Bruselas permite seis meses más de ayudas de Estado por los altos precios de la energía

La casi barra libre de las ayudas de Estado para amortiguar la subida de los precios de la energía estará abierta seis meses más, hasta el 30 de junio de 2024. A finales de este año estaba previsto que acabara la regulación que facilita a los países prestar auxilio a las empresas asfixiadas por los precios de la energía, pero finalmente la Comisión Europea ha extendido la medida medio año más. La intención inicial del departamento de Competencia era conceder una prórroga de tres meses, hasta el 31 de marzo, y con esa intención abrió una consulta el pasado 6 de noviembre. Oídas las capitales, el Ejecutivo comunitario ha cambiado de planes y ha alargado su plan inicial más de lo previsto.

Esta ampliación del régimen laxo de ayudas por seis meses más supone, en cierto modo, una contradicción con las recomendaciones presupuestarias que la Comisión Europea lleva lanzando desde, al menos, la primavera, cuando Bruselas comenzó a dar por superada la crisis energética. El argumento empleado en el Ejecutivo para el paso anunciado este lunes es que a pesar de que la situación ya no es tan difícil como hace un año, la cotización de las materias primas sigue teniendo un alto componente de incertidumbre, algo que recogían las previsiones económicas comunitarias divulgadas hace una semana. Se busca, por tanto, dejar la puerta abierta para que los Estados no tengan las manos atadas durante el invierno y algo más por si la situación empeora de nuevo, algo que no puede descartarse ante el escenario geoestratégico abierto a las puertas de la UE (la invasión de Ucrania por Rusia y el conflicto bélico entre Israel y Hamás).

La primera regulación que permitió a los Estados salir en auxilio de las empresas golpeadas por la crisis energética se aprobó el 23 de marzo de 2022, apenas un mes después de que Rusia invadiera Ucrania, hecho que agravó la situación de los precios en los mercados de gas. Posteriormente fue prorrogándose y enmendándose en junio y octubre del mismo año, hasta que el 9 de marzo de este mismo año, la Comisión amplió mucho el margen para dar ayudas de Estado con un marco legal que avalaba los subsidios para respaldar a las compañías golpeadas por la crisis, pero también para impulsar las transiciones energética y la digital a largo plazo. De hecho, esta nueva regulación fue presentada casi como una respuesta a las inyecciones multimillonarias al sector privado previstas en otras regiones del planeta (Estados Unidos, China, Japón) para que así no perdiera competitividad.

Ahora Bruselas permitirá la prórroga de las pocas líneas de ayudas que caducaban este año, porque ese marco regulatorio aprobado en marzo mantenía la relajación legal hasta 2025. En concreto, prolonga dos: la que permite ayudas de hasta 2,25 millones de euros a empresas golpeadas por el incremento de precios en la mayoría de sectores económicos, incluso se aumenta la cantidad en 250.000 euros porque ahora se fija el tope en dos millones, y la que permite la compensación parcial a compañías intensivas en energía para “cubrir una parte adicional de los costes de la energía que excedan significativamente los precios de los niveles precrisis”.

Rebajar los requisitos para conceder ayudas de Estado fue una de las respuestas económicas de Bruselas al inicio de la invasión de Ucrania y estallar la crisis de precios energéticos. La decisión tenía un precedente muy próximo, incluso todavía vigente en ese momento: la relajación adoptada durante la pandemia para apoyar a un sector privado al que se le impusieron muchas restricciones para frenar la crisis sanitaria. La consecuencia inmediata en 2020 fue que las ayudas públicas se dispararon. Si en 2019 la cantidad total subió a cerca de 140.000 millones, un año después ascendió a casi 390.000, contando a Reino Unido (320.000 sin sumarlo). Un año después, en 2021, ya sin Londres tras el Brexit, la cifra fue prácticamente la misma, según los datos de la Comisión.

Todavía no hay datos de 2022 ni, por supuesto de 2023, pero los números provisionales de líneas ayudas —no dinero gastado— a las que Bruselas ha dado el visto bueno adelantan cifras significativas: hasta el pasado agosto la cantidad de líneas de subvenciones, créditos o apoyos lanzados desde los Estados con el respaldo de la Comisión amparadas en la regulación aprobada en marzo en ascendía a 741.000 millones de euros, la mitad de los cuales corresponden a iniciativas de Berlín.

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