EiDF admite discrepancias en las cuentas relacionadas con deudas y operaciones con socios

La empresa de instalaciones de paneles solares para autoconsumo industrial EiDF, que tiene su cotización suspendida por no presentar las cuentas en el mercado en el que opera (BME Growth), envió el martes por la noche un comunicado al mercado explicando que ha contratado los servicios de Deloitte Financial Advisory. “El objeto del contrato es que Deloitte lleve a cabo una investigación tendente a analizar y a recabar evidencias relativas a incidencias y/o discrepancias mantenidas con PricewaterhouseCoopers Auditores, (“PwC”) en el proceso de auditoría de las cuentas de EiDF y su grupo correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022″, señala la compañía.

Los trabajos, según la empresa que preside Fernando Romero, estarían enfocados a determinar si hay o no “posibles conflictos de interés”, respecto a las operaciones realizadas con socios del negocio, en cuanto al tratamiento contable en la consolidación de las cuentas. “Este trabajo incluirá el análisis contractual y contraste de validez de todos los documentos existentes firmados entre la sociedad y representantes/apoderados de sus socios, generando un inventario de los mismos”.

El segundo punto en el que trabajará Deloitte se refiere a los clientes, “a efectos de concluir respecto de la realidad económica y situación actual de los proyectos facturados por la sociedad”. El tercer punto afectaría a los deudores, “a efectos de concluir respecto de la causa raíz de la deuda registrada y su adecuado soporte documental”.

En los últimos años EiDF ha incorporado a varios socios a su negocio, cuya relación estaría ahora en el punto de mira del auditor. En concreto, en la parte de generación de energía renovable, en diciembre de 2021 realizó ampliaciones de capital en once filiales, como Cemprosol, Parque Solar Investment o Solarbru, dar entrada al fondo de energías renovables del Banco Sabadell, Sinia Renovables. En ese momento también se formalizó un acuerdo con el fondo Ikopus, que hizo lo mismo entrando en nueve filiales, como Al Andalus, Aragón PV Sun o Calzada Oropesa Solar, todas ellas empresas de huertos solares en distinto estado de tramitación. Con ambos movimientos, EiDF cedió parte del control sobre su rama de generación y se realizaron varias transacciones dentro del grupo, apuntándose EiDF ventas en los segmentos de generación, autoconsumo y PPA “importes por 15,8 y 7,5 millones de euros”, según consta en las cuentas del primer semestre de 2022 revisadas por Crowe, lo que añadió al beneficio 4,5 millones de euros. Posteriormente, se realizaron, ya en 2022, varias ampliaciones más en distintas sociedades, con los socios anteriormente citados y con nuevos participantes, como Ikav y Albujón, según consta en las cuentas semestrales.

En cuanto al pasivo, a 30 de junio de 2022 la empresa reportaba al mercado una deuda de 15 millones con entidades de crédito a largo plazo y otros 21 millones en “otros pasivos”. Ahí incluía dos préstamos con el fondo de inversión alternativo Trea Direct Leinding por 4,2 y 9,8 millones de euros. Ambos préstamos tienen su vencimiento en 2026 y pagan un interés anual variable referenciado al euríbor. En el Mercado de Renta Fija de BME (Marf) el año pasado emitió deuda por importe de 25 millones dentro de un programa de pagarés verdes.

Una auditoría en el aire

En un comunicado anterior, la empresa reconocía problemas con su auditor, PwC, y los achacaba a la necesidad de adecuar los estados financieros “a las normas internacionales de información financiera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea (NIIF)”. Su intención de dar el salto al mercado continuo antes del verano les habría llevado a contratar los servicios de otra firma, KPMG, como asesora financiera y contable, “incluyendo en dichos servicios una evaluación preliminar del control interno de la sociedad”. De modo que ya son tres de las big four (Deloitte, PwC y KPMG) las que asesoran a la compañía gallega, cuya cotización se suspendió cuando su valor de mercado alcanzaba los 1.720 millones. La auditora, PwC, fue contratada para hacer la revisión ordinaria de los estados financieros de los años 2022 a 2024 y es la que debería pronunciarse sobre el balance de la compañía del año pasado.

Durante el tiempo que el valor permanezca suspendido de negociación, los accionistas únicamente podrán cancelar órdenes y no podrán introducir nuevas órdenes de compraventa, según la mecánica del mercado. “Las órdenes vigentes en el momento previo a la suspensión, esto es, órdenes que se introducen con una fecha de vencimiento máxima de 90 días desde su introducción, quedan en el libro de órdenes a la espera de la reanudación de la negociación”, explican desde la CNMV. “Estas órdenes ya tienen un orden de prioridad en libro, que no se ve alterado por la suspensión de negociación”.

La compañía debería comunicar esta semana las cuentas de 2022 acompañadas del informe de auditoría para que se levante la suspensión cautelar, pero ya ha admitido que no llegará a tiempo, de modo que sus títulos seguirán congelados en 27,7 euros hasta, como mínimo, el lunes que viene.

La mayor parte de las acciones de EiDF están en manos de su fundador y consejero delegado, Fernando Romero (un 72%) a través de la sociedad Prosol Energía. Le siguen el empresario Alejandro Alorda, vicepresidente de muebles Kettal, que tiene 7,6% a través de Mas Investment y Julio Sergio Palmero con un 6,63%. Palmero era consejero delegado de ODF, empresa que EiDF compró en 2022.

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