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El Tribunal Supremo del Reino Unido niega a los repartidores de Deliveroo el derecho a la negociación colectiva

La justicia británica rechaza que haya una relación laboral entre la empresa y los ‘riders’, en una sentencia histórica para la economía ‘gig’

Deliveroo Reino Unido
Un repartidor de Deliveroo espera a las puertas de un restaurante de Londres, el pasado 10 de octubre.SUZANNE PLUNKETT (REUTERS)
Rafa de Miguel

El Tribunal Supremo del Reino Unido ha propinado este martes un duro golpe a los repartidores de Deliveroo, en una sentencia histórica sobre las relaciones y derechos laborales de la economía gig. Los cinco magistrados que firman la sentencia han negado al sindicato Independent Worker’s Union of Great Britain (IWGB, en sus siglas en inglés) la posibilidad de representar a los riders en una negociación colectiva para defender sus salarios o condiciones de trabajo. El Supremo confirma la decisión de instancias judiciales inferiores —el recorrido judicial del asunto ha durado más de siete años—, que niegan la existencia de una relación laboral entre la empresa y los repartidores.

Según expone la sentencia, los trabajadores funcionan como autónomos (basan su carga laboral en lo que les asigna la app a la que están suscritos), y tienen la libertad de trasladar a un sustituto sus obligaciones o incluso de realizar el trabajo encargado a otro rider. “Los repartidores pueden rechazar ofertas de trabajo, declararse ellos mismos no disponibles o incluso comprometerse a realizar encargos de sus competidores”, reza la decisión. “Todas estas características resultan fundamentalmente incompatibles con cualquier noción de una relación laboral”, añade.

IWGB, que agrupa bajo su protección al mayor número de repartidores de la economía gig en el Reino Unido, ha asegurado que contempla la posibilidad de recurrir ante la justicia europea —ante el Tribunal de Estrasburgo— en busca del amparo del derecho internacional. “La sentencia del Supremo supone una gran decepción, después de varios años de batalla legal para asegurar los derechos de los riders a contar con unos derechos laborales mínimos. No podemos aceptar, como sindicato, que miles de trabajadores sigan desempeñando su tarea sin protecciones clave como el derecho a la negociación colectiva”, ha asegurado la central. “Esta falsa y peligrosa dicotomía entre los derechos laborales y la flexibilidad [para aceptar encargos] es un argumento que Deliveroo y otros gigantes de la economía gig utilizan para dar legitimidad a la explotación de su modelo de negocio”, han añadido.

La compañía se ha felicitado por la decisión del Supremo y la considera “positiva” para sus trabajadores, porque “valora la flexibilidad que ofrece el autoempleo”.

Aunque Deliveroo llegó el año pasado a un acuerdo con el sindicato GMB por el que otorgó cobertura de seguro a los repartidores, bajas laborales por enfermedad y la posibilidad de ser representados por un sindicato, los críticos de la empresa —especialmente en IWGB— denunciaron el acuerdo como una maniobra de publicidad y un ejercicio de cinismo e hipocresía. El acuerdo permitía a Deliveroo decidir qué sindicato reconocía como interlocutor y cuál no.

La empresa todavía no ha comenzado a generar beneficios, a pesar del crecimiento continuo de sus ingresos.

En Bruselas, la UE estudia ya cómo dotar de mayores protecciones a los trabajadores de la economía gig. La idea de que una empresa pueda controlar el número de horas de trabajo de las personas a su disposición, el tipo de ropa que deben llevar, e incluso tenga capacidad de obligarles a aceptar o no un encargo, dicen algunas de las recomendaciones barajadas en las instituciones comunitarias, convierten a los riders en empleados laborales con todas las consecuencias.

En España, Deliveroo ha dejado de operar hace un año, justo antes de que se aprobara y entrara en vigor la nueva ley de riders, que obligaba a la empresa a contratar directamente, o subcontratar de otro proveedor, a sus repartidores.


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Sobre la firma

Rafa de Miguel
Es el corresponsal de EL PAÍS para el Reino Unido e Irlanda. Fue el primer corresponsal de CNN+ en EE UU, donde cubrió el 11-S. Ha dirigido los Servicios Informativos de la SER, fue redactor Jefe de España y Director Adjunto de EL PAÍS. Licenciado en Derecho y Máster en Periodismo por la Escuela de EL PAÍS/UNAM.

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