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Sumar propone crear una hipoteca regulada a tipo fijo para comprar vivienda

Los bancos estarían obligados a ofrecer este producto, con un interés equivalente al bono español a 10 años, según una proposición no de ley que el partido ha presentado en el Congreso

El portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, y la portavoz adjunta, Aina Vidal, esta semana en el Congreso.
El portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, y la portavoz adjunta, Aina Vidal, esta semana en el Congreso.FERNANDO ALVARADO (EFE)
José Luis Aranda

Una hipoteca regulada, con unos requisitos y unas condiciones totalmente transparentes, a la que cualquier persona que cumpla con esos requerimientos pueda acogerse. Esa es la idea que Sumar ha presentado este viernes en el Congreso. Se trata de un producto financiero que las entidades deberían ofrecer obligatoriamente, de forma similar como sucede con la tarifa regulada para todos los clientes de luz o de gas, y con un interés fijo “competitivo” frente a los tipos variables.

El motivo, según expone la formación de Yolanda Díaz, es que España cuenta con una “deficiente regulación hipotecaria”. Derivada de la misma, la comercialización de créditos por parte de los bancos “hace prevalecer la hipoteca a tipo variable sobre la hipoteca a tipo fijo, lo que se traduce en un mayor coste e inestabilidad financiera para los hogares”. Esto se demuestra, según el texto presentado este viernes, “en el predominio de las hipotecas a tipo variable en el mercado hipotecario español, a diferencia de otras grandes economías europeas”.

Ahora que los tipos de interés oficiales vuelven a bajar, y con ello lo hará el euríbor, en Sumar creen que los bancos aprovecharán para vender más hipotecas con tipos cambiantes. Esto “coloca a España en una posición anómala y vulnerable ante cualquier proceso inflacionista generalizado que se traduzca en una respuesta de política monetaria restrictiva” como la que acabamos de vivir. En los últimos años, una hipoteca media variable en España se encareció en unos 300 euros al mes, aunque las cuotas llevan ya meses aflojando.

Por eso la proposición apunta a un crédito a tipo fijo que se base en el bono español a 10 años, aunque con una TAE (tasa anual equivalente, que mide el coste real de la operación) no inferior al 1% en el caso de que este bajara mucho. Esta elección, explica una persona que ha participado en la definición de la propuesta, se debe a que ese bono “tiende a situarse” por debajo de los tipos de interés variables durante los periodos de estabilidad de precios. Esto es lo que sucede durante la mayor parte del tiempo y la situación hacia la que nos encaminamos, según el análisis de Sumar. Como la nueva hipoteca regulada sería compatible con otros productos que ofrecieran los bancos, esto la haría “competitiva” con la oferta de créditos con tipos móviles. Y si las entidades disponen de otras a tipo invariable más bajo, los clientes podrían estudiarlas y acogerse a las mismas.

Otra de las ventajas que los socios minoritarios de Gobierno ven en el producto financiero que han ideado es que este sería totalmente transparente. Actualmente, recuerdan, “se desconoce el perfil de riesgo exigido para cada oferta hipotecaria, lo que hace que el prestatario no pueda elegir o negociar, sino que simplemente acepta unas condiciones que le vienen dadas”. En este caso, cualquier persona que acudiera a una sucursal sabría que tiene derecho a esa hipoteca si responde al perfil de solvencia exigido.

¿Cuáles serían los requisitos para pedirla? Sumar propone que el prestatario tenga “una relación laboral estable” y que el “límite máximo de la cuota hipotecaria más el resto de intereses por deudas respecto a los ingresos del hipotecado” no supere el 40%. Eso, señalan en la formación, es una medida estándar que usan los bancos, que suelen poner ese límite “entre el 35% y el 40%”.

Además, la hipoteca tendría un plazo máximo de 360 meses (30 años) y serviría para cubrir como máximo el 80% del valor de la vivienda. El sistema de amortización podría ser francés (el más común en España) o alemán (con cuotas decrecientes) y no se pagarían comisiones de apertura ni de cancelación. La idea es que cualquier persona que cumpla las exigencias previstas y ya tenga una hipoteca pudiera cambiarse a esta.

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Sobre la firma

José Luis Aranda
Es redactor de la sección de Economía de EL PAÍS, diario donde entró a trabajar en 2008. Escribe habitualmente sobre temas de vivienda y referentes al sector inmobiliario. Es licenciado en Historia por la Universitat de València y Máster de Periodismo de EL PAÍS.
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