El PP y Junts se alían para intentar tumbar el impuesto sobre la producción eléctrica

El PP y Junts han asestado un principio de golpe al Gobierno tras alcanzar un pacto para acabar con el impuesto sobre la producción eléctrica en España, un gravamen que supone entre 1.000 y 1.500 millones de euros al año en recaudación. Lo han hecho después de que el líder del partido soberanista catalán, Carles Puigdemont, instara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una moción de confianza y condicionara el respaldo a los Presupuestos al cumplimiento de los acuerdos alcanzados. También, en plenas negociaciones con el Ministerio de Hacienda para dar forma a la prórroga del impuesto energético, cuya aprobación quedó fuera de la reforma fiscal alcanzada en el Congreso hace dos semanas, y que sí obtuvo el beneplácito de Junts.

El partido que lidera la oposición y la formación catalana, que en varias ocasiones ha servido de sostén al Ejecutivo, acordaron incorporar una enmienda transaccional de última hora al informe de la ponencia del proyecto de ley sobre comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. En ella se recoge la suspensión, a partir del año 2025, del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), una figura que nació en 2013, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

El cambio, que todavía tiene que recibir luz verde en las Cortes, reduciría el tipo impositivo desde el 7% actual hasta el tipo cero, siempre que no haya déficit tarifario. Ese es un punto clave: tras muchos años de descompensación entre ingresos y gastos, el sistema eléctrico español ha purgado los excesos en los últimos tiempos, sumando superávits y reduciendo la deuda acumulada. El destino prioritario del IVPEE ha sido, de hecho, la reducción de una histórica y pesada losa que, sin embargo, pronto será historia: la deuda acumulada por el sistema eléctrico español apunta a cero en el tramo final de la década.

La medida, según cálculos del PP, podría traducirse en un ahorro de 400 millones para las familias, 500 millones para las pymes y 200 millones para la gran industria. Es decir, un agujero de unos 1.100 millones de euros que el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, eleva hasta los 1.500 millones. Por ello, López ha asegurado que su grupo intentará “revertir” la propuesta, sin dar más detalles de posibles maniobras. “El trámite parlamentario sigue y nosotros intentaremos revertir esto”, ha zanjado. Por ahora, el PSOE ha desconvocado sine die la comisión que debía abordar la anulación del impuesto, inicialmente prevista para el jueves. Y buscan el apoyo de sus socios habituales para revertir la situación, algo que se antoja muy difícil dados los apoyos que logró el cambio propuesto por el PP y Junts.

La enmienda fue respaldada, además de por Vox, por ERC y PNV, dos pilares del Gobierno. Fue aprobada pese a los intentos del PSOE y Sumar de suspender la reunión de la ponencia para evitar otra derrota parlamentaria, según explican fuentes del Grupo Parlamentario Popular. Esta iniciativa, promovida por el PP desde 2018, permitirá aliviar las facturas de la luz de familias y empresas y corrige, según la formación, la “errática política energética del Gobierno de Rodríguez Zapatero”.

El portavoz parlamentario de los populares, Miguel Tellado, ha sacado pecho del movimiento político de su grupo junto a Junts, aunque no ha querido ampliar sus efectos más allá de una votación concreta. “Es un éxito parlamentario que deja en evidencia que la mayoría de progreso no es tal”, ha subrayado Tellado. “Sánchez no es de fiar, por supuesto que no. Si Junts se ha dado cuenta ahora, bienvenido a este lado del muro”, ha incidido el portavoz, que sin embargo no ha contestado a si esto significa un acercamiento de los populares al partido independentista.

Fuentes de la dirección popular también evitan aclarar si respaldarán la proposición no de ley de Junts que reclama a Pedro Sánchez que se someta a una moción de confianza, aunque enfatizan que esa “no es su hoja de ruta”, sino la de pedir al presidente socialista que convoque elecciones. En privado, los populares circunscriben el acuerdo con los independentistas a una medida concreta de política fiscal en la tramitación parlamentaria, sin alimentar otros escenarios de acercamientos con Junts. El PP pretende hurgar en la inestabilidad de la mayoría de la investidura de Pedro Sánchez, y no es la primera vez que fuerza un acuerdo en contra de la voluntad del Gobierno con Junts y el PNV, pero los populares son conscientes también de que afrontan contradicciones internas si se alían con los independentistas, después de haber versado gran parte de su estrategia en la primera parte de la legislatura en una campaña contra la amnistía para los secesionistas. La formación independentista también descarta otros escenarios de colaboración con el PP. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha rechazado este mismo martes que su partido pudiera plantearse respaldar una moción de censura del PP contra Pedro Sánchez. “Es una fantasía”, ha zanjado Turull.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha evitado aclarar si el Gobierno vetaría la enmienda y destacado que esta ha salido adelante en una fase “absolutamente inicial en la tramitación de un proyecto de ley y que, por tanto, “queda todavía mucha tramitación y muchos debates por delante”. La portavoz ha desvinculado lo sucedido con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que el Ejecutivo asegura que sigue en marcha “Este Gobierno es perfectamente consciente de la situación de minoría parlamentaria en la que está. Lo que verdaderamente importa es el diálogo y hemos sido capaces de llegar a importantes acuerdos. Nuestra prioridad son los Presupuestos, seguimos trabajando y dialogando con las fuerzas parlamentarias”, ha incidido Alegría, informa María Martín.

Los grupos también han aprobado otra enmienda clave que asegura la continuidad de la industria de cogeneración, de nuevo con los votos en contra de los dos socios de Gobierno. Ambas propuestas están alineadas con el plan energético presentado por Alberto Núñez Feijóo en 2022, que busca proteger a familias y empresas ante los retos actuales, según recuerdan las mismas fuentes.

En suspenso durante la crisis energética

El impuesto de generación energética, como sucedió con otros gravámenes, fue temporalmente congelado por el Gobierno en respuesta a la crisis energética y de precios agravada tras la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, a medida que la inflación fue corrigiéndose, el Ejecutivo impulsó su normalización paulatina, con una recuperación progresiva de los tipos habituales. Aunque recae sobre las eléctricas, este impuesto acaba trasladándose casi íntegramente al consumidor final, de ahí que en los años de precios de la luz por las nubes el Ejecutivo optase por dejarlo en suspenso, una medida encaminada a aflojar la soga sobre empresas y hogares.

Aquella práctica desaparición —aunque coyuntural— del gravamen reabrió el debate académico y sectorial sobre el diseño del sistema fiscal en materia energética, con no pocos especialistas recomendando reducir o abolir el IVPEE para abaratar la factura y acelerar así la electrificación. Un incentivo adicional, en fin, para quienes apuestan por el coche eléctrico o la aerotermia en detrimento de los motores de combustión o las calderas de gas.

Desde el PP advierten que esta “nueva derrota del Gobierno”, que muestra la falta de una mayoría sólida para legislar, podría provocar nuevas maniobras del PSOE y Sumar para bloquear la Comisión e impedir que el informe final de la ponencia prospere. Sin embargo, confían en que estas medidas, “que cuentan con un amplio apoyo parlamentario”, sigan adelante. “El GPP espera que, ante esta nueva derrota que evidencia la debilidad extrema del Gobierno en el Congreso y la ausencia de una mayoría sólida para legislar, el PSOE y Sumar no intenten maniobrar, como han hecho en otras ocasiones, para bloquear la convocatoria de la Comisión e impedir que el informe que incorpora dichas enmiendas vea la luz”, explican fuentes de la formación conservadora.