Parar a la banca con el derecho de la UE

Después de 12 años de brega, los abogados José María Erauskin y Maite Ortiz cantan victoria. Su tesón y conocimientos jurídicos han propiciado una sentencia europea que puede beneficiar a un millón de familias hipotecadas que han pagado un sobreprecio de hasta 40.000 euros, con una media de 24.987 euros, según Asufin. Es el viejo litigio de las hipotecas indexadas con el IRPH, caracterizadas por ser siempre más caras que las referenciadas al habitual euríbor. Unas hipotecas que han reportado un beneficio adicional a la banca a costa de las clases medias y los más vulnerables. Goldman Sachs estimó en 44.000 millones de euros lo que deberían devolver los bancos si los tribunales ordenaban devolver lo cobrado de más.

El caso tiene una enorme trascendencia, tanto por el número de afectados como por el posible impacto en las cuentas bancarias. El asunto ofrece numerosas enseñanzas. Destaca el papel que desempeña el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), los valiosos informes de la Comisión Europea a favor de los consumidores y el compromiso de determinados jueces y abogados.

En la Unión cuando un ciudadano tiene dudas sobre si la ley nacional o la doctrina del Tribunal Supremo de su país es conforme a las leyes europeas puede pedir a un juez que pregunte sobre el caso al TJUE. Es la manera de armonizar las distintas legislaciones. En el caso del IRPH, los jueces González de Audicana, Carmen Robles, Margarita Isabel Poveda y Eva Cerón han preguntado en varias ocasiones al TJUE sobre el tema. El TJUE ha dictado seis autos o sentencias desde 2020, la última el pasado día 12. En cada una de estas resoluciones los jueces europeos han ido afinando más los criterios sobre la transparencia y el posible carácter abusivo del IRPH. La interpretación del Tribunal Supremo, no obstante, ha ido siempre arrastrando los pies en el reconocimiento del derecho de los consumidores y sus sentencias han favorecido a la banca.

Las preguntas al TJUE se inspiraron en un voto particular a una sentencia del Tribunal Supremo de 2017, sobre el IRPH del entonces magistrado Javier Orduña, que fue respaldado por su compañero Javier Arroyo. Consideraron que los bancos no habían comercializado estas hipotecas de manera transparente por no haber ofrecido toda la información a sus clientes. En 2020 el magistrado Arroyo volvió a discrepar.

Orduña estima que “la última sentencia cierra el círculo y aboca a que en un 99% de los casos se declare la abusividad de la comercialización del IRPH”. Precisa que “todo se debe al empecinamiento rebelde de las entidades financieras que no aceptan la jurisprudencia europea y a la posición timorata del Tribunal Supremo”.

Para Erauskin y Ortiz, la sentencia demuestra que “la doctrina del Tribunal Supremo hace aguas por todas partes en relación a los criterios de transparencia, buena fe y abusividad”. El abogado Adrián Rebollo, cuya labor fue decisiva para lograr la sentencia de julio de 2023, calcula que hay unas 100.000 demandas pendientes en los juzgados. El Tribunal Supremo que había paralizado estos asuntos tendrá que pronunciarse. Un millón de afectados está expectantes.