Andorra acredita que FCC pagó 6,5 millones en sobornos para conseguir obras en Latinoamérica

La sombra de un enigmático conseguidor especializado en cobrar sobornos a empresas a cambio de adjudicaciones planea sobre una de las principales multinacionales españolas: Fomento Construcciones y Contratas (FCC).

Un informe confidencial de la Policía de Andorra al que ha tenido acceso EL PAÍS revela que la compañía abonó 6,5 millones de euros al abogado Mauricio Cort para garantizarse contratos en Latinoamérica. El dinero se destinó al pago de “comisiones ilícitas”, concluyen los investigadores en un documento fechado el pasado julio.

La constructora FCC contrató desde 2010 los servicios del letrado español, de 54 años y nacionalidad panameña, Mauricio Cort. Y, a raíz de esta colaboración profesional, se hizo con siete adjudicaciones de obra pública por valor de 434 millones en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.

Los agentes de Andorra, donde Cort es investigado por un presunto delito contra la administración de justicia, han acreditado que el letrado percibió -al menos- 6,5 millones de FCC. Un portavoz de la multinacional española declina valorar la información.

El conseguidor cobró este dinero en dos cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), una entidad de un pequeño país de 77.000 habitantes que, cuando se produjeron los hechos, estaba blindado por el secreto bancario.

Para proteger su anonimato, Cort colocó como titulares de sus cuentas en la BPA las sociedades instrumentales de Montevideo (Uruguay) Neecel Corp y Arados del Plata, en la que figuró como testaferro del letrado Juan Carlos Siekavica.

El abogado ingresó en el banco andorrano tres millones de comisiones de FCC procedentes de tres firmas instrumentales mexicanas. Y cobró 3,5 millones en el país europeo de una transferencia emitida desde el United Mizhari Bank de Zúrich (Suiza).

Los investigadores enmarcan esta última transacción en un supuesto contrato de asesoría entre Cort y FCC que enmascaró un servicio de “intermediación” con el gobierno panameño para favorecer a la multinacional española en “varias adjudicaciones de obra”.

Entre 2010 y 2014, el poder como conseguidor de Cort se extendió por los gobiernos de Ricardo Martinelli (Panamá), Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador).

Los agentes andorranos no tienen dudas de la finalidad de los pagos de FCC al abogado. “Todos los indicios localizados durante nuestra investigación reafirman la tesis de que Cort hacía de puente para canalizar fondos que presumiblemente iban destinados a pagar comisiones ilícitas”, señala el informe policial.

Después de fichar al abogado, la multinacional española consiguió proyectos en Panamá como el Hospital Luis Chicho Fábrega (127 millones), la sede del çelectoral (27,6) el acceso del cauce del Pacífico del Canal (187) –en consorcio con las firmas ICA y Meco— o la rehabilitación del puente Centenario (27,6). También fue beneficiaria en Nicaragua la ejecución del complejo judicial central de Managua (13,8), el tramo cinco de la carretera Longitudinal Norte de El Salvador (31,2) y la remodelación de la ruta nacional tres de Costa Rica (19,7).

Los contratos de la discordia

Las últimas pesquisas de los investigadores ponen el foco en un contrato fechado el 28 de abril de 2010 entre un presunto testaferro de Cort y el que fuera hasta 2013 director en Latinoamérica de FCC, Eugenio del Barrio. Bajo el término “declaración de intenciones”, el documento comprometía a la multinacional española al pago de una comisión del 4% al abogado por las obras conseguidas en Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua.

El letrado fue condenado en 2018 por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por actuar como intermediario en el abono de comisiones ilegales de Odebrecht, la constructora brasileña que perpetró la mayor red de sobornos de América.

La Audiencia Nacional española investiga desde 2019 a FCC como persona jurídica por el pago de comisiones ilegales para garantizarse la adjudicación de obra pública en Panamá entre 2010 y 2014. Las pesquisas, que atribuyen a la constructora los delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales, rastrean las posibles mordidas en dos líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de la capital del país.

El último informe de la Policía de Andorra apunta que Cort cobró en el principado pirenaico 7,4 millones de Odebrecht. La constructora brasileña, implicada en el pago de sobornos a dirigentes y funcionarios de una decena de países de América, le pagaba los servicios de conseguidor a través de sus firmas instrumentales Aeon Group y Klienfeld. “El dinero se destinó al pago de sobornos a políticos y miembros de gobiernos latinoamericanos, entre los que hay personas próximas al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014)”.

investigacion@elpais.es