La deuda del sistema eléctrico español acelera su caída y apunta a cero en 2028

El sistema eléctrico español purgará toda su deuda en menos de un lustro: en 2028. Esa es, al menos, la previsión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el todavía regulador del sector hasta que el Gobierno recupere de nuevo la Comisión Nacional de la Energía (CNE). En 2023, el pasivo acumulado aceleró su caída interanual hasta el 21,5% (frente al 17,8% de 2022) y bajó de los 10.000 millones de euros por primera vez en 15 años, de acuerdo con los datos publicados este jueves.

La deuda del sistema eléctrico español cerró el pasado 31 de diciembre en 7.866 millones, la cifra más baja desde 2008 —el año de la crisis financiera— y la tercera parte que en el momento pico, en 2013, cuando se rozaron los 30.000 millones. La mayor parte de este endeudamiento se corresponde con el déficit acumulado entre los años 2000 y 2013, cuando los ingresos fueron insuficientes para cubrir sus costes. Desde entonces, la tendencia se ha revertido: desde 2014, todos los ejercicios salvo uno (2019) se han cerrado con superávit.

Debate abierto

“Los datos son la confirmación del grandísimo superávit del año pasado y de que quedan muy pocos años para deshacernos de toda la deuda”, valora Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de la consultora beBartlet. Las cifras, dice, responden a un “control de ingresos y gastos, que no siempre se ha producido” e invitan a pensar en que “quizá sea el momento de replantearse la necesidad de figuras fiscales como el impuesto de producción del 7%, que está encareciendo la electricidad en un momento en el que tenemos que aumentar su consumo en detrimento de los combustibles fósiles”.

El sistema eléctrico español tiene, básicamente, tres vías de financiación: los cargos que abonan los consumidores en el recibo, los ingresos procedentes de las subastas de dióxido de carbono (CO₂) y el impuesto de producción de electricidad, reducido a cero desde finales de 2022 para paliar la crisis de precios y que ha vuelto a entrar en vigor el pasado 1 de enero de forma escalonada: hasta finales de marzo está en el 3,5%, frente al 7% habitual. Esa menor recaudación se ha cubierto con transferencias de los Presupuestos Generales del Estado.

Los cargos, opina Labanda, “deberían empezar a bajar en los próximos años: los ingresos de las subastas de CO₂ no van a ir a menos, y eso va a dar mucho margen al sistema”. La reducción de los cargos y del impuesto de producción, zanja por teléfono, cobra especial relevancia en un momento como el actual, en el que el necesario refuerzo de la red de transporte y distribución de electricidad “va a requerir un aumento de los peajes”, que también se cargan en el recibo de la luz. “Si queremos acelerar la electrificación, hacen falta señales de precio”. El debate está servido.

Casi 2.400 millones a repagar este año

Este año, en el que Competencia estima que devolverá 2.371 millones de euros (algo menos que en 2023), el coste medio de financiación subirá en alrededor de 40 puntos básicos, hasta el 2,44%. Una cifra, no obstante, más que razonable dado el actual entorno de tipos de interés, pero que crecerá en los próximos años: en 2026 superará el 6% y en 2027, ya con el capital a devolver claramente por debajo de los 1.000 millones, rozará el 7%.

El grueso del pasivo (el 83,5%) está en manos de quienes compraron los bonos emitidos del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), creado en 2010 y avalado por el Estado. El resto está en manos de la banca (12,7%), el Instituto de Crédito Oficial (2,4%) y, marginalmente (1,4%), de vehículos de titulización extranjeros.

La devolución de la deuda asumida por el sistema —en la práctica, todos los consumidores de luz: familias y empresas— no es el único destino de los superávits que se cosechan año sí año también: la ley obliga a destinar una parte de este dinero a abonar las primas a las renovables antiguas (que, a diferencia de las actuales, necesitaban de la muleta pública para echar a andar) o a pagar a las eléctricas lo abonado para sufragar el bono social, tras varias sentencias anulatorias del Tribunal Supremo.

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