Los ministros de Finanzas de la UE apoyan el plan español para cerrar la reforma de las reglas fiscales

La presidencia española del Consejo de la UE ha entrado con buen pie en las fases finales de la reforma del pacto de Estabilidad. Los ministros de Finanzas del grupo han respaldado de forma “unánime”, según ha explicado la vicepresidenta primera española y ministra de Economía, Nadia Calviño, la hoja de ruta que ha puesto sobre la mesa España para avanzar hacia un acuerdo que tiene que estar listo antes de acabar el año. El plan, planteado por Madrid por ostentar la presidencia del Consejo de la UE, identifica los cuatro “asuntos clave” para que se desplieguen las negociaciones técnicas, incluso durante el verano, apuntan fuentes comunitarias. Este apoyo no quiere decir que haya un acuerdo acerca del contenido, más bien lo es sobre el camino para llegar a él, ya que este viernes no se ha bajado al contenido en el que hay discrepancias serias.

La reforma de las reglas fiscales va a ser uno de los referentes por los que se mida el éxito o el fracaso de la Presidencia española del Consejo de la UE. El objetivo es tenerla lista antes de acabar el año o, en el peor de los casos, prácticamente ultimada. Después del Ecofin, como se llama a la reunión de los ministros de Finanzas de los Veintisiete, el optimismo ha cundido. “Da la sensación de que no estamos muy lejos de una zona de aterrizaje”, señalaban fuentes diplomáticas. Cuando se identifique esa “zona de aterrizaje” —o puntos de encuentro— será cuando se presente un primer borrador para que haya una discusión política sobre el contenido concreto y detallado. Ese momento está previsto para el próximo octubre. Ahí es cuando se verá si hay mimbres para lograr un objetivo sustancial que se esboza en el texto que ha distribuido la presidencia española a los demás Estados: el mantenimiento de “los principios y objetivos clave de la reforma” que puso sobre la mesa la Comisión Europea a finales de abril.

España tiene que encarar todo este trabajo con unas elecciones legislativas que se celebran el próximo 23 de julio, la posterior constitución de las cámaras y un potencial cambio de Gobierno. Pero no es el único país clave en este debate el que los ciudadanos están llamados a las urnas: también hay comicios en Polonia y, sobre todo, en Países Bajos, que junto a España ha ejercido de enlace entre las posiciones más encontradas: por un lado, la de Francia e Italia y, por otro, la de Alemania. “Nada es fácil. Las elecciones pueden complicar más las cosas desde el punto de vista técnico, pero estoy decidido y soy optimista con poder alcanzar un acuerdo para finales de año”, ha señalado el comisario europeo de Economía y Finanzas, Paolo Gentiloni, a su llegada al Ecofin.

Fue el departamento que dirige el italiano el que preparó la propuesta legal del Ejecutivo comunitario después de un primer documento de debate y un acuerdo de líneas básicas en marzo. El planteamiento inicial deja intactos los objetivos de un déficit máximo del 3% del PIB y de un volumen total de deuda del 60% del PIB. En cambio, plantea una forma más “realista” para que los países incumplidores se acerquen a largo plazo a esos números. Propone crear sendas cuatrienales de deuda individualizadas de ajustes fiscales que cada Estado negociaría con el Ejecutivo comunitario. Esas sendas podrían llegar a los siete años si el país concernido acuerda inversiones y reformas con Bruselas, y lo sanciona el Consejo de la UE. Aunque ese punto de partida individual implica ciertas salvaguardas comunes no numéricas como el veto a la demora de ajustes y reformas aceptadas, la reducción de los ratios de deuda en el periodo de duración de la senda y señala que el gasto neto (sin contar partidas cíclicas) no puede crecer más que el PIB a medio plazo.

Sobre esta base, España ha identificado cuatro aspectos en los que hay discrepancias entre los Estados miembro y debe hacerse mucho trabajo técnico para llegar a acercamientos. Uno de ellos es, precisamente, el de las salvaguardas comunes. Con toda probabilidad, en él habrá mucho debate entre las capitales (Berlín o Viena) que piden números iguales para todos o, al menos, los más endeudados; y los que creen que eso es desnaturalizar la propuesta de la Comisión, un bando en el que está la propia Comisión, Francia, Italia y, también, España, aunque a esta última le toca mantener la imparcialidad propia del país que preside el Consejo. Otro aspecto está vinculado al margen de actuación que debe tener cada institución en la definición y aprobación de las sendas fiscales. El tercero sería cómo se deja hueco para las inversiones públicas que requiere Europa para la doble transición (digital y ecológica) conjugándolo con una necesaria reducción de la abultada deuda pública. Y, por último, la combinación entre la individualización del plan de ajuste con la apertura de procedimientos de déficit excesivo.

Junto a este debate, este viernes también estaba presente en la agenda la revisión del marco presupuestario plurianual de la UE (2021-2027) que suele hacerse a mitad de periodo. Hace unas semanas la Comisión planteó a los Estados ampliar en 66.000 millones el presupuesto comunitario para ayudar a Ucrania, afrontar los gastos de migración y el aumento de los tipos de interés, lo que sobrecarga sus obligaciones, ya que el Fondo de Recuperación se financia con deuda. Ahí también se han visto las discrepancias entre los socios. Casi nadie pone pegas a destinar 50.000 millones de euros a un fondo permanente de ayuda a Ucrania hasta 2027. Pero sí hay discrepancias sobre las demás partidas y, sobre todo, en si para financiarlas los Estados deben poner más dinero. “Todos los estados tienen restricciones [fiscales]. Por eso la Comisión no debería esperar una contribución mayor. Ucrania es un asunto distinto”, ha advertido el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner.

Estas discrepancias también apuntan a un dosier difícil resolución para España durante su presidencia. No obstante, Calviño ha destacado que “la presidencia española está comprometida a actuar rápidamente para tener un marco [financiero] estable desde enero de 2024″.

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