España emprende medidas para evitar que miles de empresas dejen de ser pymes a causa de la inflación

A pocos días de que se cumpla el segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania, el efecto dominó provocado sobre los precios sigue causando daños colaterales. El encarecimiento integral de productos y servicios ha engordado la facturación de todo tipo de empresas, si bien no necesariamente los beneficios porque también han crecido sus costes. Lo que hasta ahora se consideraba una microempresa en función de su volumen de negocio ha dejado de serlo pese a que no ha cambiado nada más. Lo mismo para pequeñas o medianas, para las que la carga burocrática aumenta en función al tamaño contable. La inflación ha alterado la base para siempre y contra ello actúa ahora España, que modificará la Ley de Auditoría de Cuentas y la de Sociedades de Capital para ampliar los parámetros que determinan el tamaño de las empresas y limitar así la carga administrativa y fiscal a la que se enfrentan.

Con estos cambios en estas dos normas, que se encuentran en consulta pública hasta el 23 de febrero, España se alineará con las últimas directivas de la Unión Europea (UE). El Ejecutivo comunitario decidió a finales de 2023 ampliar los criterios contables (cifras de balance general y volumen de negocios neto) que determinan la categoría a la que pertenece cada compañía, a fin de paliar los efectos adversos del repunte excesivo de la inflación. Para ello, modificó una vieja norma de 2013 que fija los umbrales contables de las compañías y lo ha sustituido por la Directiva 2023/2775. Según sus estimaciones, al menos el 6% de las sociedades de capital de las que se tienen registros en el Viejo Continente se beneficiarán de la medida, que entre otras cosas implica una reducción de las obligaciones de presentación de información y auditoria, así como en materia de sostenibilidad empresarial. En los últimos dos años, Bruselas ha remarcado su compromiso de equiparar la seriedad de los informes de sostenibilidad con los financieros para combatir el cambio climático. Este impulso se concretó en la Directiva de Informes sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDR), que desde enero de este año obliga a las grandes corporaciones a ser transparentes acerca de su impacto en el medio ambiente.

La Comisión Europea ha considerado necesario alterar los criterios de tamaño en un 25% a fin de ajustarlos a los efectos de la subida de los precios. Al respecto recuerda que solo de enero de 2013 a marzo de 2023, la inflación acumulada alcanzó el 24,3% en la zona euro y el 27,2% en el Unión Europea. A la vista de estas cifras, que han disparado la facturación sin que esto necesariamente signifique más beneficios —al menos para los negocios más pequeñas—, el importe del balance de una microempresa ha aumentado de 350.000 a 450.000 euros y el volumen de facturación neta pasa de 700.000 a 900.000. Por su parte, se ha ajustado el balance de 4 a 5 millones para las pequeñas empresas, y su volumen de negocios neto pasa de los 8 a los 10 millones. Las entidades medianas o grandes también han sufrido modificaciones, con un aumento de 20 a 25 millones en el total del bance y de 40 a 50 millones en el volumen de negocios.

Fuentes patronales aseguran que los nuevos límites beneficiarán a España, el país del bloque con el mayor número de pymes —de acuerdo con el último informe de crecimiento empresarial elaborado por el servicio de estudios de Cepyme—. Por un lado, evitará que los estados financieros y registros contables de las compañías más pequeñas tengan que ser auditados de forma forzosa, pues es una obligación que solo compete a las medianas y grandes, además de las entidades de interés público. También reduce el número de empresas que deben aplicar la directiva en materia de sostenibilidad, lo que se traduce, según las estimaciones de Bruselas, en un ahorro de costes únicos de unos 150 millones de euros más otros 700 millones cada año a nivel europeo. Un tercer punto a favor es que con los nuevos tamaños monetarios, habrá más empresas que podrán acceder a las ayudas o subvenciones que exigen una facturación máxima para ser beneficiario. Además, tendrán menos obligaciones documentales y las exigencias tributarias serán menores.

A pesar de estos puntos a favor, la CEOE considera que los nuevos límites son insuficientes pues se limitan al impacto de la inflación y no consideran otros problemas del mercado. Su malestar coincide con el de otros sectores europeos, que también pidieron a la Comisión un ajuste más elevado o la subida automática en caso de que se superara un determinado umbral de inflación. No obstante, Bruselas ha considerado que los nuevos parámetros ya evitan que las micro y pequeñas empresas se vean sujetas involuntariamente a los requisitos más exigentes aplicables a las grandes corporaciones. En cualquier caso, la normativa obliga a las autoridades a revisar los criterios de tamaño monetario cada cinco años y, en caso de ser necesario, ajustarlos a los efectos de la inflación.

Aunque la norma no está desarrollada en España todavía, lo cierto es que los nuevos topes no pueden ser modificados ni existe una alternativa a la regulación propuesta, pues se trata de una transposición directa de la normativa europea. Esto quiere decir que los Estados miembros deben incorporarlo en la legislación nacional dentro de un plazo máximo fijado por la Comisión. En este caso se contempla que sea en el ejercicio fiscal de 2024, aunque se permite aplicarlo de forma anticipada al ejercicio previo.

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