Cemex pierde la última batalla millonaria contra Hacienda

Punto y final al litigio millonario que desde hace años enfrenta a la filial de la cementera Cemex en España y Hacienda. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que la empresa interpuso para librarse de la multa impuesta por cometer irregularidades fiscales durante los ejercicios 2006 y 2009, dirigidas a rebajar el pago de impuestos, según una sentencia del 13 de noviembre que resuelve el caso y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La cifra reclamada, que la compañía tendrá finalmente que hacer efectiva, alcanza los 455 millones de euros y es la mayor sanción jamás impuesta por la Agencia Tributaria hasta el momento.

El tira y afloja en los tribunales empezó hace más de una década, en 2011, cuando Hacienda multó a Cemex España por haber elevado sus pérdidas de forma artificial entre 2006 y 2009 a través de una red de operaciones simuladas. De esta forma, la sociedad logró conseguir créditos fiscales para rebajar el pago de impuestos exigidos en ejercicios posteriores.

La multinacional dio inicio a una batalla judicial con un primer recurso, que no prosperó, ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC). El segundo paso fue recurrir a la Audiencia Nacional, con un texto de unas 400 páginas en las cuales intentó defender que las operaciones llevadas a cabo en el ejercicio investigado estaban conformes a la ley. También adujo prescripción y defectos de forma en el procedimiento de inspección de Hacienda para esquivar la multa, pero el tribunal confirmó casi por completo la postura del fisco.

En su fallo, de diciembre de 2021, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional confirmó las infracciones detectadas por la inspección. Esta descubrió una serie de operaciones que iban desde préstamos intragrupo a ampliaciones de capital, liquidaciones de filiales y otros movimientos en lugares distintos del globo, como Irlanda, Australia, Hungría y hasta jurisdicciones consideradas refugios fiscales como el Estado de Delaware, en Estados Unidos. En todos los casos, el objetivo era rebajar de forma artificial la factura fiscal a abonar en España.

La inspección dictó dos acuerdos sancionadores por violar la ley general tributaria. El primero, relativo a los ejercicios comprendido entre 2006 a 2008, “por un importe global ascendente a 116.840.619,55 euros”; el segundo, referido al ejercicio 2009, por 339.481.608,80 euros. En total, más de 455 millones de euros.

“Tiene razón el TEAC cuando afirma que cabe apreciar la existencia de simulación cuando a lo largo del expediente se recaben pruebas que permitan cuestionar la propia realidad de las operaciones y que demuestren que éstas, al margen de la apariencia formal que presenten, forman parte de una planificación consciente y deliberada cuya finalidad consiste en perjudicar al fisco español”, recoge el texto del fallo.

Pese a declarar pérdidas milmillonarias en los periodos inspeccionados, la filial de Cemex en España obtuvo beneficios por su actividad operativa. Declaró ganancias por 550 millones de euros, y a la vez unas bases imponibles negativas —que se pueden emplear en los años sucesivos para reducir el pago de impuestos— de más de 6.331 millones, es decir unas 10 veces más, motivadas por imputar a la compañía española unos resultados y operaciones financieras que no estaban justificadas, salvo para inflar los gastos. “Sugiere un modo de proceder de entidades multinacionales que nos resulta conocido, muy común en la época a la que se refieren las liquidaciones y aún antes”, dice la sentencia.

Terremoto en la Agencia Tributaria

El caso de Cemex es muy sonado, no solo por el importe tan elevado de la multa, sino por causar un terremoto en la Agencia Tributaria. La inspectora que investigaba el expediente de la cementera, Dolores Linares, fue cesada en 2013 de la noche a la mañana. A continuación, se produjo una serie de dimisiones en cascada como protesta en contra de su cese. La funcionaria, adscrita al departamento de Grandes Contribuyentes, había rechazado, supuestamente en contra del criterio de la dirección, un recurso de reposición presentado por la multinacional mexicana contra una sanción millonaria: la relativa al litigio que ahora finiquita el Supremo.

El entonces director general del organismo, Santiago Menéndez, acababa de asumir el cargo y Cemex había anunciado grandes inversiones en España. Aunque el Ministerio de Hacienda defendió que el cese de Linares se debía a cuestiones de reestructuración vinculadas al nuevo nombramiento, el seísmo fue inevitable: fuentes de la Inspección insistieron que la destitución se produjo de forma “fulminante” y que estaba relacionada directamente con la desestimación del recurso de la cementera, y varios perfiles claves de la Agencia Tributaria dejaron su puesto. Entre ellos, el director superior de Linares y el jefe de inspección, Luis Jones, el número tres de la institución, quien alegó “notables diferencias que han surgido con la dirección general en los últimos meses en relación con diversos asuntos”.

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