La condena de los Ayuntamientos que llevan 15 años en bancarrota: hipotecarse más para pagar sus facturas

El Ministerio de Hacienda prepara un paquete de ayudas por valor de 404,1 millones de euros para 66 ayuntamientos del país, aquellos que soportan un mayor riesgo de sostenibilidad financiera. El objetivo es que puedan hacer frente al pago a proveedores, muchos de los cuales llevan varios años a la espera de ver sus facturas abonadas. No es la primera vez que las entidades con las cuentas más maltrechas reciben un balón de oxígeno. Se trata, como ha ocurrido en otras ocasiones, de préstamos con cargo al Fondo de Ordenación del Fondo de Financiación a Entidades Locales, que alivia a los municipios y les permite saldar sus deudas con empresas y pequeños suministradores. A cambio, el Estado se convierte en el principal acreedor de estas localidades, que deberán devolverle los importes prestados.

“Este dinero resta deuda comercial, pero suma más deuda financiera, lo que hipotecará aún más a los jiennenses”, dice Francisco Martínez Garvín, concejal de Hacienda hasta finales del pasado julio del Ayuntamiento de Jaén, que aún no tiene sustituto en un municipio gobernado en coalición entre el PP y Jaén Merece Más (JM+). Es decir, la operación reduce las facturas pendientes con los proveedores, pero aumenta el pasivo financiero. Y es que, mientras que el débito para pagar a proveedores o cumplir con sentencias judiciales se ha ido reduciendo en los últimos años gracias al rescate del Estado, la deuda financiera de los consistorios más rezagados no ha hecho más que aumentar, también alimentada por los efectos de los distintos planes públicos de pago a proveedores o los también llamados fondos de ordenación. La ventaja de estos mecanismos de financiación, explican en Hacienda, es que muchas de las deudas comerciales están vencidas y ya son exigibles y abre un riesgo judicial para los consistorios en esta situación, mientras que la deuda financiera con el Estado es a largo plazo, con un calendario de pagos más asumible e intereses más bajos.

Jaén, con 111.888 habitantes, es la ciudad que tiene una mayor deuda por habitante de entre los municipios con población superior a las 20.000 personas: 4.892 euros por vecino, según la estadística del Ministerio de Hacienda. Cerró 2023 con un volumen de pasivo financiero de 547 millones con un presupuesto de ingresos de cerca de 200 millones para 2024. A esta deuda se deben sumar otros 89 millones de obligaciones con proveedores que aún no han sido satisfechas, “una situación de extrema unción financiera”, dice un portavoz de Jaén Merece Más, socio de del PP en el gobierno municipal. También es el consistorio que más tarda en abonar las facturas a sus proveedores, con un periodo medio de pago por encima de los 600 días. En 2022, hasta llegó a superar los 900 días de demora. Según el plan del departamento dirigido por María Jesús Montero, recibirá 40 millones para el pago de las facturas pendientes (el 10% de todo el montante nacional).

La Autoridad Fiscal identifica a 22 Ayuntamientos con problemas de sostenibilidad financiera. Los municipios con más problemas presupuestarios son Alboraia/Alboraya, Ayamonte, Alcorcón, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Los Barrios, Caravaca de la Cruz, Gandía, Jaén, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Puerto Real, Los Palacios y Villafranca, Maracena, San Andrés del Rabanedo, Aranjuez, Arganda del Rey, Navalcarnero, Parla, San Fernando de Henares y Totana.

La mayor parte de los problemas de estos municipios arrancó en la época del bum inmobiliario, hace casi dos décadas años. Muchos se embarcaron en proyectos urbanísticos que no supieron gestionar cuando pinchó la burbuja. Muchas de estas ciudades aún acumulan una insoportable deuda que apenas les permite prestar el resto de servicios públicos con normalidad. No obstante, expertos en financiación autonómica y local advierten que también hay casos en los que se produce una insuficiente financiación estructural por parte del Estado.

