Megabancos gracias al dinero público

Quince años después del cataclismo causado por el colapso del banco estadounidense Lehman Brothers, la economía global sigue en vilo pendiente de los avatares del mundo financiero. Ciertas entidades que resistieron se han convertido en megabancos gigantescos de difícil control y costosísima reparación en caso de fallida. Los fiascos de bancos en Estados Unidos y Suiza durante la pasada primavera han puesto de relieve la insuficiencia de las reformas adoptadas y que las ayudas públicas han sido de nuevo el verdadero sostén del sistema. Diversos estudios alertan de la fragilidad del sistema.

Finance Watch, una organización no gubernamental especializada en regulación financiera, ha subrayado que en los fiascos bancarios de este año, “la tercera línea de defensa se convirtió en la primera. La inyección de dinero público, ya sea a través del banco central o de la intervención del presupuesto público, era la última medida de las tres líneas de defensa previstas para contener las crisis bancarias. Las dos primeras (regulación prudencial y marcos de resolución) que se implementaron para proteger a la sociedad de las crisis bancarias fracasaron. En 2023, una vez más la tercera línea de defensa se convirtió efectivamente en la primera”.

El análisis de la organización, No more crisis: Unkept Promises of Reform, recuerda el verdadero coste de la crisis financiera de 2008. Exigió dos billones de euros de ayuda estatal al sector financiero, es decir, 3.800 euros por cada ciudadano de la UE, y que en tres años (2007–2010) la deuda pública aumentó más de 20 puntos del PIB: del 57% al 79%. En España, por cierto, el salto fue más abrupto, al pasar del 36% al 60% en el mismo periodo. Luego escalaría hasta el 120% en 2020, y actualmente se encuentra en el 113%.

Finance Watch alerta de las presiones de lobby financiero para destruir las protecciones que tanto costaron y que se implementaron después de la crisis. Se refiere a la propuesta legislativa que “sugiere la eliminación de la regla del 8%, que permitiría a los inversores de un banco en quiebra acceder al dinero de los contribuyentes incluso antes de que los accionistas pierdan su participación”. En la regulación actual, los accionistas y acreedores deben asumir previamente las pérdidas hasta el 8% del pasivo antes de usar fondos públicos.

Paralelamente, un reciente documento del FMI, Good Supervision: Lessons from the field, señala carencias en la supervisión. En sus conclusiones apunta que “la atención que otras autoridades responsables presten a los recursos, la independencia y los poderes legales de los supervisores también dará sus frutos”. Admite que la supervisión “rara vez o nunca es suficiente” que “debe diseñarse cuidadosamente e implementarse exhaustivamente”. Y recuerda a “la docena de senadores estadounidenses que escribieron a la Junta de la Reserva Federal: ‘La toma de riesgos irresponsables y excesiva por parte del SVB debería servir como un claro recordatorio de que no se puede dejar que los bancos se supervisen a sí mismos”.

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