La Autoridad Fiscal advierte a Madrid y Barcelona de un aumento excesivo del gasto

Como si de una profecía autocumplida se tratara, la Autoridad Fiscal (Airef) ha alertado de un aumento sin precedentes del gasto público por parte de algunas de las mayores corporaciones locales del país. Entre ellas están Madrid y Barcelona, además de otras nueve entidades: Alicante, Córdoba, Palma, Valladolid, las diputaciones de Valencia y Sevilla, el Cabildo Insular de Tenerife, el Consell de Mallorca y la Diputación Foral de Gipuzkoa. El organismo independiente, en un estudio publicado este jueves, recomienda a estas entidades realizar un “análisis de carácter estructural” de sus desembolsos desde 2019 y, sobre todo, evitar nuevos incrementos que no estén respaldados por una financiación permanente.

Las dos recomendaciones están contenidas en el Informe complementario de evaluación individual de los Presupuestos para 2023 de las Corporaciones Locales, en el que la Airef analiza las cuentas de las 24 entidades más grandes del país —los 16 Ayuntamientos de más de 250.000 habitantes, las cinco diputaciones de mayor tamaño presupuestario y las tres forales— y concluye que, de media, han incrementado su gasto computable en 2022 en un 9,4%. Esta cifra inédita se suma al aumento del 7,2% del año anterior y al alza del 4,7% de 2020. Desde 2019, el repunte ha sido de casi un 23%.

“El crecimiento de 2022 es especialmente relevante y por encima de la media en los ayuntamientos de Alicante, Madrid, Valladolid y Vigo, la Diputación Foral de Bizkaia y el Consell de Mallorca”, además del Cabildo Insular de Tenerife, donde ha sido del 40%, concreta el informe. Le siguen a larga distancia, con un alza de los desembolsos de alrededor del 15%, Alicante, Valladolid y Vigo. En 2021, el mayor incremento lo contabilizó la diputación de Sevilla: su gasto computable creció un 137%.

La Airef detalla que estos resultados se deben sobre todo a la expansión del gasto corriente, desembolsos recurrentes que, de mantenerse en esos niveles, supondrían un “deterioro del saldo de las grandes corporaciones locales y un riesgo para la sostenibilidad”. Además, se producen en un periodo tan convulso como delicado para las finanzas públicas, con las reglas fiscales suspendidas desde el estallido de la pandemia en 2020. En su lugar, el Gobierno ha fijado unas tasas de referencia que no son obligatorias. Con estos mimbres, la institución dirigida por Cristina Herrero —al igual que organismos como el Banco de España— señaló desde el primer momento que esta paralización y la incertidumbre económica hacían más necesario aún diseñar una estrategia fiscal a medio plazo, una recomendación que Hacienda ha desoído.

“En el actual contexto de ausencia de reglas fiscales, los crecimientos del gasto computable observados en las grandes corporaciones locales, cercanos en promedio anual al 7% desde 2020, son muy superiores a los permitidos en años de existencia de objetivos fiscales”, señala el organismo encargado de velar por las cuentas públicas. En 2022, los municipios han cubierto más de 1.500 millones de desembolsos con ahorros conseguidos en años anteriores. Es decir, recursos que no están aparejados a una fuente de financiación permanente.

“Por lo tanto, la Airef recomienda a aquellas corporaciones locales que han registrado mayores incrementos de gasto en los pasados ejercicios que eviten aumentos de gasto o reducciones de ingresos con carácter estructural cuya financiación permanente no esté garantizada, y que realicen un análisis del carácter estructural del incremento de gasto registrado desde 2019”, concluye en su informe.

Previsiones

Las corporaciones que forman parte del estudio han recortado casi un 80% su superávit entre 2018 y 2022, equivalente a unos 1.900 millones. Este año, la cifra subirá al 90%. En el caso de Las Palmas, Madrid, Valencia y la Diputación de Sevilla, la reducción de los saldos positivos ha sido de más de 10 puntos en el mismo periodo. De cara a 2023, la Airef prevé que Barcelona, Madrid, Valladolid y la Diputación de Sevilla incurran en déficit, depurado el efecto de las liquidaciones del sistema de financiación de 2020. Si se incluye —este año el impacto será positivo—, solo tendrán números rojos Barcelona y la Diputación de Sevilla.

El organismo también ha publicado este jueves los informes individuales sobre los presupuestos de las comunidades para el año 2023, en el que estima un déficit del 0,3% del PIB para el conjunto de las autonomías. El porcentaje es similar a la tasa de referencia fijada por Hacienda, pero dos décimas superior a la estimación anterior de la entidad, debido al peor cierre de 2022. Solo cuatro comunidades acabarán el año con un desfase entre ingresos y gastos superior al 0,3%: Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana.

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