Rebelión de los directores territoriales de la Inspección de Trabajo por el bloqueo de la reforma del organismo

El malestar por la parálisis en la reforma organizativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha llegado también y de forma institucional a las cúpulas territoriales de este organismo. Los máximos responsables de todas sus unidades territoriales (Directores/as Territoriales y Jefes/as de Inspección Provincial) han firmado un contundente manifiesto en el que muestran su “profunda preocupación y rechazo” por lo que consideran el incumplimiento, por parte del Gobierno, “del proceso de modernización y reforzamiento de la institución comprometido hace casi dos años, mediante la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)”.

En este manifiesto, que ha sido firmado por más de medio centenar de responsables de toda España y adelantado hoy por eldiario.es, los jefes territoriales de la Inspección critican que, tras numerosas negociaciones, no se haya llevado a cabo aun esta reforma, ya que, según insisten, es “un compromiso del Gobierno, que ya fue también aprobado mediante diferentes decisiones de Gobierno anteriores y últimamente por el acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2021″.

Este enfado ha llevado también a los responsables de la Inspección a “respaldar” las movilizaciones que vienen celebrando los trabajadores del organismo, que mañana tendrán una nueva jornada de protestas ante las sedes de la ITSS de toda España y que desembocarán en una huelga el próximo día 26 de junio, que los sindicatos advierten que podría ser indefinida si no sale adelante esta reforma.

Aunque en el documento no lo especifican, las conversaciones entre los sindicatos de la función pública que representan a la ITSS y los ministerios implicados entraron en barrena a finales de mayo, cuando, según denunciaron desde la cúpula del propio Ministerio de Trabajo, los negociadores del Ministerio de Hacienda y Función Pública paralizaron suspendieron repentinamente la aprobación comprometida de una nueva relación de puestos de trabajo, conocida en el argot de las administraciones como RPT, que supone la columna vertebral de la reforma de este organismo.

Casi de forma inmediata a esta negativa de Hacienda a aprobar una nueva RPT, en Trabajo se interpretó dicha reacción como una pataleta de carácter político dentro del Gobierno de coalición cuatro días antes de las elecciones autonómicas y municipales, porque el ministerio de Función Pública depende del PSOE y el Departamento de Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, algo que fue negado por parte de los negociadores del ministerio de María Jesús Montero. Pero lo cierto es que las negociaciones siguen en punto muerto.

Reproches de Trabajo a Hacienda

Dentro de estas acusaciones de Trabajo a Hacienda, fuentes de la negociación reprochaban al departamento de Montero que sí hubiera aceptado recientemente y en un plazo mucho más breve de tiempo, las reivindicaciones laborales de otros colectivos de la Administración como el personal de Justicia o la plantilla de la Seguridad Social, pertenecientes a ministerios socialistas.

En este sentido, los firmantes de este manifiesto indican: “Constatamos que otros organismos se han visto beneficiados recientemente con mejoras llevadas a cabo en muy corto plazo de tiempo y sin un ejercicio previo del análisis que nosotros hemos realizado, mejoras que no se nos ofrecen a la ITSS, sin que se hayan justificado las razones que impiden la modernización que venimos reclamando hace años de manera meditada, fundada y explicada”.

La nueva RPT que, de momento, ha decidido no aprobar Hacienda y Función Pública, es imprescindible para solventar los problemas que sufre la Inspección y que sus responsables territoriales apuntan en el manifiesto como: insuficiencia de recursos humanos, y particularmente de mandos intermedios; inexistencia de estructura adecuada que permita una organización eficaz del trabajo; de ausencia de carrera administrativa para sus funcionarios/as; y de unas condiciones económicas y laborales que no se corresponden con las funciones y responsabilidades asumidas desde hace años, produciéndose incluso situaciones de agravio y discriminación salarial.

Montero solo da más personal

En este escenario, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha insistido hoy en que “está abierta al diálogo” con la plantilla de trabajadores de la ITSS y ha insistido en que su departamento ha autorizado más de 800 nuevas plazas “serán imprescindibles para hacer el trabajo riguroso que implica este organismo”. Sin embargo, el representante del CSIF en la Inspección, Miguel Ángel Montero, ha destacado este martes que dicha dotación de personal es para varios años y, aun así, no será suficiente para cumplir con el ratio recomendado de un inspector por cada 10.000 trabajadores (ahora España cuenta con uno por cada 15.000).

La ministra también ha hablado del plus de productividad ya presupuestado para los trabajadores de este organismo, que asciende a seis millones de euros y que desde el CSIF ha sido calificado como “un plus zanahoria que no arregla absolutamente nada”. Montero no ha mencionado, sin embargo, la supuesta negativa de Hacienda a aprobar una nueva relación de puestos de trabajo, que sería lo que permitiría liberar a los inspectores y subinspectores de determinadas labores administrativas para poder centrarse en otras cuestiones como la prevención y detección de situaciones fraudulentas y de riesgo, tal y como exige el colectivo. En cualquier caso, los representantes sindicales de la ITSS.

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