Lunes de tensión en Barajas ante lo que Trablisa denuncia como huelga de celo de su personal de seguridad

La hora punta de esta mañana ha vuelto a ser de largas colas en los controles de seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas, repitiéndose demoras como las registradas ayer domingo. La situación ha sido peor en la T4, donde el paso de los viajeros ha acumulado esperas de hasta 50 minutos, que en la T1, T2 y T3, con una operativa bastante más fluida. La huelga de una parte del personal de seguridad de la compañía Trablisa está poniendo en dificultades al principal aeropuerto de Aena y amenaza con ralentizar el acceso de los viajeros a las puertas de embarque también en los próximos días.

Trablisa ha denunciado públicamente que está siendo presionada con una huelga de celo y amenaza con consecuencias legales y disciplinarias. La compañía ejercerá “todas las acciones legales que le asisten en derecho, en todos los órdenes jurisdiccionales, con especial énfasis en la exigencia de responsabilidades penales y patrimoniales”, ha señalado a través de un comunicado.

Fuentes al tanto de la situación en las terminales de Barajas explican que efectivos de la Guardia Civil, con algunos refuerzos tras lo vivido ayer, tratan de agilizar los trabajos de control del equipaje para evitar el referido extremo de la huelga de celo. La compañía encargada de la seguridad privada en el aeropuerto madrileño ha reiterado esta mañana que la convocatoria de huelga ha sido impulsada por 21 trabajadores de los 850 que forman parte de la plantilla de seguridad del aeropuerto, quedando al margen de la protesta los sindicatos mayoritarios. Sin embargo, Trablisa reconoce que se está dando “una ralentización deliberada de los controles, lo que constituye un incumplimiento flagrante de los servicios mínimos decretados al 100% por la Delegación del Gobierno”. La empresa balear añade que se está comprometiendo la operativa de Barajas y causando graves perjuicios a los pasajeros.

Detrás de este choque hay un trasfondo económico. Trablisa ve inasumibles algunos de los puntos que, según su versión, ha impuesto el comité de huelga, como distintos pluses salariales que superan en conjunto los 1.000 euros al mes (kilometraje, trabajo en verano o hacerlo en Barajas, entre otros). La empresa tampoco está dispuesta a ceder ante la petición de un alza del 75% en el valor de la hora extra; la jubilación del personal a los 52 años, o a la eliminación del tiempo para visualizar las imágenes que sirven los escáneres nuevos.

Trablisa habla de reclamaciones que alteran lo pactado en el convenio colectivo estatal del sector de la seguridad y en los acuerdos alcanzados con el comité de empresa. De este modo, la dirección exige que se ponga fin a una huelga que considera ilegal por novatoria y que va contra el deber de paz social que impone la negociación colectiva

El gestor aeroportuario Aena indicó ayer que se trabaja en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado para reducir los efectos del paro, mientras las aerolíneas han levantado la voz contra esta situación que se da en las últimas semanas de la temporada de verano. La empresa pública recuerda que la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha establecido servicios mínimos del cien por cien.

La de Trablisa fue, en octubre de 2023, la única oferta recibida por Aena para la inspección de pasajeros y el Fast Track de Madrid-Barajas. Ese contrato, de 186 millones de euros, fue incluido en el concurso de seguridad privada de los aeropuertos españoles, con 1.500 millones de presupuesto y dividido en 15 lotes.

El anterior concurso, fallado en noviembre de 2020, se vio afectado por la subida de costes laborales que salió de las huelgas de 2018. Un conflicto que llegó a paralizar el aeropuerto de Barcelona-El Prat y que supuso una fuerte crisis para Vueling. El encarecimiento del coste laboral, junto a lo presupuestado por Aena, hizo que firmas habituales en los aeropuertos, como Prosegur, Securitas y Eulen, decidieran no presentar ofertas por la estrechez de los márgenes. Fue entonces cuando emergieron con fuerza compañías de seguridad como Trablisa y Segurisa, consolidadas ya como proveedoras de servicios a Aena.

En medio de este conflicto, la asociación empresarial de referencia en el sector, Aproser, ha llamado a los sindicatos y resto de asociaciones a abrir las negociaciones del próximo convenio de seguridad privada. El nuevo marco laboral entraría en vigor en 2027 y englobaría a más de 80.000 trabajadores.

El convenio actual viene de 2023 y supuso una subida salarial del 16%. La fuerza con mayor representación entre los vigilantes de seguridad, UGT, está por la labor de sentarse ya en la mesa y ha puesto el acento en la necesidad de seguir actualizando salarios que partían de niveles bajos. La central critica que las empresas están ofertando servicios muy a la baja, lo que puede ir en detrimento de la calidad o de las condiciones de trabajo de las plantillas.