Más presión para el cambio en la indemnización por despido: el Consejo de Europa sugiere que España no cumple

El debate sobre la indemnización por despido en España está en ebullición. Sindicatos, empresarios y Gobierno están pendientes de la resolución que el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) haga de una reclamación presentada por UGT, en la que protesta porque, en su opinión, la normativa española no responde a la Carta Social Europea. Este texto establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y el máximo de 33 días por año trabajado del sistema tasado español, interpretan algunos laboralistas, no siempre es “adecuado” o “reparador”. El Comité, que depende del Consejo de Europa, no ha resuelto al respecto, pero ha emitido una opinión que anticipa una posible interpretación favorable a la reclamación del sindicato español, según varios laboralistas consultados.

Este miércoles el Comité ha difundido sus Conclusiones de 2023 respecto a España, un texto de 73 páginas en el que analiza 36 posibles vulneraciones de la Carta. España aceptó este texto legal como propio en 2021. Según el análisis del Comité sobre las protestas presentadas por sindicatos y asociaciones hay 17 cumplimientos y 19 incumplimientos.

Uno de ellos analiza la posibilidad de despedir a una trabajadora durante un permiso por maternidad. En él el Comité señala que “el límite máximo de los baremos de indemnización no permite conceder a un trabajador una indemnización superior en función de todas las circunstancias, ya que los tribunales solo pueden ordenar una indemnización dentro de los límites del baremo”. Es decir, ese sistema tasado no respondería a la Carta. “Los límites a las indemnizaciones por despido improcedente en España incumplen la Carta Social Europea porque no permiten a los jueces fijar una compensación adecuada por todas las pérdidas eventuales sufridas por el trabajador”, analiza el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.

Después el Comité recuerda que ya falló en la misma línea en la reclamación respecto al sistema finlandés, el italiano o el francés, que también plantean indemnizaciones máximas. “El Comité considera que, incluso si la reinserción es la regla general, en los casos en que la reinserción resulta imposible, el juez no puede conceder una indemnización adecuada y que compense todos los perjuicios sufridos, con el fin de fijar un límite máximo a la indemnización”.

Lo que ya ha dicho el Comité y, sobre todo, lo que diga respecto a la reclamación de UGT tiene trascendencia política. PSOE y Sumar se comprometieron en su programa de Gobierno a que la normativa del despido dé cumplimiento a la Carta Social Europea. Si el Comité interpreta que la normativa española responde a este texto, los socialistas (los menos entusiastas ante la posibilidad de tocar este tema) tendrían un argumento para dejarla como está. Si da la razón a UGT, y después a CC OO en otra reclamación parecida, Sumar tendría todo de cara para reclamar un cambio. La tesis de los sindicatos, y de la formación que lidera Yolanda Díaz, es que las indemnizaciones por despido improcedente no siempre resarcen el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta, que hay circunstancias particulares que se deben tomar en cuenta.

Debate en el Congreso

En paralelo, este miércoles se habló de la reclamación de UGT en el Congreso de los Diputados. El parlamentario del BNG, Néstor Rego, preguntó al ministro Félix Bolaños por la interferencia de su ministerio en este proceso. Esta injerencia consiste en que el representante de España ante el CEDS, dependiente de Justicia, ha pedido a la presidenta de este organismo que recuse a la experta española Carmen Salcedo. Lo hace porque en julio de 2022, cuatro meses antes de ser nombrada tras la recomendación del propio Ejecutivo español, Salcedo escribió un artículo en el que sostenía que la normativa actual no se adecúa a la Carta, justo el asunto que dirimirá el Comité a petición de UGT.

“Señor Bolaños, ¿por qué su Gobierno está dificultando el ejercicio de un derecho esencial como lo de reclamación colectiva delante del CEDS? ¿Por que niega legitimidad a la Confederación Intersindical Galega y por que recusó a doña Carmen Salcedo como miembro del Comité?”, cuestionó Rego. “Permítame que le niegue la mayor, obstruccionismo ninguno, en absoluto, este Gobierno es el que ratificó la Carta Social Europea y el que está trabajando para llevar a cabo derechos que precisamente se recogen en ella”, contestó Bolaños. Este periódico lleva más de una semana intentando obtener una respuesta detallada de Justicia sobre este caso, pero el ministerio no contesta. Yolanda Díaz le pidió la semana pasada que cese en ese intento de recusación.

Este periódico preguntó este miércoles en rueda de prensa sobre ese proceso a la presidenta del CEDS, Aoife Nolan. No contestó al respecto por tratarse de un asunto confidencial y le restó importancia. Tampoco detalló en qué punto se encuentra el debate respecto a la reclamación de UGT.

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