Los sindicatos y la patronal firman el acuerdo para garantizar el poder adquisitivo en los tres próximos años

La inflación ha derretido los salarios de la mayoría de españoles. El año pasado los precios crecieron un 8,4% y los salarios recogidos en convenio, de media en torno a un 3%. Y en lo que llevamos de año han aumentado de forma parecida, mientras la inflación alcanzó el 4,1% en abril. Los agentes sociales han oficializado este miércoles un acuerdo para corregir, al menos en parte, esta profunda pérdida de poder adquisitivo. Los líderes de CC OO, UGT, CEOE y Cepyme han firmado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), una guía de actuación que los representantes de empresarios y trabajadores trasladan a los encargados de la negociación colectiva.

Primero han intervenido los jefes de la patronal. “Este acuerdo da estabilidad y tranquilidad a las empresas para que sepan en qué línea deben trabajar”, ha comentado el líder de la CEOE, Antonio Garamendi. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha valorado que este pacto aporta “certidumbre” en un momento de “incertidumbre interna y externa; desde posiciones antagonistas, hemos conseguido llegar a un acuerdo”. “La negociación colectiva es un instrumento de reparto de riqueza. En ese sentido, este acuerdo va en la buena dirección. Va a tirar del consumo”, ha comentado el jefe de UGT, en una línea parecida a la del secretario general de CC OO, Unai Sordo: “Si los compromisos salariales se trasladan a las mesas, calculamos que habrá subidas a finales de 2025 de entre el 10,33% y el 13,56%, dependiendo de la inflación. Es el mejor antídoto ante las amenazas de ralentización económica”.

El incremento mínimo acordado es del 4% en 2023, el 3% en 2024 y otro 3% en 2025. A la subida recomendada para 2024 y 2025 se incorporará un 1% adicional anual si la inflación supera estos incrementos. Esta cláusula también se aplica a 2026, pero no hay incremento de partida acordado para ese año. Las empresas no están obligadas a acatar estas recomendaciones y los comités pueden requerir incrementos mayores, pero el acuerdo es de mucha trascendencia, ya que da un potente argumento a los comités de empresa de España, uno de los país desarrollados en los que más ha caído el poder adquisitivo de los trabajadores, para reclamar subidas salariales a la dirección de las compañías.

A la pregunta sobre qué llamamiento hace a las compañías que no apliquen estos incrementos, Garamendi ha contestado que lo pactado “es la senda a seguir”. “Esto es lo que hemos acordado y es la línea en la que deberíamos trabajar. Lo que hemos acordado es lo que defenderemos en las mesas de negociación”, ha comentado el líder patronal. Los jefes sindicales han enfatizado que, aunque el acuerdo no sea obligatorio, las empresas no deben ignorarlo: “Conviene que tengamos claro que el hecho de que sea obligacional no quiere decir que no se tiene que aplicar. Sería bueno que en un plazo corto podamos dar salida a esos 1.400 convenios que quedan pendientes”, ha comentado Álvarez.

El planteamiento original de los sindicatos reclamaba incrementos para 2022, el peor golpe de la inflación. Finalmente, el texto del AENC no recoge menciones específicas para el año pasado, pero abre la puerta a que se tenga en cuenta en la negociación en cada mesa, ha destacado Garamendi. “Es un compromiso a tres años, pero no hemos sido capaces de establecer cifras para 2021 y 2022. Será en la negociación de convenios donde se tenga que resolver. Los sindicatos no renunciamos a subidas en esos años”, ha indicado Sordo.

“Tampoco renunciamos a la trasparencia económica”, ha añadido el secretario general de CC OO, en referencia a otro de los puntos que requerían los sindicatos y ha quedado fuera del acuerdo, la vinculación de las cláusulas de revisión salarial a la marcha de las empresas. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció el mes pasado la creación de un observatorio para vigilar los márgenes empresariales. “No tenemos más información sobre ese observatorio”, ha indicado Álvarez.

De la desconexión digital al teletrabajo

El acuerdo va más allá de las recomendaciones salariales. “Quiero destacar la modernización de convenios que introduce este AENC. Un convenio actual no puede tratar solo salarios, permisos y jornada. También tiene que hablar de desconexión digital, de transición energética, de digitalización y de teletrabajo”, ha reclamado Sordo. “Hacemos un repaso a cuestiones muy importantes que preocupan a la sociedad. A nadie le puede extrañar que hablemos de cómo va a afectar al trabajo la inteligencia artificial”, ha agregado el secretario general de UGT.

Precisamente sobre inteligencia artificial, los firmantes piden contención; consideran “imprescindible” adoptar “fórmulas flexibles de ordenación del tiempo de trabajo” y la racionalización del horario; pide a empresas y comités que identifiquen los puestos de trabajo y funciones susceptibles de trabajo a distancia, una duración máxima de teletrabajo y que haya un porcentaje de referencia; fomenta la desconexión digital; el impulso de programas de prevención del estrés laboral; invita a potenciar “fórmulas de jubilación gradual y flexible para facilitar el tránsito desde la vida activa al retiro laboral”; e insiste en la “formación continua” y en la “necesidad” de “facilitar la recualificación” de trabajadores.

Además, el acuerdo manifiesta “preocupación” de los firmantes por los indicadores de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes e instan a la Administración a desarrollar convenios con las mutuas. “Con este acuerdo ponemos en valor la sanidad pública y las carencias que sufre. Es un problema de este país”, ha comentado Álvarez, que ha enfatizado la importancia de “abordar el absentismo” y sus consecuencias. Sordo ha querido dejar claro que el acuerdo no faculta a las mutuas para controlar las bajas, sino que insta a establecer convenios “para asegurar los procesos de recuperación” de los trabajadores, ante el colapso de los servicios públicos.

Un nuevo acuerdo tras varios desencuentros

También se desprende una importante lectura política de este pacto: los agentes sociales vuelven a ponerse de acuerdo, como ya hicieron con la reforma laboral, la primera subida del salario mínimo (SMI) de la legislatura, la primera parte de la reforma de las pensiones o los ERTE. El entendimiento se quebró en los dos posteriores incrementos del SMI y en la segunda fase de la reforma de las pensiones, pero este pacto cambia la dinámica negativa, a solo 18 días de las elecciones autonómicas y a medio año de las generales. No ha habido políticos en la firma del acuerdo, como sí sucedió en el anterior acto oficial del AENC: en 2018, el último, acudió la entonces ministra de Trabajo, la socialista Magdalena Valerio. Fue una excepción, ya que en esta negociación solo participan empresarios y sindicatos.

Garamendi ha asegurado que no ha habido “vetos”, a la pregunta sobre la ausencia de miembros del Gobierno en el acto. “Pero también es cierto que lo que queremos poner en valor es el diálogo social bipartito. No caigamos en el adanismo. Llevamos 45 años haciendo pactos. Vamos a seguir haciéndolo con independencia”, ha comentado. “No queremos monopolizar nada, pero que no lo monopolice nadie. Esto es bueno para el Gobierno, para la oposición, para todos. Esto se debe entender como un trabajo para nuestro país”, ha dicho Cuerva.

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