Trabajo abre expediente a 106 empresas por obligar a ir a trabajar durante una alerta meteorológica

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha abierto expediente sancionador a 106 empresas por incumplir presuntamente la normativa sobre prevención y riesgos laborales durante la dana y, en concreto, por hacer ir a trabajar a los empleados durante una alerta naranja o roja en vigor por fenómenos meteorológicos como la dana. “La normativa de prevención de riesgos laborales tiene carácter estatal, es legislación exclusiva del Estado y se aplica en toda España, y no hay ningún salvoconducto que impida la aplicación de una norma general. No hay ninguna orden o salvoconducto que permita eludir la ley”, ha remarcado este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su visita a Valencia para abordar la crisis provocada por la dana del pasado 29 de octubre.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ya advirtió el pasado viernes a las compañías que habían habilitado salvoconductos a sus trabajadores, a modo de eximentes de la ley, para poder ir a trabajar con alertas naranjas o incluso rojas en vigor. La Consejería de Interior y Justicia valenciana habría emitido cientos de salvoconductos para empleados de Mercadona, Consum, Aldi y Lidl, entre otras empresas, para que sus empleados pudieran acudir a sus puestos de trabajo bajo alertas de emergencia climática.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha insistido, en sintonía con lo manifestado por el secretario de Estado, que hay dos preceptos de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, en vigor desde 1995, que son de aplicación general en el conjunto de actividades, “de tal manera que si un trabajador en cualquier puesto de trabajo, en cualquier circunstancia, corre un riesgo para su salud o su vida, está autorizado para interrumpir su actividad y no desplazarse”, ha señalado.

La titular de Trabajo ha añadido que cuando las autoridades emiten sus recomendaciones o instrucciones, no solo lo hacen por la seguridad individual, también por la colectiva. “Si yo me desplazo cuando hay una alerta roja a pesar de la recomendación en contra, no solo pongo en riesgo mi vida, pongo en riesgo también la de los demás”, ha dicho Díaz

No obstante, la ministra ha asegurado que el global de las empresas está cumpliendo “y este mensaje es muy positivo. Las empresas, con normalidad, cumplen las normas. Son muy pocas las que violentan el ordenamiento jurídico, así que el mensaje que tenemos que darle a las personas trabajadoras es que denuncien ante la Inspección de Trabajo si se da el caso”, ha animado.

Díaz anima a los empleados que se vean en una situación así a denunciar y recuerda que hay “una herramienta que es el buzón del fraude al que se puede acceder desde la web del Ministerio de Trabajo, completamente anónima” y les informa de que no pueden ser represaliados por las compañías por defender su vida o su salud. “Animo contundentemente a que se cumpla la legalidad. Esto es una democracia y ni los trabajadores ni las empresas pueden incumplir la ley”, ha subrayado.

Según Díaz, “hemos dispuesto en las normas aprobadas que la calificación de los despidos que están prohibidos como consecuencia de esta catástrofe ambiental sean nulos. Las personas trabajadoras han de saber que si fueran despedidos en esta situación, el acto sería nulo y serían reincorporados al puesto de trabajo”.

Trabajo ha informado además de que hasta este lunes se han solicitado en la Comunidad Valenciana 1.490 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a causa de la dana que están “dando protección” a más de 18.600 personas, y ha asegurado que el despliegue de este mecanismo se está “documentando de manera diaria” y se está realizando un “seguimiento exhaustivo de cómo está funcionando”.

La ministra se ha reunido en la capital valenciana con sindicatos y empresarios, así como con la Generalitat y los alcaldes de municipios afectados por la dana para ayudar en la crisis provocada por la riada de hace tres semanas. La vicepresidenta segunda se ha referido al plan dotado con 50 millones de euros para la contratación de personas desempleadas en las zonas afectadas por la riada, que gestionarán los ayuntamientos de la zona cero.