Los inspectores de la Hacienda local prevén que la nueva tasa de basuras ingrese 3.800 millones al año, solo por detrás del IBI

La nueva tasa de basuras, que echará a rodar en los ayuntamientos de España el próximo mes de abril, promete generar un caos jurídico mayor que el que acompañó durante años al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido comúnmente como plusvalía municipal. Además, casi con certeza, también se convertirá en la segunda figura fiscal que más ingresos dejará en los municipios, solo por detrás del IBI, el impuesto sobre bienes inmuebles. Así lo avanza la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), que acaba de presentar un libro blanco en el que propone un centenar de reformas en todos los gravámenes que afectan a las localidades. Además de los mencionados, hay sugerencias para mejorar el impuesto de circulación, el de las actividades económicas (IAE) y el de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), entre otros.

La recogida de residuos urbanos, hasta ahora, se sufragaba con los recursos que los consistorios obtenían a través de los impuestos y las tasas. Algunos municipios gravaban particularmente este servicio, pero siempre de manera opcional. Ahora, la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía sostenible, aprobada en España hace más de dos años al calor de una directiva europea, obliga a las entidades locales a poner en marcha esta figura para financiar el servicio de recogida y tratamiento de basuras, así como el reciclaje posterior.

El cambio normativo, explica Juan Ignacio Gomar, portavoz de la asociación que reúne a los inspectores de la Hacienda local, traerá dos consecuencias inmediatas. Por un lado, un caos jurídico y un aumento notable de la litigiosidad. Por otro, una subida considerable de la factura fiscal que soportan los hogares españoles y que podría llegar a superar, en conjunto, los 3.800 millones de euros al año, según varias estimaciones. Por eso, la asociación reclama una moratoria que permita establecer los ajustes necesarios para frenar el aluvión de reclamaciones.

Por partes. Gomar recuerda que no existen datos oficiales sobre el coste de este servicio. Sin embargo, pone sobre la mesa la estimación de varias entidades privadas como la fundación ENT, que eleva la factura a más de 3.800 millones. Por ello, es de esperar que la nueva tasa se convierta en la segunda mayor fuente de ingreso de los ayuntamientos, por detrás del IBI —que recauda más de 13.000 millones por ejercicio a lo largo de todo el estado— y por delante de impuestos como la plusvalía. Este último, tras el rediseño que ha sufrido el cálculo después de que el impuesto original fuese declarado inconstitucional, aporta unos 1.000 millones.

En cuanto a la inseguridad jurídica, Gomar destaca que la ley de la nueva tasa de basuras es parca en detalles y deja todo el peso de decisión sobre los ayuntamientos. Los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias, han publicado una guía que sirve solo a modo de orientación. “No se fijan los parámetros ni los criterios que cabría esperar”, denuncia el inspector. Únicamente se establece que cada contribuyente debe abonar la tasa en función de la cantidad de basura que genere, algo que, “evidentemente, es casi imposible de calcular”. En consecuencia, advierten los inspectores, cada consistorio articulará la norma con criterios diferentes. Eso dará pie a miles de recursos y a un distinto posicionamiento por parte de los tribunales de justicia regionales, hasta que años después el Tribunal Supremo dicte y unifique criterio. Según la asociación, todo esto se podría haber evitado si el legislador hubiese articulado la obligación a través de un impuesto común.

En la ciudad de Madrid, por ejemplo, la mayor parte de la cuota se calculará a través del valor catastral del inmueble. Sin embargo, el importe también dependerá del lugar en el que se sitúe la vivienda y del volumen de residuos que cada distrito genere. En Barcelona, por su parte, barajan tomar como referencia el consumo de agua de cada casa para adaptar la tasa al número de personas que en ella vivan. Por ello, pide Gomar, sería deseable “adoptar una moratoria, aunque solo fuese de un año, para delimitar criterios legales y establecer un marco común”.

Más medidas

Los inspectores de la Hacienda local han presentado su libro blanco para la reforma de la tributación local, un documento con más de 100 medidas en el que proponen una reforma integral de todos los impuestos y tasas locales. En el IBI plantean la introducción de ajustes técnicos y la mejora de la coordinación de los mecanismos de gestión e inspección catastral y de gestión e inspección tributaria. También, sugieren dar mayor precisión a la situación de las herencias yacentes en relación con el impuesto y acotar la división horizontal fraudulenta, dirigida exclusivamente a evitar la tributación correcta de ciertos inmuebles. Además, ponen el foco en la necesidad de modificar, actualizar y unificar la valoración de estos bienes.

En la plusvalía, las medidas propuestas tienen que ver con cambios técnicos para aclarar el régimen de valoración al que se pueden acoger los contribuyentes. En el IAE, los inspectores insisten en la necesidad de actualizar su normativa, la delimitación de los sujetos pasivos, el prorrateo de las cuotas en casos de cambio de titularidad y las obligaciones formales de los contribuyentes. Por su parte, en el impuesto de circulación, el libro propone una modificación dirigida a que, por una parte, se tribute con arreglo a la capacidad económica del titular del vehículo, circunstancia ahora inexistente, e incluir el factor medioambiental que haga efectivo el principio comunitario de “quien contamina paga”.