Trabajo se abre a ampliar el colectivo de beneficiarios de los subsidios por desempleo

El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales han retomado este lunes los contactos para abordar la reforma de los subsidios por desempleo tras el fracaso en la aprobación del real decreto presentado por Gobierno en el Congreso de los Diputados el pasado 19 de diciembre. “Ha sido una mesa muy constructiva y que se ha desarrollado en un clima de gran colaboración”, ha destacado el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey. Durante el encuentro, los representantes sindicales y empresariales han presentado varias propuestas de mejora de un texto que en su anterior tramitación apenas pudieron revisar antes de que fuera sometido a votación. Tanto UGT como CC OO han planteado aumentar las cuantías asistenciales de los parados mayores de 52 años, y extender el campo de actuación para tratar de que otros colectivos se puedan ver beneficiados por estas ayudas a desempleados.

“Las organizaciones sindicales nos han hecho ver que hay margen para la mejora en el margen asistencial, de la posibilidad de extenderlo también al trabajo a tiempo parcial, y de la necesidad de establecer cambios que nos permitan garantizar que el tránsito desde el final del cobro del subsidio al ingreso mínimo vital (IMV) sea adecuado”, ha reconocido Pérez Rey. “Hemos quedado en volvernos a ver de una manera rápida, ya que el Gobierno trabaja con la necesidad de encontrar un acuerdo lo antes posible”, ha añadido.

Los representantes sindicales también han valorado positivamente el encuentro con Trabajo, aunque han dejado claro que el texto original —que decayó tras obtener 167 síes y 176 noes, entre ellos los de los cinco diputados de Podemos— presentaba algunas carencias que esperan corregir durante esta negociación. “Más de la mitad de las prestaciones que se realizan obedecen a subsidios. De ahí la enorme importancia que tiene esta negociación”, ha reflexionado Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

“Esta importancia no fue acompañada por un proceso negociador, sino que anteriormente se nos dio traslado de un real decreto en una única reunión, en la que hicimos varias aportaciones para mejorar este proyecto. Las líneas básicas eran y siguen siendo tres: vincular cualquier política que tenga un régimen asistencial con las políticas activas de empleo. Además de hacer una protección eficaz, es importante dar salidas y acompañar a los desempleados en la búsqueda de un nuevo puesto de trabajo”, ha añadido Luján. Sus proposiciones pasan por ampliar el número de colectivos que podrían beneficiarse de estas ayudas. Entre ellos las personas transfronterizas de Ceuta y Melilla, el personal agrario, e incluso los parados menores de 45 años.

Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas en CC OO, ha señalado, por su parte, la necesidad de “acabar con la parcialidad en la cuantía de algunos subsidios que lleva a que las personas que los perciben, fundamentalmente mujeres, tengan prestaciones inferiores a 480 euros si proceden de un contrato a tiempo parcial,” o a “valorar la situación en la que quedan los colectivos que se quieren derivar al ingreso mínimo vital y que algunos de ellos podrían quedar excluidos de protección”. Al mismo tiempo, también ha propuesto mejorar las cuantías de los subsidios, incluidos los de los mayores de 52 años, y mejorar el acceso para los menores de 45 años, y abordarlo “en colectivos que hoy no lo tienen como el de los autónomos”.

El cuerpo normativo de la reforma del subsidio de desempleo, que no logró los apoyos políticos necesarios para salir adelante, recogía un incremento programado de las cuantías hasta 570 euros en los seis primeros meses para la mayoría de las prestaciones, de 540 en los seis siguientes y desde entonces en los actuales 480. La mayoría de ellas contaban con un límite temporal de un semestre —prorrogable en función de las circunstancias—, pero el más frecuente (45% de los receptores), el de los mayores de 52 años, es el que más se puede extender temporalmente. Para ellos, la cuantía se quedaría en 480 euros durante todo el periodo.

Explorar vías

La justificación detrás del rechazo de Podemos se esconde en la parte del texto que contempla un recorte de la base de cotización que afecta negativamente a la pensión de los desempleados mayores de 52 años. Ahora el Estado cotiza por estos trabajadores por una cuantía equivalente al 125% de la base mínima fijada legalmente cada año, pero con la reforma esta proporción se contrae año a año hasta el 100%. Esto acabaría conduciendo a una pensión menor a la obtenida con el anterior sistema.

“Las organizaciones sindicales han hecho propuestas para soluciones técnicas para esa cotización del 125%, que fue un parche para evitar que estos trabajadores tuvieran una enorme pérdida en sus jubilaciones. El Gobierno está dispuesto a explorar todas las medidas que sirvan para que el diálogo social muestre su respaldo a esta reforma”, ha manifestado Pérez Rey. “El real decreto que se llevó a trámite tenía mejoras que así reconocimos, puesto que era mejor que la situación anterior, pero tenía deficiencias que pensábamos que se podrían corregir en el trámite de la negociación parlamentaria”, ha completado Luján.

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