Los sindicatos, “cabreados” con el Gobierno por aprobar la prevalencia de los convenios autonómicos

El Boletín Oficial del Estado de este miércoles ha llegado con sorpresas en materia laboral. Los nuevos subsidios no entrarán en aplicación hasta junio de 2024, se reduce la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años y, además, las prestaciones compatibles con el empleo serán decrecientes, cuando el martes se dijo lo contrario. Pero la mayor sorpresa no tiene que ver con subsidios, sino con un compromiso que el PSOE alcanzó con el PNV para lograr la investidura de Pedro Sánchez: el Gobierno ha aprobado sin previo aviso el cambio que da prevalencia a los convenios autonómicos sobre los estatales. Tanto la reforma de los subsidios como este cambio en la jerarquía de convenios se han adoptado sin el concurso de sindicatos y patronal, lo que ha molestado mucho a los actores del diálogo social.

En un comunicado conjunto, UGT y CC OO expresan “preocupación” por el hecho de que “una reforma de la estructura de la negociación colectiva se haya hecho obviando el marco del diálogo social y sin oír a sus legítimos representantes”. “El inicio de la legislatura adolece de un abordaje ordenado del marco de concertación social que tan buenos réditos dio a nuestro país en el anterior mandato. Ante lo que, consideramos, empieza a suponer un quebranto del clima de confianza del que ha gozado la negociación tripartita en los últimos tiempos”, añaden las centrales.

En privado el mensaje de los representantes de los trabajadores sube los decibelios: reconocen estar “cabreados” y creen que “no hay justificación” en esta forma de actuar del Gobierno.

El cambio en los convenios es el que más ha soliviantado a los sindicatos, pero también se muestran molestos por cómo se ha desarrollado la reforma de los subsidios. Aunque consideran un avance el incremento de las cuantías o la ampliación a nuevos colectivos, advierten “algunas insuficiencias relacionadas con el acceso al subsidio cuando se procede de un empleo a tiempo parcial o la insuficiente ampliación a las personas de menos de 45 años al mantener la limitación a quienes hayan agotado una prestación contributiva de 360 días”. Tampoco gusta a los sindicatos la paulatina reducción de la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años, que en la actualidad es el 125% de la base mínima vigente cada año.

Por todo ello, las centrales piden al presidente del Gobierno que convoque a los agentes sociales para “restaurar confianzas”.

Los otros protagonistas del diálogo social, los empresarios, también han enviado un comunicado esta mañana en protesta contra lo publicado en el BOE. En este caso, se centran en lo referente a los convenios. CEOE y Cepyme muestran su “rechazo total” a la “ aprobación, sin preaviso y desde el desprecio al diálogo social de la prevalencia de los convenios autonómicos frente a los nacionales o de empresa”.

“Desde el punto de vista formal, queremos recordar que la propia Constitución recoge el mandato de consultar a los agentes sociales modificaciones de este calado en la negociación colectiva. Cambios que, además, acordamos no incluir en la última reforma laboral que pactamos en el marco del diálogo social tripartito y que adoptamos como hito necesario para poder seguir recibiendo los fondos europeos previstos”, lamentan los empresarios.

Las patronales creen que el Ejecutivo “se ha saltado de forma radical los acuerdos alcanzados” y que esto demuestra “una falta de lealtad y confianza imprescindible”. Además, más allá de cómo se ha adoptado esta medida, los empresarios protestan por el contenido: “Atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional, en dirección contraria precisamente de los esfuerzos que, a nivel europeo y aún dentro de la presidencia española del Consejo de la UE, se están desarrollando para reforzar la unidad de mercado como elemento fundamental de competitividad. Por tanto, la materialización de este acuerdo político supondrá un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española”.

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