Sunak anuncia recortes mínimos de impuestos y ayudas a la empresa para contentar al ala dura de los conservadores

Subida del salario mínimo, ajuste generoso con el aumento de las pensiones y ayudas sociales, reducción de las cuotas de la seguridad social y mantenimiento de las deducciones a las empresas por inversión de capital. Rishi Sunak, y su ministro de Economía, Jeremy Hunt, han intentado desesperadamente este miércoles convencer al ala dura del Partido Conservador, y a los votantes, de su firme voluntad de aliviar el bolsillo de ciudadanos y empresas durante el año electoral que se avecina.

Los 110 gestos y medidas anunciadas en el llamado Presupuesto de Otoño (Autumn Statement) —más un análisis del estado de la economía y las decisiones económicas del Gobierno para estimularla que un presupuesto propiamente dicho—, presentado por Hunt ante la Cámara de los Comunes, tienen sin embargo más de golpe de efecto o de ligero alivio que de verdadero estímulo para un Reino Unido cuya actividad permanece en crecimiento plano. De momento, el Impuesto sobre la Renta, el de Sociedades o el de Sucesión, por muchos rumores que circularan durante las últimas semanas, no se tocarán. Queda muy reciente el terremoto que provocó hace un año la ex primera ministra Liz Truss con una rebaja de impuestos irresponsable y mal calculada.

El ministro británico de Economía se ha aferrado a ciertas alegrías y sorpresas de última hora, como la reducción drástica de la inflación (4,6% en octubre, frente al 11,1% de hace un año) o el ligero crecimiento del PIB en 2023, que rondará el 0,6%, en vez de la recesión que daban prácticamente por segura el Banco de Inglaterra (BoE, en sus siglas en inglés) y otras instituciones económicas. La máxima autoridad monetaria británica ha subido ya hasta en 11 ocasiones los tipos de interés, y no tiene ninguna voluntad de comenzar a bajarlos de nuevo, con una inflación que más que dobla el objetivo del BoE del 2%.

Con esa perspectiva, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria (OBR), el organismo independiente que supervisa las cuentas públicas, ha rebajado notablemente las previsiones de crecimiento de la economía del Reino Unido para 2024 y2025, del 1,8% al 0,7% y del 2,5% al 1,4%, respectivamente.

Las medidas de alivio

En una situación política preocupante para los tories, con unas encuestas que dan una ventaja de hasta 20 puntos porcentuales a la oposición laborista, el orden de los anuncios positivos era evidente: primero a los ciudadanos, luego a las empresas. Hunt ha anunciado un recorte del 2% en la parte de la cuota a la seguridad social (National Insurance Tax) que corresponde pagar a los trabajadores. Del 12% al 10%, lo que supondrá un ahorro anual para esas personas de alrededor de 450 libras esterlinas (unos 516 euros).

El Gobierno sube, además, de nuevo el salario mínimo interprofesional, que en el Reino Unido se establece por horas y con diferentes rangos de edad de los trabajadores, de las 10,42 libras por hora (12 euros aproximadamente) a las 11,44 (13,13 euros). Según los cálculos expuestos por el propio Hunt, eso supondrá poco más 2.000 euros anuales para un trabajador medio a jornada completa.

Las pensiones públicas subirán también a partir de abril un 8,5%, y las ayudas públicas (los llamados benefits) para las personas más vulnerables, un 6,7%. Es decir, el Gobierno las ajusta a la inflación de septiembre y no a la menor cifra registrada en octubre.

Junto a la zanahoria, sin embargo, viene también el palo, en forma de medidas de supuesto estímulo al empleo que tienen más de escarmiento social y suenan estupendamente en los oídos del sector más duro y neoliberal del Partido Conservador. Hunt ha anunciado un endurecimiento de las reglas del Estado del bienestar. Los beneficiarios de ayudas públicas que, pudiendo hacerlo, no hayan sido capaces de incorporarse al mercado laboral en un plazo de 18 meses deberán aceptar el trabajo que les asigne una agencia pública de empleo o perderán sus ayudas a los seis meses. Además, ha dicho el ministro, el Gobierno reformará el método para analizar la incapacidad laboral de algunos ciudadanos, para dotar de más flexibilidad a la posibilidad de trabajar desde casa.

Mayor inversión empresarial

El Gobierno de Sunak sabe que difícilmente estimulará un mayor crecimiento de la economía si no aumenta la inversión de las empresas. Hunt ha anunciado la decisión de su departamento de convertir en permanentes las deducciones fiscales que se otorgaban a tal efecto, con fecha de caducidad hasta 2026. “La principal patronal del Reino Unido y más de 200 empresas han asegurado que transformar estas deducciones en permanentes es la medida con mayor capacidad de transformación que puede adoptarse. Supondrá más de 11.000 millones de libras al año (unos 12.600 millones de euros), y por eso dije que sólo lo haría si nos lo podíamos permitir”, ha explicado. “Con la inflación reducida a la mitad, y la deuda pública bajando, voy a cumplir esa promesa, que supondrá la mayor reducción fiscal a las empresas en la historia británica contemporánea”, ha proclamado el ministro.

La medida, según cálculos del ministerio de Economía, puede elevar la inversión privada anual en el Reino Unido hasta los 20.000 millones de libras (unos 23.000 millones de euros).

Sin embargo, la necesidad de Hunt de inflar con cierta exageración todas sus medidas de estímulo de la economía se ha topada con un análisis más bien parco y frío de la OBR. En primer lugar, porque su verdadero impacto sobre el crecimiento económico será mínimo. Pero sobre todo, como ha señalado el director de la OBR, Richard Hughes, porque el Gobierno se ha gastado en rebajas fiscales mínimas el techo de gasto que aún le sobraba, en vez de destinarlo a departamentos ministeriales muy necesitados de inversión pública. “Si hubieran querido realmente preservar la capacidad de gasto de los servicios públicos, frente a la posibilidad de una inflación mayor en los próximos cinco años, el margen para otras medidas [las rebajas fiscales] habría sido inexistente”, indicaba Hughes.

La portavoz de Economía de la oposición laborista (y muy probable nueva ministra dentro de un año), Rachel Reeves, ha acusado al Gobierno de tocar fondo, y ha recordado a Hunt que las medidas anunciadas “no compensan ni remotamente”, lo que los ciudadanos deben pagar ahora por sus hipotecas, su energía o la cesta de la compra.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal