Bruselas rechazó financiar los nuevos ERTE con el Fondo de Recuperación

Bruselas ha obligado a España a cambiar sus planes para financiar los nuevos ERTE que se crearon con la reforma laboral aprobada en diciembre de 2021. El Ejecutivo, principalmente el Ministerio de Economía, intentó que unos 3.000 millones de los créditos del Fondo de Recuperación fueran a parar al fondo de financiación del mecanismo RED, el nuevo sistema adicional de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que pueden ser de tipo sectorial o cíclico y cuyo uso ha de aprobarse de forma previa en el Consejo de Ministros. Así lo apuntan diversas fuentes conocedoras de las conversaciones entre Madrid y Bruselas.

Tampoco acabó de gustar inicialmente a la Comisión Europea que se utilizaran estos créditos para financiar el Ingreso Mínimo Vital (IMV). De modo que finalmente ambas iniciativas han desaparecido en la revisión del Plan de Recuperación español que aprobó el Ejecutivo comunitario el lunes pasado y por el que España tendrá acceso a 10.000 millones adicionales en subvenciones y 83.000 millones en créditos. Según subrayan fuentes gubernamentales, estos recursos se han redirigido hacia la inversión productiva, como en la línea ICO Verde o la del ICO para pymes y emprendedores.

A comienzos de año, la primera intención de España era reclamar 5.000 millones para el fondo de los nuevos ERTE y otros 9.000 millones para un fondo que financiaba tanto el Ingreso Mínimo Vital como los mecanismos de inserción de sus beneficiarios. Pero el reglamento del Fondo de Recuperación no permite la financiación de gasto corriente con sus recursos. Además, las prestaciones constituyen un gasto recurrente que se repite todos los años. Por estos motivos, en Bruselas este planteamiento no se vio con buenos ojos.

Ante esa posición mostrada por los técnicos de la Comisión, el Gobierno español redujo la cantidad solicitada en ambos casos cuando se hizo la solicitud formal en julio de la llamada adenda al Plan de Recuperación: en lugar de los 5.000 millones pidió 3.000 millones en aportaciones al fondo del mecanismo RED. En vez de los 9.000 millones, solicitó 2.530 millones exclusivamente para los cursos de integración de los beneficiarios del IMV, dejando fuera la idea de financiar los subsidios. La respuesta a esta nuevo esquema vino a ser la misma para el caso de la financiación de los ERTE con un añadido: el dinero del plan de Recuperación tiene que gastarse antes de que concluya 2026 y nadie asegura que esos recursos se hubieran desembolsado antes del límite si se colocan en un fondo de contingencias para crisis.

Desde el primer momento en el que diseñaron los nuevos ERTE, el Gobierno español planteó crear un fondo para financiarlos. Este se nutriría con el dinero sobrante de las cotizaciones por desempleo y, en sus primeros años, con los créditos del Plan de Recuperación, algo que estaba recogido en un documento que el Ejecutivo remitió a Bruselas a comienzos de 2022 para explicar las bondades de la nueva herramienta y en el que cifraba en 23.000 millones el dinero que se podía acumular en sus seis primeros años de funcionamiento.

Esas fuentes de financiación también se contemplan en el artículo 26 del reglamento que desarrolla el mecanismo RED y que se aprobó en julio de este año. Esto quiere decir que, pese a que no se ha cumplido lo previsto inicialmente por el Gobierno y no llegará el dinero comunitario, a partir del año que viene ya puede comenzar a dotarse el fondo. ¿Por qué? La buena situación del mercado laboral español ha llevado en los últimos años a que haya un excedente en la recaudación por cotizaciones para el seguro de desempleo. Por ejemplo, en 2022 el saldo positivo llegó a unos 6.000 millones y para este año los presupuestos todavía contemplan un superávit mayor. “El mecanismo RED ya contaba con una fuente de financiación propia y, al final, se acordó concentrar esos recursos en la inversión productiva”, señala una fuente gubernamental. No obstante, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya había reclamado para la financiación de las pensiones esa sobrecotización, y recibe una transferencia desde Hacienda, teóricamente justificada por ese concepto, que en 2022 ascendió a los 5.000 millones.

En el caso del ingreso mínimo vital, la petición de fondos se redujo hasta los 2.530 millones. La Comisión sí que aceptaba que se sufragara la formación para reciclar a los beneficiarios y ayudarlos a reintegrarse en el mercado laboral. Este se considera un supuesto que podría entrar dentro de la regulación del Fondo Europeo de Recuperación. En la actualidad, según datos de la Autoridad Fiscal, hay unos 284.000 hogares que reciben esta renta mínima con un coste para las arcas públicas de unos 1.500 millones al año. Sin embargo, fue el Ejecutivo español el que decidió no utilizar esos recursos para la financiación de itinerarios de inserción social o laboral. Ha habido, por tanto, una reorientación de los préstamos que concede la Comisión hacia una mayor inversión productiva. De hecho, los proyectos estratégicos conocidos como PERTE y las iniciativas para acelerar la transición energética son las que más salen ganando con la adenda que ha respaldado la Comisión y que todavía tiene que aprobar el consejo de líderes europeos. Tras la pandemia y la Guerra de Ucrania, el principal objetivo ahora es asegurar la autonomía industrial.

En la adenda se recogen 83.000 millones en créditos a 30 años con carencias de diez y con los tipos de interés a los que se financie la Comisión Europea. El objetivo del Gobierno al querer incluir estos fondos era por tanto abaratar su propia financiación. Se trataba de usar los créditos para sustituir deuda española por deuda de la Comisión, en principio a un interés menor y con plazos medios mayores. Así sucedió con el mecanismo Sure, que se orquestó durante la pandemia para dar financiación a las prestaciones de desempleo. España tomó prestado unos 21.000 millones a un plazo medio de casi 15 años.

Esta negativa de la Comisión coincide con que España está al mismo tiempo intentando que las nuevas reglas fiscales tengan en cuenta y preserven la inversión social. Así lo ha defendido el ministro Escrivá. Incluso ha encargado un informe en esa dirección que prepara junto al ministro del ramo de Bélgica. “La Comisión Europea hace una referencia en su propuesta de gobernanza fiscal a que las políticas sociales sean consideradas como un elemento de flexibilidad. Esto hay que concretarlo y bajarlo a los detalles poniendo el foco en la inversión social”, ha declarado Escrivá recientemente. De hecho, un papel de la Comisión sobre el futuro de la protección social y del Estado del Bienestar en la UE habla de “una regla de oro para las finanzas públicas que permita tomar prestado para invertir en infraestructuras sociales, al menos una fase inicial”.

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