El PP propone bonificar el 100% del impuesto de donaciones para cantidades destinadas a la compra de una vivienda
Los populares se abren a negociar medidas “quirúrgicas” para limitar los pisos turísticos mientras mantienen su rechazo al control del precio de los alquileres
La emergencia en el problema de acceso a la vivienda en España, que está entre las principales preocupaciones de los españoles, ha movido al PP a presentar sus propias propuestas, tras las iniciativas que también está promoviendo el Gobierno progresista. Los populares han hecho público este jueves un plan de choque de 16 medidas, entre las que destacan deducciones fiscales para ayudar a los jóvenes a comprar su primera vivienda y para sacar inmuebles vacíos al mercado. Entre ellas, el PP plantea bonificar el 100% del impuesto de sucesiones y donaciones de cantidades transferidas a familiares para la compra de una casa. Este es un tributo estatal, pero su gestión está totalmente cedida a las autonomías, y en muchas de ellas ya se prevén generosas rebajas para los grupos más cercanos de parentesco. Los populares se abren además a negociar con el Gobierno medidas “quirúrgicas” para limitar los pisos turísticos, mientras mantienen su rechazo al control del precio de los alquileres.
El PP apuesta por un modelo de incentivos fiscales fundamentalmente dirigidos a propietarios de vivienda y a quienes puedan ayudar a sus familiares a la compra de un piso. Además de bonificar el impuesto de donaciones, pensado sobre todo para los padres que quieran —y puedan— ayudar a sus hijos a comprar de una vivienda, el PP propone una deducción en el IRPF del 100% de las rentas de los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento para jóvenes de inmuebles que hayan estado en desuso dos años. Esta última medida busca sacar pisos vacíos del mercado.
Los populares proponen también construir vivienda en alquiler a precios asequibles, con fórmulas de colaboración público-privadas, avalar la fianza del alquiler a jóvenes con rentas medias y bajas y seguros de impago para quienes ponen su vivienda en alquiler. La tercera pata de su plan es combatir la okupación ilegal, con el desalojo en 24 horas de viviendas como medida estrella y el incremento de las penas.
Como novedad, el PP se abre a estudiar con el Gobierno alguna medida “quirúrgica” de limitación de los pisos turísticos, según ha confirmado en rueda de prensa la vicesecretaria popular Paloma Martín, siempre en diálogo con los Ayuntamientos afectados. Los populares tampoco cierran la puerta a negociar con el Ejecutivo la Ley del suelo, que se encuentra en tramitación parlamentaria y para la que el Ejecutivo mira a los populares ante las reticencias que suscita en varios de sus socios, entre ellos Sumar.
Control de precios
El PP se opone frontalmente, en cambio, al control de precios del alquiler que propone el Gobierno a través de la declaración de zonas tensionadas. La norma, ya en vigor, deja en manos de las comunidades autónomas la declaración de estas zonas para poder limitar el precio de los alquileres, pero las autonomías en control del PP rechazan aplicarla. La dirección popular respalda y comparte este rechazo de sus Gobiernos autonómicos, con el argumento de que “el control de los precios solo produce la detracción de la oferta”. “Si se analizan todas las experiencias han llevado al mismo resultado: menos casas para alquiler y más caras”, ha incidido Martín. “Los municipios y comunidades del PP no van a aplicar un control de precios de nefastos efectos de sobra conocidos”, ha remarcado la dirigente del PP.
Los populares critican también otra de las medidas que ha anunciado el Gobierno para atajar el problema de la vivienda: el fin de las llamadas golden visa, la disposición que permite obtener el visado de residencia en función de la inversión de vivienda. Según el PP, se trata de una iniciativa cuya eliminación supone “el chocolate del loro”. “La mayoría de compra de viviendas es por parte de extranjeros comunitarios que no se beneficiaban de las golden visa”, ha cuestionado la dirigente popular. Pese a las críticas, el PP no aclara si se opone a la supresión de este beneficio para extranjeros que inviertan más de 500.000 euros en una vivienda en España.
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