La inestabilidad política complica en España la implementación de medidas de consolidación fiscal

Ha llegado el momento de que España haga un esfuerzo por equilibrar sus cuentas públicas, afectadas por la acumulación de deuda a causa de las sucesivas crisis de los últimos años —primero la pandemia y después la energética e inflacionaria—. El país ha evitado por poco que Bruselas le abriera expediente por déficit excesivo pese a superar el 3% del PIB, pero mantiene una deuda superior al 100% del PIB y, por tanto, está entre los cinco Estados de la Unión Europea que deberían esforzarse más por sanear sus finanzas públicas. Además, existe el riesgo de que la deuda aumente en el medio plazo debido al envejecimiento de la población y de las recientes reformas que amplían la presión sobre las cuentas de la Seguridad Social, por lo que podrían incluso ser necesarias medidas más estrictas de las previstas. Pero hay un muro que se interpone en el camino: la fragmentación política. Así lo señala Esade en su último Informe económico y financiero, según el cual, las convocatorias electorales fuera del ciclo político aumentan la incertidumbre y evitan que se implementen ajustes fiscales de gran calado. “Bajo determinadas circunstancias, los incentivos electorales pueden llegar a desincentivar la adopción de políticas que a largo plazo podrían resultar más óptimas para los ciudadanos”, se lee en el documento.

La advertencia se produce en un contexto de máxima inestabilidad, con un Ejecutivo que semana a semana hace malabares para sacar adelante la legislatura y con una ofensiva del Partido Popular que lejos de agotarse, va en aumento. Desde que se inició el año, el Gobierno ha sufrido más de un descalabro en el Congreso por sus socios. Mientras tanto, aquellas comunidades gobernadas por los populares se enfrentan a una posible repetición electoral tras la amenaza de Vox de romper relaciones por el reparto de menores migrantes llegados a Canarias. Este contexto de volatilidad, según los analistas, “suele también venir con una alta volatilidad en los sistemas de partidos —que incluye el surgimiento de nuevas formaciones como Se Acabó la Fiesta— y a menudo elecciones fuera de ciclo o imprevistas”, lo que dificulta la implementación de medidas necesarias pero impopulares.

El documento toma como referencia el plan de pago a proveedores implementado en 2012 por la Administración de Mariano Rajoy. Los municipios debían escoger si se acogían a un plan de ajuste para pagar la deuda acumulada a proveedores, o si pagaban la deuda en cinco años mediante la retención de las transferencias corrientes del gobierno central a los locales. La elaboración de un plan de ajuste concedía a los ayuntamientos unas condiciones de pago preferentes, pero suponía dar una mayor visibilidad del estado de las cuentas públicas “con el consecuente potencial coste político”. El análisis muestra que en aquellos municipios donde no se acogieron al plan hubo una subida del impuesto sobre los bienes inmuebles —IBI, la principal fuente de ingresos a nivel local— y un recorte del gasto público.

Entre las conclusiones destaca que los planes de ajuste fiscal tienen mucha visibilidad en prensa, y por tanto, generan impacto en la decisión de los votantes. Además, se muestra que la elaboración de un plan de ajuste afecta negativamente a la probabilidad de reelección futura, pero solo para los gobiernos que ya se encuentran en el cargo; es decir, los que tienen responsabilidad en la gestión pasada de las cuentas. Esto explicaría que “cuando el gobierno local es nuevo en el cargo (y puede, por tanto, “culpar” al gobierno anterior del estado de las cuentas públicas), hay un aumento significativo de la propensión a solicitar un plan de ajuste. Sin embargo, cuando ha sido reelegido y tenía, por tal motivo, responsabilidad en la gestión de las cuentas públicas del ciclo político anterior, tiene menor propensión a solicitar un plan de ajuste, a pesar del coste que tiene para los ciudadanos”.

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