“Alguien va a tener que pagar por todo esto. Malasia reclamará una compensación por los daños”

La ministra de Justicia de Malasia, Azalina Othman Said (Johor Barhu, 59 años), recorre estos días Europa. Primera parada, Madrid. Atiende a EL PAÍS a través de videoconferencia. Aunque un tribunal francés ha anulado el laudo arbitral que otorgaba a los presuntos herederos del sultán de Joló 15.000 millones de dólares en compensación por la explotación de territorios en el norte de la isla de Borneo -un caso seguido en todo el mundo por su cuantía- los demandantes, con ayuda del fondo de litigación Therium, intentan confiscar bienes del estado malasio (sobre todo del gigante energético público Petronas) por todo el mundo. El abogado Gonzalo Stampa, árbitro de la disputa, trasladó el asunto desde Madrid a territorio francés cuando los tribunales españoles anularon su nombramiento y dieron la razón a Malasia, que alegó indefensión por emplazamiento indebido. Hoy Stampa se enfrenta a un proceso penal por desobediencia.

Pregunta. La justicia española ha abierto proceso penal al abogado Gonzalo Stampa por continuar con este arbitraje en contra de la orden de un tribunal. ¿Por qué ha decidido visitar Madrid?

Respuesta. Sabe usted bien que el proceso penal español lleva su tiempo. La vista oral no comenzará hasta 2024. Estamos en junio de 2023. En ese plazo, pueden ocurrir muchas cosas, porque el señor Stampa ha decidido ir cambiando de jurisdicción. Para nosotros resulta muy injusto. Yo pensaba que lo correcto hubiera sido solventar todo este asunto en Madrid. Una vez que la justicia española ha decidido abrir un proceso penal contra Stampa, lo lógico sería pensar que ahí termina todo. Y si no le gusta la decisión que han tomado en su contra, podría recurrirla.

P. Stampa se fue de Madrid a París, según argumentó, para evitar las injerencias judiciales en el arbitraje.

R. Soy abogada colegiada desde 1990. Y obtuve un máster sobre resolución alternativa de conflictos en la London School of Economics. Siempre he entendido que una norma básica en el arbitraje es que tanto el foro (jurisdicción) como el árbitro deben ser consensuados por ambas partes. No puedes irte de excursión a petición de parte, por las razones que sean, y decidir por tu cuenta la cantidad a pagar. La primera regla del arbitraje es que todas las partes deben estar de acuerdo en el procedimiento. Para nosotros este proceso ha sido un fraude.

P. ¿Qué más puede obtener de la justicia española?

R. Hemos intentado una conclusión del conflicto, porque imponer un laudo arbitral de 15.000 millones de dólares a un estado soberano no solo no es razonable. Es ridículo. Pero desafortunadamente, nos han dicho nuestros asesores jurídicos [entre otros, el despacho de Uría & Menéndez] que el sistema judicial español obliga a esperar a que concluya el proceso penal. No es posible poner una demanda paralela en el proceso civil. Respetamos profundamente el Estado de derecho, tenemos una muy buena relación con España. Pero todo esto nos va a costar mucho dinero. Al final, alguien va a tener que pagar todo esto. Y reclamaremos compensación por daños.

P. ¿Incluirán en esa demanda al fondo de litigación Therium, que lleva veinte millones de dólares gastados en impulsar la demanda?

R. Solo si somos capaces de acumular las suficientes pruebas de que existió una voluntad de engaño desde el inicio, la intención de embarcarse en una estrategia contraria a la ley. Haremos lo que necesitemos hacer para defender nuestra reputación. Pero todavía quedan litigios por resolver en varias jurisdicciones [Francia, Luxemburgo y Holanda], así que no quiero que Therium pueda pensar que estamos amenazando al fondo. Con la información que vayamos obteniendo, haremos lo que necesitemos hacer.

P. ¿Hay algo más detrás de esta demanda de los herederos del sultán de Joló? ¿Una reivindicación de soberanía?

R. Tiene que ser necesariamente una cuestión de dinero. Por eso desafié a los demandantes a que llevaran su reclamación ante el Tribunal Internacional de Justicia, si realmente pensaban que se trataba de una disputa territorial [los habitantes del estado de Sabah, en el norte de Borneo, el territorio en disputa, decidieron a través de referéndum ser parte del nuevo estado de Malasia]. El señor Stampa ha tenido en cuenta casi toda la dimensión de Malasia para calcular una compensación de 15.000 millones. Es ridículo. La primera regla del arbitraje es que la compensación de daños debe ser una cantidad razonable. Y antes de que se solucione el asunto en Madrid, salta a otro país [Francia]. No puedes más que concluir que es una cuestión de dinero. Han intentado forzar a mi país a cerrar un acuerdo y pagar, sin pensar que contratacaríamos.

P. Habrá cambiado su opinión sobre el papel que juegan en la justicia los llamados fondos de litigación.

R. Seamos honestos. Los fondos de litigación lo que quieren es ganar dinero. No invertirán en un pleito si no tienen claro que puede haber beneficios. Es de sentido común. Es un negocio legítimo. Acudir a los tribunales es algo muy caro. Es diferente cuando lo contemplas desde el otro lado. Desde la perspectiva de un Gobierno que se está gastando mucho dinero en abogados y costas. Tengo entendido que la Unión Europea está estudiando algún tipo de regulación respecto a estas entidades de inversión. Yo creo que lo mejor sería que hubiera algún tipo de fondo de compensación para las víctimas, para el caso de que los demandantes no se salgan con la suya. Tienes que ser capaz de respaldar tu palabra con acciones, de poner el dinero donde has puesto la boca. El tribunal de apelación francés nos ha otorgado una compensación de 100.000 euros. ¿Quién los va a pagar? Si quieres la libertad para ganar dinero a base de pleitear, eso debe ir acompañado de la necesaria rendición de cuentas, y de la necesaria compensación, si pierdes y provocas un elevado coste a la parte demandada.

P. ¿De verdad piensa que en este ir y venir del caso por los tribunales europeos hay algo de “colonialismo blanco”, como ha dicho?

R. Por eso nuestra estrategia es múltiple, y conlleva incluso la información de todos los datos históricos a través de una página web en varios idiomas. Esto no es una disputa comercial entre dos compañías. Se trata de unos demandantes que alegan unos supuestos derechos históricos, a los que apoya un fondo de litigación. Tenemos que dar a conocer esa perspectiva histórica, proteger nuestra reputación y reivindicar el derecho a defendernos.

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