La Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid pide reducir el IBI para mitigar la nueva tasa de basuras

Quedan solamente seis meses para que todos los ciudadanos de España deban empezar a pagar otro impuesto: la nueva tasa de basura. El Congreso la aprobó en abril de 2022, en cumplimiento a una directiva de la Unión Europea, y los ayuntamientos del país tienen hasta el 10 de abril para empezar a cobrar. Conforme se acerca el plazo, aumentan las reacciones de los partidos, de los gobiernos locales y, especialmente, de los más afectados: los ciudadanos. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), que agrupa a más de 300 asociaciones, ha planteado algunas soluciones, entre las que propone bajar otros impuestos, aplicar la nueva tasa de manera progresiva ―dependiendo de la renta de cada familia― e incluir casos de exención parcial o total para las familias con menores recursos. El impuesto habrá que pagarlo, es inevitable, pero la Fravm busca que la afectación sea la menor posible para las personas humildes.

Actualmente, el coste de la regida de residuos de cada ayuntamiento se cubre, principalmente, con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), más alguna tasa que ya exista en cada municipio, en caso de que haya. En Madrid, por ejemplo, el impuesto de basura lo pagan únicamente los locales comerciales. Los inmuebles residenciales se habían librado, hasta ahora, lo que cambiará por mandato de esta nueva norma, la Ley estatal 7/2022, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. La nueva tasa será, en promedio, de unos 100 a 150 euros, según estiman las asociaciones, los partidos y los ayuntamientos.

La federación quiere llevar a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos ciertas propuestas que consideran necesarias para subsanar este golpe al bolsillo. “Si ahora vamos a tener que pagar una tasa nueva, por ejemplo, 150 euros, pues que se reduzcan 150 euros del IBI”, plantea en primer lugar Enrique Villalobos, presidente de la organización vecinal. Además, piden que se haga bajo una progresividad fiscal, es decir, que “quien contamina paga”, como dicta la Unión Europea. “Queremos que le faciliten a las personas de rentas más bajas cumplir con sus obligaciones”. Contempla también la posibilidad de que se apliquen mecanismos de exención parcial o total, según el caso.

Entre las medidas que proponen hay dos específicas para la capital. Una es una tasa turística, que contribuya al mantenimiento del sistema de gestión integral de residuos. “Sería necesario cuantificar la cantidad real de residuos que genera el turismo y, por tanto, el coste económico que conlleva en relación con su gestión y eliminación”. En 2023 llegaron a Madrid 10,6 millones de turistas, con una media de 2,1 pernoctaciones por persona. Según datos del Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV), esto equivale a 18.904,44 toneladas de residuos sólidos urbanos.

También piden igualar los impuestos de vertido (30 euros) con el de incineración (15 euros), o al menos establecer una diferencia no superior al 20%. La federación asegura que la incineración es mucho más contaminante y consideran que “no puede ser que una tribute el doble que la otra, como si la que paga la mitad fuese la mitad de buena o la otra fuese el doble de mala”. “Esto puede empujar a que los ayuntamientos vean en la incineración una salida más beneficiosa fiscalmente y la incineración para la salud y el medioambiente”, dice Villalobos. Este mismo principio los ha hecho reclamar el cierre de la incineradora de Valdemingómez.

Hasta 185 euros al año

Pozuelo de Alarcón y Valdemoro ya han aprobado en el pleno municipal la aplicación de esta tasa. En ambos gobierna en PP, que ha calificado el nuevo impuesto de “tasazo de Pedro Sánchez”. En Pozuelo, el municipio informó de que la tasa se ha diseñado teniendo en cuenta la cantidad de residuos generados en las distintas rutas de recogida. “La cuota tributaria incluye una parte fija, establecida en 0,9 euros por metro cuadrado, y una parte variable, que oscila entre 0,1 y 0,3 euros por metro cuadrado, en función de la cantidad de residuos”. El método se basa en la superficie de las viviendas y no en el número que la habitan. Además, anunciaron que los vecinos que practiquen el compostaje doméstico o comunitario tendrán un descuento del 10% y que se aplicará una bonificación del 25% para personas en riesgo de exclusión social.

En Valdemoro, también dirigido por el PP, se aprobó la semana pasada. Se aplicará la tasa en tres tramos, dependiendo del valor catastral de los inmuebles. “En el primer tramo, hasta los 100.000 euros de valor catastral, se abonará una tasa de 79,5 euros al semestre: para el segundo tramo, hasta los 200.000 euros, la tasa que se afrontará será de 87,5 euros al semestre, y finalmente para los del tercer tramo, aquellos que cuentan con un valor catastral superior a los 200.000 euros, la tasa establecida será de 92,5 euros al semestre”. Es decir, habrá algunos que paguen hasta 185 euros al año.

Tras la aprobación, el alcalde, David Conde, aseguró que es una medida “profundamente injusta” y criticó al Gobierno por aprobarla. “Viene de una disposición de una directiva europea en el que, a través de una ley, Sánchez obliga a los ayuntamientos a repercutir el coste íntegro del servicio en los vecinos sin ningún tipo de ayuda”, dice en un video colgado en redes sociales.

El Ayuntamiento de la capital aún no la ha aprobado y, según ha explicado a este diario un portavoz, lo harán cuando se aprueben las ordenanzas fiscales para 2025, en octubre. El PP en Madrid ha criticado la medida y ha culpado a Sánchez, pese a que la ley sale de una directiva europea. Así lo ha dicho esta semana el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano: “Si un ayuntamiento va a tener que subir algún impuesto, será evidentemente por responsabilidad y porque así nos lo ha impuesto el Gobierno de España. No vamos a jugar al juego que pretende el partido socialista (...) Será porque Sánchez y el partido Socialista así lo han querido”. El PSOE, por su parte, propuso que se estableciera una tasa única y homogénea para toda la comunidad, pero fue rechazado por la oposición.

La Unión Europea no improvisó este nuevo impuesto. Según la federación, en 1999 aprobaron una directiva que establecía un marco regulatorio para la gestión de residuos mediante depósito en vertedero. En 2007, España y otros siete países (Croacia, Chipre, Hungría, Irlanda, Eslovenia, Malta y Portugal) recibieron una primera advertencia por incumplimiento. Casi una década después, en 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso la primera condena a España por el abandono de 30 vertederos incontrolados. La segunda llegó en 2017 por otros 61. Ninguna acarreó multas.

No terminó ahí. En 2020, España se convirtió en el país europeo que más cantidad de residuos llevaba a vertedero en términos absolutos. En 2022, entró en vigor la nueva ley, que impone una cuota de 40 euros a cada tonelada de residuos municipales vertidos sin ser sometidos a tratamiento.