Los desencuentros más sonados entre Calviño y Díaz

“Todo lo que haces me irrita y cuando no estás me irrita imaginar lo que harás cuando vengas”. Esta es una de las frases que resume muy bien la comedia de 1968 La extraña pareja, en la que sus protagonistas, Felix Ungar (Jack Lemmon) y Oscar Madison (Walter Matthau) son dos divorciados con caracteres diametralmente opuestos que deciden compartir piso y gastos y comprueban, a base de conflictos diarios (contados con mucho humor), lo difícil que es la convivencia con formas tan distintas de afrontar la vida. Sin llegar probablemente a ese nivel de “irritación”, la relación entre Lemmon y Matthau en esta cinta bien podría encontrar su reflejo en el mismo Consejo de Ministros del Gobierno de España y sus protagonistas serían dos de sus vicepresidentas: la primera y ministra de Economía, Nadia Calviño; y la segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En este caso, los desencuentros no vienen tan marcados por su forma de ser como por su manera de aproximarse a la política económica, así como por los diferentes compañeros de viaje escogidos por ambas para diseñar las distintas normas que marcaron la pasada legislatura, y las que compondrán la nueva. Díaz es una abogada laboralista marcadamente de izquierdas, que suele encontrar casi siempre el apoyo de los sindicatos y viceversa en las numerosas negociaciones sobre las que ha construido su marca de la casa: sacar las leyes adelante siempre primero con el diálogo social. Mientras que Calviño es una reputada tecnócrata curtida en Bruselas que vela por la ortodoxia y se pone también, de vez en cuando, en los zapatos de los empresarios, que suelen alinearse, a su vez, con ella cuando surgen las discrepancias con Trabajo.

La legislatura no ha hecho más que arrancar y las dos vicepresidentas ya han protagonizado una polémica sobre la reforma del subsidio de desempleo. Pero la historia de roces entre ambas es larga. Ya en la pandemia, los primeros choques llegaron con el alcance de una de las primeras más polémicas medidas promovidas por Díaz que fue la denominada “prohibición de despedir”, que impedía al empresario rescindir los contratos amparándose en la crisis generada por la covid. Acto seguido, las numerosas prórrogas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) también generaron cierta inquietud en Economía, donde defendían desde el primer momento un recorte gradual de estas ayudas. En este escenario, el departamento de Calviño también descafeinó el subsidio extraordinario para 250.000 parados que perdieron sus ayudas en el estado de alarma, una medida reiteradamente reclamada por los sindicatos que finalmente sentenciaron que esta ayuda llegaba “tarde y mal”.

Poco después, el diseño y aprobación de la denominada ley Rider, que regula el empleo en las plataformas digitales, también abrió un cisma entre las dos vicepresidentas. El problema en esta ocasión era el alcance de esta regulación, que Trabajo quería extender a todo tipo de plataformas y Economía limitó al colectivo de repartidores.

Pero la reforma laboral fue quizás la polémica más sonada, sobre todo, porque en un momento de la negociación Calviño reivindicó su papel en la redacción de esta norma, junto a otros ministerios como el de Hacienda, Seguridad Social o Educación, frente a lo que consideraba un protagonismo excesivo de Trabajo en las conversaciones con patronal y sindicatos. Las diferencias en esta materia surgieron desde el principio. La intención de Díaz de derogar la reforma que hizo en 2012 el anterior Gobierno del PP de Mariano Rajoy, fue mitigada desde el primer momento por parte de Economía, que reescribió muchos de los puntos que defendió el Gobierno.

Sin embargo, la titular de Trabajo consiguió revertir algunas de las cuestiones de la reforma del PP que más mermaban el poder de los sindicatos. Así Díaz recuperó la ultraactividad de los convenios colectivos (que su vigencia no se agote hasta que haya un nuevo acuerdo pactado); y consiguió que la prioridad aplicativa volviera a recaer en los convenios sectoriales en lugar de los de empresa. No logró, por el contrario, fijar un porcentaje máximo de contratos temporales en las empresas, aunque el diseño final de la reforma ha logrado —sin esa obligatoriedad que rechazaba Calviño— reducir la tasa de temporalidad del sector privado al 14%.

Las distintas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en la pasada legislatura y, sobre todo, la de 2023 presionada por la crisis inflacionista, ha sido otra batalla librada entre ambas vicepresidentas. La negociación para subir esta renta evidenció que Calviño se aliaba con las tesis patronales, dispuestas a subir el SMI un 4%, pero finalmente en esto ganó claramente Díaz, logrando un incremento del 8%.

También ha habido otras polémicas que han saltado a la esfera pública, como cuando en pleno azote de la crisis de la inflación, la vicepresidenta segunda quiso limitar el precio de los productos básicos de la cesta de la compra o meses después, congelar las hipotecas variables. Ambas iniciativas fueron frenadas desde Economía. Finalmente, otra medida que sí consiguió aprobar la ministra de Trabajo y que rechazó públicamente su compañera de gabinete fue la baja laboral de nueva creación por menstruaciones dolorosas, que la ministra de Economía consideró que podía “estigmatizar” a las mujeres frente a los hombres en el mercado laboral.

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