Irlanda: ¿Silicon Valley celta o refugio fiscal de la UE?

El país comienza a asumir que deberá revisar su estrategia de bajos impuestos

Sede del Banco Central de Irlanda en Dublín.
Sede del Banco Central de Irlanda en Dublín.

Qué fue antes, el huevo o la gallina? Ahora que la triple iniciativa de la Administración estadounidense de Joe Biden, la OCDE y la Comisión Europea plantea la urgencia de revisar e igualar los impuestos que pagan las grandes multinacionales en todo el mundo, Irlanda necesita convencerse a sí misma y a las instituciones internacionales de que su milagro económico no deriva exclusivamente de tener el impuesto de sociedades más bajo de la UE: un 12,5%.

“Hay una fuerza laboral muy cualificada y con gran conocimiento tecnológico. Hay una capacidad de gestión e investigación cultivada por todos los emigrantes que regresaron al país y trajeron con ellos nuevas habilidades (...) E Irlanda tiene un enorme atractivo como lugar de trabajo, por su posición en la economía de habla inglesa de la UE en la era post-Brexit”, escribe en The Irish Times Karlin Lillington, una de las periodistas que ha seguido más de cerca en las últimas décadas el boom tecnológico del llamado “tigre celta”.

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Todas esas ventajas existen, pero derivan en gran parte del gran salto acometido por el país en una generación gracias a su estructura fiscal, la más reducida del mundo desarrollado. Cerca de 1.000 multinacionales —no solo Facebook o Google— han establecido en Irlanda sus sedes sociales. La pequeña isla es una potencia tecnológica y de servicios financieros, pero también posee el sector farmacéutico más pujante de la UE. En términos contables, todo el mundo sabe lo que es el double irish (doble irlandés), y no es precisamente un café con nata y whisky, sino el sistema por el que muchas compañías redirigen sus ingresos y beneficios a territorio irlandés para pagar lo mínimo posible en impuestos.

En 2019, Google pagó apenas ocho millones de euros en España por sociedades, a pesar de unos ingresos declarados de poco más de 130 millones. Facturó prácticamente desde Irlanda la mayoría de sus servicios, o redirigió a su sede en la isla, para facturar desde allí, sus gastos de marketing y promoción.

El ministro de Economía irlandés, Paschal Donohoe, del partido democristiano Fine Gael, se ha convertido en las últimas semanas en el dique de contención, la cara antipática, de la República, frente a la ofensiva internacional para nivelar la política fiscal internacional y ayudar de ese modo a sufragar los ingentes gastos derivados de la pandemia. “Anticipo que el tipo del 12,5% se mantendrá en vigor durante los próximos cinco o diez años, así como otros impuestos bajos”, aseguraba el 18 de mayo el también presidente del Eurogrupo a Sky News. Donohoe anticipaba su postura ante la cumbre de ministros de Economía del G-7, que se reunirá en Londres los días 4 y 5 de junio.

La Administración estadounidense quiere extraer de esa reunión el compromiso de las siete naciones para imponer un impuesto mínimo de sociedades del 15%, lejos del 21% sugerido inicialmente por Washington, pero que supondría en cualquier caso un daño considerable a las cuentas irlandesas. “Es cierto que, en el futuro, un acuerdo en torno a un mínimo impositivo debería existir”, admitía Donohoe, en un claro intento de dejar cierto espacio a la negociación de una realidad que avanza de un modo lento pero imparable.

El Gobierno irlandés se aferra a la idea de que debe permitirse una cierta flexibilidad fiscal para compensar la desventaja de aquellos países pequeños que no disponen de la economía de escala de sus grandes competidores.

Sus críticos recuerdan que Irlanda, que se ha beneficiado de manera particular de la pertenencia a la UE, ya forma parte hoy del mercado interior más amplio de la economía occidental. Y que sus incuestionables ventajas —el inglés, sus vínculos históricos con Estados Unidos, su capacidad de trampolín anglosajón hacia Europa— deben ser ahora su plan B para afrontar un futuro mucho más nivelado fiscalmente con el resto de países. Especialmente con el Reino Unido, cuyo incierto futuro después del Brexit ha llevado al Gobierno de Boris Johnson a mirar con mayor recelo la competencia que supone una pequeña isla al oeste a la que no solía prestar excesiva atención.

Downing Street se ha convertido ahora en uno de los principales agentes que impulsa mayor rigor fiscal para las grandes corporaciones tecnológicas. “Nuestra posición, mantenida en el tiempo, ha sido defender que resulta importante dónde se pagan los impuestos, y que cualquier acuerdo futuro debe asegurar que las empresas digitales paguen en el Reino Unido unos impuestos que reflejen su actividad económica real. Es lo que quieren los contribuyentes y es lo justo para sostener nuestros servicios públicos”, aseguraba el viernes un portavoz del Ministerio de Economía del Reino Unido.

Sobre la firma

Rafa de Miguel

Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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