Irlanda blinda los 14.000 millones en impuestos de Apple para destinarlos a paliar la crisis de vivienda

El Gobierno de Irlanda tiene en sus manos un regalo llovido del cielo y una bomba de relojería que debe desactivar cuanto antes. El primer ministro Simon Harris se ha apresurado en poner una valla alrededor de los 14.000 millones de euros que la compañía Apple debe pagar a Dublín por todos los impuestos no liquidados entre 2003 y 2014. Es el modo de evitar que la utilidad de ese inesperado maná, que supone más de un 10% del gasto público anual, se convierta en un arma de confrontación política. El dinero, ha dicho Harris a la agencia de noticias Bloomberg, se destinará a inversiones que ayuden a paliar la crisis de vivienda, el problema más grave que arrastra la república desde hace más de una década.

“Todavía tenemos que recibir ese dinero, pero creo que lo correcto es que aportemos cuanto antes claridad respecto a los principios que aplicaremos a la hora de decidir en qué lo invertimos”, explicaba el taoiseach (el término gaélico o irlandés con que se llama al Jefe de Gobierno en la jerga política). “Creo que hay tres áreas muy concretas, la construcción de vivienda, la infraestructura en aguas y el tendido eléctrico, que aportarían un beneficio claro a la seguridad económica futura de nuestro país”, indicaba Harris.

Un pago único

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio finalmente la razón a la Comisión Europea en su sentencia del 10 de septiembre, al fallar en contra de Apple y del propio Gobierno de Irlanda. Los acuerdos fiscales concertados en 1991 y 2007, que ofrecían condiciones muy ventajosas al gigante tecnológico para que trasladara a la isla gran parte de su negocio, habían constituido una ayuda estatal contraria a las normas de competencia comunitarias, sentenció el TJUE.

Aunque durante años el Gobierno irlandés defendió el acuerdo con Apple, preocupado por el golpe a su reputación y a la seguridad jurídica del país que el precedente jurídico podía ocasionar, finalmente ha decidido abandonar la batalla legal y aceptar el dinero.

La decisión del TJUE es sobre todo la resolución de una disputa histórica, sin implicaciones relevantes para el régimen fiscal actual del país. En los últimos años, Irlanda se ha adherido a tratados internacional de tributación y ha modificado sus leyes para armonizarlas con las del resto de la UE.

Pero el boom económico que supuso el desembarco masivo de gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft, Googel, Intel o Meta (entonces Facebook) en la isla trajo consigo una crisis que ha condicionado el debate político y elevado el malestar social de los últimos años: la escasez de vivienda y de infraestructura en Irlanda, un país que hasta hace nada era más rural que urbano y que ha saltado de los 3,5 millones a los 5 millones de habitantes en tres décadas.

La victoria del Sinn Féin, el partido que durante toda su historia fue el brazo político de la organización terrorista IRA, en las elecciones de 2020, fue impulsada por una nueva generación de irlandeses más agobiados por la imposibilidad de acceder a un vivienda digna que interesados en el lastre de décadas de violencia sectaria. Solo una coalición forzada de las dos formaciones históricas que han gobernado Irlanda desde su independencia, el Fine Gael y el Finna Fáil, evitó la llegada al poder de la formación nacionalista de izquierdas.

Y desde entonces, el Gobierno ha intentado desesperadamente dar una respuesta a la crisis de la vivienda.

La firmeza en defender el destino del dinero de Apple a este objetivo servirá además para lanzar un mensaje político: el dinero de los impuestos ha de ser destinado a prioridades y urgencias como la vivienda.

La posibilidad de que el Gobierno actual adelante las elecciones generales al próximo noviembre —están previstas para la primera mitad de 2025― se ha visto ahora acelerada por el ingreso inesperado de una importante inyección monetaria, que ayudará a dar claridad y fortaleza al presupuesto que debe presentarse el 1 de octubre. Harris sigue insistiendo en su voluntad de agotar el mandato, pero hay un consenso general en el país de que las urnas volverán a colocarse antes de que concluya 2024.

Los 14.000 millones todavía no han entrado en las arcas del Estado, y el pago será fraccionado. Con toda probabilidad, el Gobierno, que actualmente goza de superávits presupuestarios, los ingresará en uno de los dos fondos soberanos establecidos ante la previsión de baches futuros en la economía del país. Uno de los dos es a largo plazo y el dinero está blindado, pero el otro permite más flexibilidad para disponer de él si las cantidades retiradas van destinadas a la inversión en la lucha contra el cambio climático, o simplemente si las dificultades coyunturales impiden que el Gobierno mantenga un ritmo estable de inversión pública.

“Pero no se trata solamente de invertir, sino de asegurarnos de que todos los proyectos y las viviendas planeadas sean ejecutados con la celeridad y la escala adecuadas”, ha señalado Harris. “Por eso estamos reformando nuestras leyes para mejorar la planificación urbana”, añadía.

Irlanda prevé sumar un millón más de habitantes en 2050, y el compromiso del Gobierno es tener para esa fecha un millón y medio más de viviendas. La Ley de Planificación y Desarrollo está en su fase final de debate parlamentario, pero sigue acumulando excesivas enmiendas y retrasos. Hay un consenso general sobre la necesidad de modificar un sistema de planeamiento urbanístico lento, burocrático y excesivamente condicionado por las batallas legales entre propietarios y Estado.