Galicia, meca de la jubilación anticipada (y sin penalización)

Incentivar a los trabajadores para que alarguen su trayectoria profesional es una de las fórmulas por la que ha optado el Ministerio de Seguridad Social para hacer frente a la jubilación del babyboom —en España la generación nacida entre finales de los años cincuenta y finales de los setenta del siglo XX que percibirá pensiones por encima de la media actual—, y reducir así el estrés que esta partida generará en las cuentas públicas. El endurecimiento de las penalizaciones en hasta un 6% en los años más cercanos a la edad legal de jubilación anticipada y ordinaria (de 63 y 66 años, respectivamente); la oferta de beneficios económicos en función de la demora del retiro (un 4% por cada año adicional); y el retraso de la edad de jubilación a 67 años aprobado en 2011 han provocado, en parte, que la edad real de jubilación se haya retrasado por primera vez más allá de los 65 años, algo que ocurrió en 2023.

Sin embargo, hay territorios, como Galicia, en los que la edad de retiro laboral sigue sin retrasarse. Todo lo contrario: por tercer año consecutivo, sigue siendo la comunidad autónoma en la que más jubilaciones anticipadas sin penalización se dan de todo el país. De las 9.103 altas de este tipo que se produjeron en 2023, dos de cada diez se concentraron en Galicia, y más concretamente en las provincias de A Coruña y Pontevedra. A pesar de que el peso de este tipo de jubilaciones sobre el total es de apenas el 3%, el número no ha dejado de crecer en el último trienio (+377).

El oasis gallego se justifica, en gran medida, por el hecho de que, según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, es la región que aglutina un mayor número de trabajadores adscritos al Régimen Especial del Mar (REM). Una modalidad en la que se contemplan beneficios para adelantar el retiro sin que la cuantía de la prestación final se vea afectada. Así, aunque la prestación se reconoce en los mismos términos que en el Régimen General —el de los asalariados comunes—, los coeficientes que se les aplican hacen posible reducir la edad de jubilación en hasta 10 años como máximo. Además, este periodo de tiempo es tenido en cuenta como cotizado para calcular el importe de la pensión.

Otra de las variables que influye en los resultados de Galicia, y que apunta Antonio Montero, del despacho Nexo Abogados, es que a consecuencia del cierre de las centrales de Meirama y As Pontes (ambas en A Coruña), y de los despidos del sector naval en Ferrol y Pontevedra, se haya favorecido la jubilación anticipada de muchos de sus trabajadores. También la incorporación de las mariscadoras y las rederas —colectivos muy feminizados— al REM ha agrandado el colectivo de beneficiarios de los coeficientes reductores. “Estas mujeres empezaban muy jóvenes y, probablemente, se estén jubilando ahora ante la falta de almeja para mariscar”, señala Montero.

Desde el Ministerio de Seguridad Social recuerdan que en la Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera, “se modificó el coeficiente aplicable a las actividades de marisqueo, recogida de percebes y recogidas de algas; y se reconoció la aplicación del coeficiente reductor a las actividades de rederas, neskatillas (esposas, hijas o hermanas de los armadores y en algunos casos de los marineros de los barcos que prestan sus servicios a los barcos de pesca de bajura o costera así como a los artesanales que emplean artes de cerco), empacadoras y buceadores profesionales.

Despidos

A pesar de estas particularidades territoriales, la realidad dibuja un marco alternativo y generalizado. Por ejemplo: tres de cada cuatro altas de jubilación que se dieron en 2023 fueron de carácter anticipado, representando el grueso de todas ellas, aquellas sobre las que se aplicó un coeficiente reductor (el 23,4%). Es decir, la mayoría de las personas que se jubilaron antes de tiempo lo hicieron a costa de ver cómo se recortaba su pensión. Tradicionalmente, optan por estos retiros aquellos colectivos de trabajadores que han perdido su empleo y que por distintas circunstancias —la más habitual es por razón de edad— no encuentran la forma de reincorporarse al mercado de trabajo. Al encontrarse cercanos a la edad viable para anticipar su retiro, deciden optar por él a pesar de la consiguiente penalización.

Sin embargo, el desplome de este tipo de jubilaciones involuntarias en la última década —del 75%— es otra de las causas que han contribuido con mayor intensidad a superar la barrera de los 65 años en la edad real de abandono laboral. Curiosamente, en el mismo periodo las demoradas se han incrementado en un porcentaje similar (78%).

“La red de protección que se desplegó en la crisis de la covid ha impedido que haya un fenómeno de expulsión de mercado de trabajo masivo como en las crisis anteriores”, analiza Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social. “Desde 1980, cada vez que hay una crisis, se despide masivamente. Eso se rompe durante la pandemia con los ERTE”, añade.

Extensión de coeficientes

El Ministerio de Seguridad Social y las organizaciones sindicales y empresariales negocian la extensión de los coeficientes reductores sobre más actividades que puedan considerarse penosas, por causar un deterioro importante en la salud de los trabajadores. Aunque todavía no se han determinado los índices a tener en cuenta para realizar el cribado de profesiones, el número de bajas y el índice de mortalidad concentran algunas de las propuestas iniciales. Las conversaciones aún se encuentran en una fase embrionaria, pero la idea global es extender el paraguas de ventajas sobre otros colectivos de trabajadores.

Actualmente, aquellos incluidos en el Estatuto Minero, el personal de vuelo de trabajos aéreos, los empleados ferroviarios, los artistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de administraciones y organismos públicos, miembros del cuerpo de la Ertzaintza y de los Mossos d’Escuadra (policía autonómica del País Vasco y Cataluña), policías locales, y la policía foral de Navarra pueden acceder a la jubilación en condiciones algo más ventajosas a la jubilación (en cuanto a edad y tiempo de cotización) que el resto de trabajadores. También existe una lista de patologías que dan derecho a la jubilación anticipada bonificada, y el Gobierno facilitó la acreditación de discapacidades que también permiten el acceso a este tipo de retiros.

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