La ralentización de los ingresos deja poco margen al Gobierno para nuevas medidas

El Gobierno contará este año con poco margen para medidas adicionales debido a la ralentización de los ingresos públicos. El Ejecutivo prevé que la recaudación tributaria suba un 8,8%. Sin embargo, su ritmo de crecimiento se está moderando frente al 15,4% que se registró en 2021 y el 11,4% de 2022, unas cifras impulsadas por la recuperación de la pandemia, la inflación y el afloramiento de economía sumergida. Con datos hasta marzo de la Agencia Tributaria, los recursos fiscales repuntan un 2,6% en caja y un 4% en términos homogéneos (una vez descontada la evolución normal de las devoluciones). Aunque todavía se trata de un momento bastante temprano del año, la desaceleración es evidente y dejará menos espacio para el gasto.

No obstante, en plena carrera electoral, el Ejecutivo ha lanzado durante las últimas semanas una ristra de propuestas que son una amalgama de créditos, fondos europeos y programas nuevos mezclados con otros que ya estaban en marcha. Entre los anuncios, destacan los 4.000 millones en financiación del ICO para vivienda en alquiler asequible y los 2.500 millones en avales para la compra de vivienda. Estas dos iniciativas en principio no requieren presupuesto. Otros 4.000 millones para promoción y, sobre todo, rehabilitación de vivienda que van a cargo de fondos europeos. Sí que precisan presupuesto ordinario: al menos 600 millones para destinar suelos de Defensa a pisos sociales; hasta 3.000 millones que tendrían que gastar comunidades y ayuntamientos si quisieran adquirir las 21.000 casas que tiene disponibles la Sareb; 300 millones más para viajes del Imserso; la rebaja del IRPF para agricultores y ganaderos por 1.800 millones, y otros 1.300 millones para la Formación Profesional bilingüe, de los que una parte son fondos comunitarios. Y son partidas que ya existen y suben: 2.800 millones para políticas de empleo, en los que un 8% son fondos europeos, y 2.500 millones para becas.

Un motivo de la desaceleración de los ingresos es que el consumo está acusando la inflación y las subidas de tipos, lo cual se nota en las cifras del IVA. Según el INE, el gasto de los hogares retrocedió un 1,3% entre enero y marzo y un 1,7% entre octubre y diciembre. Aunque en euros las familias consumen más, en unidades compran menos. De acuerdo con la Agencia Tributaria, el IVA solo avanzó un 0,8% en cifras homogéneas en el primer trimestre. En caja lo hizo un 7,2%, tres veces menos de lo que lo hacía a la misma altura del año pasado.

Las exportaciones tiran ahora de la economía, con un alza del 5,8% trimestral en los datos del INE. El inconveniente de este patrón de crecimiento es que Hacienda no ingresa en la misma medida por las ventas al exterior debido a que están exentas del IVA. Es decir, las exportaciones aportan menos a la recaudación que el consumo doméstico. Las menores ventas de vivienda también reducen ingresos.

En estos resultados influye además la fuerte rebaja de los tributos energéticos, que en 2022 supuso la pérdida de 8.000 millones. También pierden fuelle los impuestos especiales, que caen un 3% en caja y homogéneos. En este grupo está el impuesto eléctrico, afectado por la rebaja de la energía.

En cambio, el IRPF se dispara: crece un 11,7% en caja y un 10,8% en homogéneos hasta marzo. La buena evolución del empleo, unas subidas salariales mayores que en años anteriores, y la revalorización de las pensiones están aumentando la masa de rentas. Además, el incremento de sueldos y pensiones conlleva un salto en los tipos efectivos a los que se tributa, un fenómeno que se conoce como progresividad en frío y que provoca una mayor recaudación sin que haya una subida de tarifa. Fruto de este aumento, el tipo efectivo que se paga en promedio por renta escaló el año pasado del 13,5% al 14,1%, un récord en la serie que arranca en 1995.

Pendientes del Impuesto de Sociedades y el gravamen a la banca

Otra causa por la que la recaudación ha empezado más floja es que todavía no se ha comenzado a ingresar el Impuesto de Sociedades, cuyo primer pago se hace en abril. Tampoco se están contabilizando en esas cifras los recargos a la banca y las energéticas, por los que se busca recaudar unos 3.000 millones al año. Estos se han tramitado como prestaciones patrimoniales y, en consecuencia, no figuran en las estadísticas tributarias. Las cotizaciones sí que están creciendo en línea con lo proyectado: al 9%, en parte por la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Por otro lado, todavía no se nota con fuerza la rebaja del IRPF para rentas hasta 21.000 euros, que entró en vigor este año y cuyo coste previsto asciende a 1.800 millones. Esta solo se ha aplicado hasta ahora a las retenciones de grandes empresas y pensionistas.

Según el plan enviado a Bruselas, los ingresos tributarios totales, que recogen también los autonómicos y municipales, deberían crecer un 8,8% este año. El Gobierno contempla que el PIB nominal, aquel que incluye la inflación, escale un 6,1%. Bastaría con que la recaudación creciese solo en línea con el PIB nominal —es decir, un 6,1% y no un 8,8%— para que los ingresos se queden unos 9.000 millones por debajo de lo esperado. Pero el Gobierno necesita bajar el déficit en esa cantidad para cumplir con el objetivo anunciado. El compromiso del Ejecutivo es que el desfase de las cuentas públicas descienda del 4,8% del PIB de 2022 hasta el 3,9% en 2023. Una leve desaceleración sobre lo previsto haría que el déficit apenas baje, y obligaría al Gobierno a contener los gastos en año electoral si quisiera cumplir con su senda.

No obstante, este año siguen suspendidas las reglas fiscales europeas que obligan a ceñirse a los objetivos comunicados a la Unión. Es decir, el Gobierno no tiene la obligación de cumplir. Si bien el hecho de no hacerlo, dificultaría que España baje el déficit del 3% del PIB cuando vuelvan a estar en vigor. Cuando se supera el 3%, se pone en marcha la vigilancia especial europea sobre las cuentas públicas. El problema del agujero presupuestario se deja para después de las elecciones.

“Cualquier medida adicional que suponga un aumento del gasto va a requerir un aumento de los ingresos si se quiere cumplir con el objetivo del déficit”, resume María Jesús Fernández, economista de Funcas. “No hay margen, salvo que la economía crezca más de lo previsto, pero nosotros no lo contemplamos”. El think tank proyecta un recorte del déficit de tan solo tres décimas, debido a la ralentización de la economía, las medidas anticrisis, el peso de las pensiones y el mayor pago en intereses por la subida de tipos.

Por su parte, la Autoridad Fiscal calcula que los ingresos aumentarán este año un 6,4%, por debajo del 8,8% planteado por el Gobierno. En ratio sobre PIB serán un punto inferior: un 42,5% frente al 43,4%. No obstante, ve algo de margen en el gasto: calcula que los empleos alcanzarán un 46,7% del PIB en comparación con el 47,3% que estima el Ejecutivo. Y eso hace que su pronóstico de déficit público no se aleje tanto de la oficial: un 4,2% frente al 3,9%. Pero pone de manifiesto que cualquier medida adicional agrandaría los números rojos.

A largo plazo, el Gobierno también apuesta por unos ingresos que crezcan más que el PIB nominal. Para 2026, su proyección es dos puntos de PIB superior a la de la Airef —con los números que el organismo elaboró en abril sobre el 2023 y la senda a varios años que dibujó en octubre—. Se trata de 26.000 millones más con el PIB actual. Esta mayor recaudación se justifica en el Programa de Estabilidad explicando que en muchos momentos los ingresos han avanzado por encima del PIB incluyendo la inflación. Por ejemplo, hace referencia a años de la burbuja o a buena parte de los ejercicios de la Gran Recesión, cuando proliferaron subidas de impuestos. “En circunstancias normales, lo lógico es que avancen en línea con el PIB nominal”, señala Ángel de la Fuente, director de Fedea. Durante 2021 y 2022, la vigorosa recuperación de la pandemia y el afloramiento de economía sumergida han sido decisivos en la recaudación. Y la inflación ha supuesto además un importante dopaje. En 2022, el IPC medio fue del 8,4%, el nivel más elevado en casi 40 años. La Autoridad Fiscal considera que hasta la mitad del aumento de la recaudación se debe a la espiral inflacionista. El Gobierno rebaja el impacto a cerca de un tercio.

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