La Fiscalía pide más de 20 años de cárcel para directivos de Repsol y Caixabank por contratar a Villarejo

La Fiscalía Anticorrupción ha puesto ya sobre la mesa las penas de cárcel que solicita para los implicados en el caso Wine, el proyecto de espionaje encargado presuntamente por Repsol y Caixabank al comisario jubilado José Manuel Villarejo para actuar contra Luis del Rivero, entonces presidente de Sacyr, que pretendía hacerse en 2011 con el control de la petrolera tras un pacto con la mexicana Pemex. El ministerio público plantea una condena de más de 40 años de prisión para el antiguo agente de la Policía Nacional; y más de 20 años para Rafael Araujo y Miguel Fernández Rancaño, exdirectores de Seguridad respectivamente de Repsol y Caixabank, a las que ha pedido sentar también en el banquillo como responsables civiles subsidiarios.

Este movimiento de Anticorrupción se produce después de que la Audiencia Nacional descartarse hace meses actuar contra el actual presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el expresidente de CaixaBank y exvicepresidente de la energética, Isidro Fainé. El juez instructor Manuel García-Castellón llegó a imputar a ambos en estas pesquisas —que forman parte del macrosumario de corrupción del caso Villarejo—, pero archivó finalmente la causa contra ellos al concluir que no dieron la orden de “contratar” a las empresas del comisario, ni conocieron los “pormenores” y “detalles” del servicio prestado por el agente.

El tribunal circunscribió así la responsabilidad a los directores de Seguridad, Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Fernández Rancaño (CaixaBank); y a Rafael Girona, quien fuera subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera. La Fiscalía pide 28 años de cárcel para Araujo; y 21 años para Rancaño y Girona. Por su parte, la acusación pública solicita 40 años y medio de cárcel para Villarejo; y 32 años y medio para su socio, Rafael Redondo. El juez también propuso enviar al banquillo al comisario Enrique García-Castaño, que supuestamente colaboraba con la trama, pero este sufrió un ictus en 2022 y se encuentra impedido desde entonces. Se les atribuyen delitos de cohecho, falsificación de documentos y descubrimiento y revelación de secretos.

En su escrito de acusación, la Fiscalía expone que “los más altos directivos de Repsol” adoptaron diferentes medidas en 2011 ante la amenaza de que Del Rivero se hiciera con el control de la compañía: “Una de las cuales fue recabar información sobre el meritado pacto de accionistas alcanzado por Sacyr y Pemex, sirviéndose para ello de la dirección de seguridad corporativa de la compañía, a cuyo frente se encontraban Rafael Araujo y Rafael Girona”. Según el ministerio público, ambos contactaron entonces con Villarejo, “a sabiendas de que se encontraba en activo como comisario y que podía servirse de dicha condición para llevar” a cabo la presunta operación de espionaje.

Anticorrupción llega a calificar al grupo de empresas de Villarejores, Cenyt, como una “organización criminal” y resalta que Villarejo tenía acceso a “información de carácter reservado” gracias a su cargo en la Policía. A su vez, la Fiscalía subraya que Caixabank también se sumó al encargo —ya que era accionista de referencia de Repsol—, para lo que entró en juego Miguel Ángel Fernández Rancaño, “en su condición de director del área de seguridad corporativa de la entidad”. Las dos empresas pagaron cerca de 400.00 euros a Villarejo por el Proyecto Wine.

“El resultado de toda la investigación llevada a cabo en el denominado Proyecto Wine se fue plasmando en una serie de informes elaborados en el seno de Cenyt por Villarejo y Redondo, que fueron entregados a Araujo, Girona y Fernández Rancaño en su condición de representantes de las contratantes Repsol y Caixabank”, apostilla la Fiscalía: “A su vez, Araujo y Fernández Rancaño compartieron la información con sus superiores en las respectivas compañías, sin que conste que estos tuvieran conocimiento de que el titular real de la empresa proveedora de los servicios contratada por sus subordinados fuera un comisario en activo de la Policía Nacional”.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal