El Gobierno busca ministro para sustituir a Escrivá en la cartera de Transformación Digital y de la Función Pública
El nuevo cargo deberá rejuvenecer la plantilla pública y gestionar los proyectos de la recién creada Sociedad Española para la Transformación Tecnológica
![El ministro José Luis Escrivá, en La Moncloa.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/2E5GMIYLZGXW5HJWV5ZLHB2ZGI.jpg?auth=aa24f186020b922874f63dd6fc4c60461de1fe6124ed0f386edf03b2d46eace9&width=414)
![Denisse López](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fb0ec917c-61d0-4565-9fac-dfc0aa9a8ac3.png?auth=0d79af5526986a7a6a09992dfa688f2ca1a564b16e303930535649be1504dc72&width=100&height=100&smart=true)
La Moncloa busca ministro para sustituir a José Luis Escrivá en el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, quien se incorporará de forma inmediata como gobernador del Banco de España, una vez que el Gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados para informar oficialmente de su candidatura. A la espera de conocer los aspirantes, dos fuentes cercanas al Ejecutivo han descartado que la Secretaría de Estado de Función Pública vuelva a estar en manos del Ministerio de Hacienda, tal y como funcionaba hasta finales de 2023. También se desecha la posibilidad de que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial vuelva a depender de Economía, como era habitual antes de la última reforma del presidente, Pedro Sánchez.
Los retos para el nuevo ministro son mayúsculos. Por un lado, tiene que seguir rejuveneciendo la plantilla pública sin orillar a los funcionarios más veteranos, y por el otro, gestionar la recién creada empresa pública tecnológica, con 20.000 millones bajo gestión. De forma menos urgente, también deberá ejecutar el programa de formación en competencias digitales de los profesionales, así como el modelo de lenguaje de inteligencia artificial en castellano, que anunció el presidente del Gobierno en el pasado Mobile World Congress (MWC) en Barcelona.
Desde que Sánchez tomó las riendas del Gobierno en 2018, la oferta pública de empleo ha crecido cada año, con la única excepción de 2020 por la pandemia. Las 23.062 plazas ofertadas en la primera propuesta socialista son casi la mitad de las 39.574 de 2023 o las 40.146 de 2024. Sin embargo, las plantillas apenas han mejorado desde entonces: entre 2018 y 2022 solo crecieron en 2.872 personas, un incremento minúsculo pese a que en esos años las ofertas rondaban las 30.000 plazas. La subida de 2023 respecto al año anterior fue la mejor de los últimos años, con 12.741 empleos más, hasta situarse en 528.190 trabajadores. Se espera que con la oferta de este año se revierta el paulatino proceso de envejecimiento de las plantillas y se atraiga talento, pero la realidad es que hasta ahora, el caudal de jubilaciones es tan alto que el número de trabajadores no compensa la caída.
La tasa de crecimiento es tan baja que, el hasta ahora ministro José Luis Escrivá, propuso suprimir la llamada tasa de reposición porque promovía “un crecimiento vegetativo de las plantillas” y sustituirla por otro mecanismo “que permita desarrollar políticas de upskilling y reskilling (aprender nuevas funciones) permitiendo aprovechar al máximo el potencial de los empleados públicos y ofreciéndoles nuevas e interesantes posibilidades en sus carreras”. No obstante, esto aún no se ha llevado a cabo. También se comprometió a acortar a un año el plazo para ser funcionario y a que la Administración fuera más flexible para poder contratar gente de otros países, además de responder a los picos de necesidad que registre el país, como cuando se produjo la crisis sanitaria. Al igual que el resto, son objetivos que no han sido cumplidos por el momento y que tendrá que abordar su sustituto.
Por otra parte, la reciente creación de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) solo supone una pequeña parte de los múltiples pendientes en materia de digitalización. Ahora, el ente público empresarial debe gestionar y coordinar todas las inversiones públicas en los ámbitos de innovación tecnológica, y se teme que el cambio en el ministerio complique la ejecución de los 20.000 millones que posee la empresa y que provienen de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). La SETT integrará las competencias del Perte Chip, el de mayor cuantía de los 13 proyectos estratégicos impulsados por el Gobierno y gestionará los 4.000 millones de euros del Fondo Next Tech, destinado a impulsar la inversión pública en proyectos tecnológicos, y más de 1.700 millones de apoyo al sector audiovisual correspondientes a los instrumentos financieros del Plan España, Hub Audiovisual de Europa.
El futuro responsable de Transformación Digital deberá seguir de cerca el sector de las telecomunicaciones, donde se esperan movimientos de grandes proporciones como consecuencia de la reciente autorización por parte del Gobierno de la venta de Vodafone España a Zegona y la macro fusión de Orange y MásMóvil.
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