Los controladores aéreos denuncian fallos de seguridad en los aeropuertos con el control privatizado

La Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo (Aprocta), asociación mayoritaria en el colectivo de los controladores, ha detectado numerosas incidencias y malas prácticas —”algunas de las cuales tienen un impacto directo en la seguridad operacional”— en aquellos aeropuertos cuyo control está liberalizado parcialmente desde 2011 y es prestado por empresas privadas.

Esta es la principal conclusión del informe elaborado por Aprocta de acuerdo a las denuncias y comunicaciones realizadas por controladores de las empresas Skyway (antes denominada Ferronats) y Saerco desde 2012 hasta 2023. El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, destaca entre las presuntas irregularidades “una práctica extendida de alteración y maquillaje de los indicadores de seguridad, ocultándose información relativa a sucesos relevantes y rebajando la severidad de otros, todo ello sin conocimiento de la autoridad supervisora”.

Por otro lado, según las notificaciones recibidas que recoge el informe, se plantean dudas acerca del cumplimiento de la normativa relativa al mantenimiento de las adecuadas condiciones psicofísicas de los controladores durante la prestación del servicio, viéndose éstos obligados a simultanear, en ocasiones, su trabajo de control aéreo con tareas de índole administrativo. Asimismo, se pone de manifiesto “la existencia de un clima laboral enrarecido en el que no faltan presiones y posibles represalias laborales difícilmente compatibles con un entorno adecuado para conseguir una operación segura”, dice el documento.

En 2011 se liberalizaron un total de 12 torres de control en España: Sabadell, Madrid-Cuatro Vientos; A Coruña, Alicante, Ibiza, Jerez, Sevilla, Valencia, Vigo, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha iniciado el proceso para la privatización de los servicios de tránsito aéreo de las torres de otros siete grandes aeropuertos (Bilbao, Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Tenerife Sur), que hasta ahora presta la empresa pública Enaire.

El proyecto ha despertado la oposición tanto en el ámbito político como laboral. Aprocta, asociación que también es mayoritaria en Enaire, considera que a la vista de este informe la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, debe replantearse continuar con el modelo privatizador cuya segunda fase ha puesto en marcha. “No parece razonable delegar la gestión de bienes públicos como la seguridad en el transporte o el derecho a la movilidad en empresas que antepongan el retorno económico, limitando la inversión en mejoras del sistema o, como se desprende de las notificaciones recibidas, poniendo en riesgo la seguridad operacional”, indica el Aprocta.

El informe ha sido elaborado con las notificaciones de 49 empleados, un 17% de la plantilla de controladores aéreos que trabajan o han trabajado en las dos compañías privadas (sobre una plantilla total de 280), que denunciaron 266 irregularidades entre 2012 y marzo de 2023.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos, el sindicato mayoritario en el sector (muchos de cuyos miembros pertenecen a Aprocta), también se posicionó radicalmente en contra de la privatización, al entender que el actual modelo público es eficiente y, de hecho, es el que han adoptado todos los países europeos para sus grandes aeropuertos.

Aena y las aerolíneas, a favor

Por el contrario, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) niega las acusaciones de que se haya precarizado el empleo y, más rotundamente aún, que haya supuesto una merma de las medidas de seguridad. Las aerolíneas, que ven un ahorro de costes frente al monopolio de Enaire, animan al Gobierno a que se liberalicen no solo las tareas del servicio de control de aeródromo, sino también las de aproximación a los aeropuertos, que seguirán siendo prestados por Enaire, puesto que no se encuentran liberalizados.

El laboral no es el único frente con el que topa el Gobierno. Varios grupos parlamentarios han pedido que se revise el proceso que cuenta con las reticencias además de los gobiernos regionales a los que afecta esta segunda tanda de privatizaciones como la Generalitat Valenciana o el Ejecutivo canario. El Congreso aprobó en febrero una enmienda parlamentaria acordada por el PSOE y Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y BNG para “proceder a la revisión” de la orden ministerial en marcha por la que el Ministerio de Transportes pretende acometer la privatización.

Desde el Ministerio se defiende que la liberalización está apoyada también por Aena, y que ha sido reclamada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en diversas ocasiones, y recomendada por la Comisión Europea y la Comisión Nacional de los Mercados. No obstante, el proceso aún está en sus comienzos, y puede extenderse hasta finales de 2025 o principios de 2026.

Sigue toda la información de Economía y Negocios en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal