Odisea judicial ante un gigante económico

Las actividades comerciales más relevantes de los ciudadanos se realizan mediante contratos de adhesión en los que las condiciones son impuestas por las empresas. Son negocios muy desiguales en los que el consumidor está en clara situación de inferioridad y en los que abundan condiciones abusivas. La justicia europea y española consideran nulas las condiciones abusivas. Sin embargo, en la vida real el exorbitante poder de las corporaciones convierte en una verdadera epopeya acabar con los abusos.

Un reciente ejemplo ilustra las dificultades para hacer efectivos los derechos. En octubre de 2013, la asociación Alianza para la Defensa de Consumidores y Usuarios Activos (ADECUA), demandó a Iberia e Iberia Express por aplicar recargos en la compra de billetes con tarjeta de crédito. Iberia exigía un cargo adicional por pasajero de 5 euros en vuelos domésticos y de 8,5 euros en el resto. Iberia Express estableció cargos similares. La asociación estimó que los cargos podían ascender a 55 millones anuales, según su abogado Antonio Castillo.

La demanda, a la que se adhirió el Fiscal, fue estimada por la juez Amanda Cohen Benchetrit, que en 2014 condenó a las compañías a eliminar las citadas condiciones tras considerarlas nulas por abusivas. La ley de servicios de pago, trasposición de una directiva europea, prohíbe exigir “el pago de gastos o cuotas adicionales por la utilización de cualquiera instrumentos de pago”. La sentencia fue confirmada íntegramente por la Audiencia de Málaga en 2017.

Sin embargo, las empresas lograron eludir la resolución. Para apremiar el cumplimiento de la sentencia, la juez impuso una multa de 600 euros diarios a las compañías que no tuvo ningún efecto ante su escasa cuantía. Tampoco lo tuvo su aumento a 2.000 euros diarios. Seguía siendo rentable mantener los recargos a pesar de la sanción. La desigual batalla entre el abogado y las compañías se prolongó durante años mientras iban cambiando los jueces. Finalmente en 2023, la situación cambió radicalmente. La magistrada María José Galiano Nieves, elevó la sanción a 20.000 euros diarios y exigió a las empresas que identificaran a un responsable de su cumplimiento. Se acabó el choteo. Y el pasado enero Iberia consignó en el Juzgado 2.861.200 euros en concepto de multa. Galiano es experta en la materia y coautora del libro Manual de reclamaciones aéreas (Marcial Pons).

“Me queda un sabor agridulce”, confiesa el abogado Antonio Castillo. “Por una parte tengo la satisfacción de haber doblegado a un gigante. Pero, por otra, veo que han podido estar nueve años sin cumplir”.

Los abusos de las corporaciones, además de perjudicar a los consumidores, dañan a la economía con más inflación. Los daños para la economía de la asimetría de la información, característica de los contratos de adhesión, fueron señalados por los premios Nóbel Akerlof, Stiglitz y Spence, en 2001, y por Hart y Holmström en 2016. Aquí el ejercicio de los derechos suele exigir heroicidades individuales, que luego benefician a todos. Los gobiernos están todavía muy alejados de estas menudencias de la economía doméstica.

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