La patronal bancaria AEB dice que “habrá que ver” si las viviendas de la Sareb se ajustan a las necesidades de las familias

La Asociación Española de Banca (AEB) ha celebrado este lunes su asamblea anual en la que su presidenta, Alejandra Kindelán, ha valorado la propuesta del movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, conocido como el banco malo) para alquiler asequible. “Siempre es bueno ampliar el parque público de viviendas”, ha dicho, aunque ha matizado que faltan por conocer todavía los detalles de la propuesta y de los pisos. “Habrá que ver si se adecuan bien a la demanda y necesidades de las familias españolas”. Por otro lado, Kindelán ha resaltado la salud de hierro del sector financiero español, que cuenta con 60.000 millones de euros de exceso de capital sobre los requerimientos regulatorios.

A falta de que la propuesta anunciada el pasado fin de semana por Pedro Sánchez se apruebe este martes en Consejo de Ministros, el sector inmobiliario cuestiona la efectividad de la medida. Principalmente, si la oferta está en los lugares donde reside la demanda. Por el momento, lo que se conoce es que el Ejecutivo pondrá 21.000 viviendas a disposición de los municipios y comunidades autónomas e impulsará el alquiler social con las 14.000 viviendas ya habitadas de ese parque. Además, promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sareb.

La AEB, por su parte, ha recordado que el sector financiero ya cuenta con una medida en este sentido, el Fondo Social de Vivienda, a través del que la banca ofrece en estos momentos 10.500 viviendas para personas vulnerables. “Se trata de un fondo social para los deudores hipotecarios en problemas. Es una política pública casi”, ha recordado la presidenta. Según la asociación, el Gobierno no se ha puesto en contacto con el sector para incorporar este parque a lo anunciado ahora, aunque han asegurado que está a disposición de las comunidades autónomas. “La pueden utilizar aquellas personas que cumplan con los requisitos que fija el Ejecutivo para ser considerados vulnerables”, explican fuentes sectoriales.

Más rentabilidad

Durante la rueda de prensa posterior a la asamblea, Kindelán ha destacado la buena posición de liquidez, solvencia y rentabilidad de la banca. Con los datos de 2022, las entidades que están en la AEB (hay otra parte, por ejemplo CaixaBank y Unicaja, que están en la patronal de las antiguas cajas, la CECA) se situó por encima del coste de capital, algo que no ocurría desde antes de la crisis de 2008, según la presidenta. “La normalización monetaria ha contribuido en la mejora de la rentabilidad, aunque ha planteado nuevos desafíos, como ha puesto de manifiesto las turbulencias en Estados Unidos y Suiza”, ha incidido.

Por otra parte, las entidades financieras cuentan con un amplio colchón de capital. “Tienen el nivel de capital adecuado en función de los riesgos que asumen. El CET1 [el capital de máxima calidad] está por encima de los requerimientos y el sector dispone de 60.000 millones de euros de colchón por encima de esas exigencias”, ha afirmado la presidenta de la patronal bancaria.

Sobre el impuesto extraordinario al sector financiero, con el que los grandes bancos abonarán 3.000 millones en dos años, Kindelán ha incidido en que tendrá consecuencias: “Ya lo dijimos en su momento, habrá efectos contraproducentes en un escenario incierto como el actual”. Según un estudio de la consultora KPMG con datos de 2021, la banca española pagó un 51% de sus beneficios antes de impuestos soportados en el país. “Con la nueva prestación, subirá 10 puntos porcentuales la contribución tributaria”, ha asegurado.

Ayudas a vulnerables

También se ha referido a los efectos negativos de las alzas agresivas de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). En este sentido, Kindelán ha recordado el acuerdo que se alcanzó a finales del año pasado con el Gobierno para ofrecer una red de seguridad a los deudores hipotecarios en apuros: “Es esencial que el acuerdo se cumpla, que no se cuestione ni se socave la cultura de pago que existe en España”.

Por el momento, la morosidad sigue a raya y el número de adhesiones al Código de Buenas Prácticas sigue siendo mínimo. “Hay una parte amplia de prestatarios que todavía no ha recibido el impacto de la subida del euríbor, porque su revalorización suele ser anual”, ha afirmado.

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