Otros 100.000 pisos

Revolución en el mercado de la vivienda. La promesa del Gobierno de destinar a vivienda social 50.000 pisos (acabados o en proceso) de la Sareb (el banco malo), y la de destinar 4.000 millones de los fondos europeos Next Generation (segundo paquete, el de créditos) a generar otros 43.000 pisos sociales, prioritariamente de alquiler, totalizan casi 100.000: ¿es mucho o es poco?

Es mucho. Un tercio adicional, si se compara con el parque público en alquiler existente: unos 290.000. Pero es solo un inicio, comparado con los 2,3 millones de viviendas protegidas (principalmente de compra) que se crearon en cuatro decenios, de 1981 a 2019: en gran parte se vendieron a terceros al acabar sus plazos de vigencia.

Y es una eclosión si se coteja con lo que han hecho algunos gobiernos autonómicos, adscritos a la supuesta crítica de que todo es una “fantasmada”. Andalucía, Castilla y León y Murcia no concluyeron ni una sola VPO en 2022. La Galicia de Núñez Feijóo hizo mucho en VPO para alquiler: cero unidades en 2014, cero en 2015, cero en 2016, cero en 2017 y una sola en 2018. Y Ana Botella e Ignacio González en Madrid saquearon el parque público vendiendo a fondos buitre 4.795 pisos ya alquilados.

La recreación de un parque público potente —objetivo explícito del proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda— es lo esencial en política de vivienda, como demuestran las experiencias de Austria y Dinamarca. Ayuda a aplanar la presión de los minoritarios grupos exteriores, especulativos y cortoplacistas sobre los precios: sus altos niveles contaminan al resto, la mayoría de propietarios familiares. Los públicos pueden erigirse en referencia para el mercado libre y contrarrestar, en parte, los excesos de este. Su recreación es urgente. Seis millones de pisos protegidos han sido en los últimos decenios descalificados y reconducidos al mercado libre al expirar su plazo de protección: una escandalosa y silenciosa privatización de bienes públicos.

Esta opción estratégica de acumular un parque público desborda la mera regulación correctora del Estado sobre los excesos del mercado, en la síntesis del Nobel Jean Tirole: “Fija las reglas del juego e interviene para paliar los fallos del mercado, sin sustituirlo; mediocre gestor de empresas, se convierte en regulador” (Économie du bien commun, PUF, París, 2016). Y se adentra en el tipo de intervención, nada soviética (que anula el mercado), propugnada por Mariana Mazzucato (que lo propulsa): “La política del Gobierno puede contemplarse como lo que es, o sea, parte del proceso social que lo coforma y cocrea los mercados competitivos” (El valor de las cosas, Taurus, 2018). Lo demostró en su análisis sobre sectores más avanzados, como internet, o la nanotecnología, donde el Estado “hace que se produzca el proceso de crecimiento, en lugar de limitarse a incentivarlo o estabilizarlo” (El Estado emprendedor, RBA, 2014).

Pero la ley en trámite plantea problemas. Uno es el de si todas las autonomías, también las que se han dedicado a vender vivienda pública a fondos buitre, deberían realizar esfuerzos adicionales para acogerse a los recursos del plan. Otro, que la desclasificación de las VPO no queda del todo prohibida en la ley, sigue siendo posible al arbitrio de las comunidades, aunque no como norma y con el requisito de justificación previa: un coladero.

Y el tercero, que los topes administrativos de precios son semipermanentes: no se configuran como meras medidas extraordinarias de choque mientras se rehace el parque público, carecen de un plazo final. Los controles de precios exigen más cautela, deben ser excepcionales y temporales. Pues “un límite máximo de precios reduciría la oferta, ya que las empresas menos eficientes entrarían en pérdidas o no producirían ese producto; sin embargo, la demanda no caería, con lo que se crearía escasez”, ha resumido Manuel Alejandro en el mejor texto reciente sobre ese dilema (¿Controlar los precios? Mejor pensarlo antes, Cinco Días, 23 de enero de 2023). No es solo doctrina: es que algunas experiencias la acreditan.

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