El caso de Jaén, aunque sea el más sangrante, no es el único. El segundo peldaño en el podio de los municipios de más de 20.000 habitantes con mayores números rojos lo ocupa Jerez de la Frontera, también en Andalucía, mientras que el tercero es para la madrileña localidad de Parla. Estos son los tres grandes consistorios que se encuentran en situación más crítica y presentan un mayor riesgo de sostenibilidad financiera, según alertó en su último informe la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

Los tres ayuntamientos presentan desde hace años una deuda descontrolada, calculada como deuda viva sobre ingresos corrientes: en los tres casos, la ratio supone más del 400% de sus ingresos, frente a la media nacional del 10,5%. En Jaén alcanzaba el 435% en 2023, según la Airef; en Jerez de la Frontera el 461% y en Parla supera el 633%. Además, de acuerdo con los datos de Hacienda, las tres localidades han incrementado su deuda por habitante en el periodo comprendido entre 2019 y 2023. El incremento ha sido de 896 euros, hasta los 4.539 euros por cabeza, en Jerez de la Frontera (214.294 habitantes), de 851 euros en Jaén (hasta los ya mencionados 4.892 euros cada residente) y en 719 euros en el caso de Parla (132.842 habitantes y una deuda per capita de 3.815 euros a cierre del año pasado).

Con datos de este pasado mayo, Parla acumulaba facturas impagadas por más de 30 millones de euros y registraba un periodo medio de pago de 376 días, un plazo que ha ido creciendo en los últimos meses. Jerez, por su parte, ha rebajado de forma considerable el tiempo que emplea en pagar a sus proveedores. En mayo tardaba 59 días, frente los más de 400 que registró en otoño del 2022, pero todavía tiene pendientes por pagar 11 millones de euros.

Para estos municipios, “la situación de riesgo de sostenibilidad empeora año a año”, zanja en su informe la Airef, organismo independiente encargado de velar por las cuentas públicas. “Teniendo en cuenta su situación de máximo riesgo de sostenibilidad (situación crítica), la Autoridad Fiscal no detecta signos de mejoría”, prosigue. Y añade: “En esta situación de endeudamiento incide de forma notable la deuda con el Estado por los mecanismos adicionales de financiación, al haber acumulado pasivos con acreedores públicos y privados que han sido financiadas a través de estos mecanismos”.

Devolución del dinero

Estas tres ciudades han podido rebajar su deuda con los proveedores locales gracias a los recursos proporcionados por el Estado que, sin embargo, se tendrán que reintegrar. No suponen una ayuda a fondo perdido, pues son préstamos que hay que devolver a un interés que el Gobierno central aún no ha especificado. Sí ha informado de que la amortización del principal del préstamo se iniciará en octubre de 2025 y se extenderá hasta el 31 de octubre de 2050 como máximo, una situación que llevará a los Ayuntamientos a estar hipotecados durante mucho tiempo.

El exalcalde socialista de Jaén, Julio Millán, ha recordado que el Ejecutivo central ha aprobado en este mandato otras dos operaciones para atender las necesidades imperiosas del municipio andaluz, que desde 2012 no ha liquidado ningún año con superávit, salvo 2021, lo que ha “incidido negativamente en su situación”, señala la Airef. Una de estas operaciones, a finales del año pasado, fue la reestructuración de la deuda municipal, de tal manera que los 20 millones de euros que le correspondía devolver al Estado fueron rebajados y quedaron finalmente en 6 millones. Y la segunda, más reciente, cuando el capital que debía afrontar de 22 millones de euros de Jaén se quedó finalmente en 10,5 millones.

Junto a ello, la liquidación positiva del sistema de financiación de 2022 —el cierre se hace después de dos años, y si las entidades locales han recibido menos de lo que han efectivamente ingresado, reciben una compensación— ha permitido al Ayuntamiento de Jaén recibir 7,3 millones extra, un resultado que se produce por vez primera tras la pandemia por la situación excepcional que atravesó.

El gobierno local, de momento, no ha puesto en marcha ningún plan específico para reconducir las cuentas, salvo medidas de amortización de plazas de los empleados que se jubilen (la plantilla es ahora de 1.200 trabajadores). También acaba de anunciar la supresión de los complementos de productividad, una decisión que ha puesto en pie de guerra a los agentes de la Policía Local, que han advertido de que habrá servicios que no podrán prestar por falta de recursos. “El Gobierno de España prevé suprimir una parte multimillonaria de la deuda de Cataluña en aras de su supuesta singularidad, pero singulares somos todos”, declaró el exconsejero jiennense de Hacienda para desempolvar el discurso del agravio al que, ocasionalmente, recurre el consistorio.

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