, mientras que las aseguradoras privadas se benefician de pacientes con necesidades menos exigentes. Esto nos hace intuir que es falso el argumento de que, si todos los Muface se pasaran a la sanidad pública, el sistema sería insostenible.