‘Guarida’ en lugar de ‘paraíso fiscal’: 25.000 firmas para que la RAE cambie la definición

Ya son más de 25.000 las personas que este 3 de abril, Día Internacional Contra los Paraísos Fiscales, exigen a la Real Academia Española (RAE) que modifique su definición de paraíso fiscal, en la que se refiere a estas jurisdicciones como “un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior.” La iniciativa, lanzada por la Plataforma por la Justicia Fiscal a través de change.org, recuerda además que la correcta traducción del inglés tax haven debería ser “refugio” o “guardia fiscal”, en lugar de “paraíso”. “Consideramos imperativo sensibilizar a la ciudadanía en que la defensa de nuestros derechos básicos pasa por la lucha decidida contra cualquier tipo de fraude o evasión fiscal y por la erradicación de las guaridas fiscales. Empezando por denominarlas y definirlas correctamente”, reza el texto que acompaña la recogida de firmas.

Según la definición de la RAE, un paraíso fiscal es “un país o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior”. “[Los académicos] parecen defender que es un magnífico objetivo de política económica que la tributación sea nula o muy baja y que se evite todo control financiero”, señalaba el mes pasado en el diario Público el catedrático de Economía Juan Antonio Gimeno, exrector de la UNED y fundador de Economistas sin Fronteras, una de las organizaciones que conforman la Plataforma por la Justicia Fiscal junto a otras como Oxfam Intermón, ATTAC o los sindicatos CC OO y UGT. “Esta definición finalizaría más propiamente sustituyendo ‘constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior’ por ‘para atraer actividades contrarias a los derechos humanos y al bien común”.

Gimeno sugiere que la expresión paraíso es una mala traducción de alguien que confundió haven (refugio) con heaven (cielo, paraíso), un error que se repite en idiomas como el francés, el italiano o el alemán. Y propone a la RAE una solución “sencilla”: que se sustituya la palabra “paraíso” con “guarida” o “refugio” y se incorpore el texto recogido en el Diccionario panhispánico del español jurídico. Este define a un paraíso fiscal como un “territorio caracterizado por su baja o nula tributación, la ausencia o escaso número de convenios para evitar la doble imposición y la falta de un efectivo intercambio de información fiscal con otros Estados”.

El dinero que se escapa hacia territorios de escasa o nula tributación hace un roto a las arcas públicas y por ende reduce los recursos para financiar el Estado del bienestar. Su uso, y con ello las prácticas de elusión y evasión fiscal, empezó a ganar protagonismo a partir de los años noventa, al calor de la globalización y el avance de la digitalización. Pero solo recientemente ha sido posible estimar la magnitud del fenómeno —y siempre con limitaciones—, gracias sobre todo al trabajo de académicos y entidades independientes. La organización Tax Justice Network calcula que se pierden más de 483.000 millones de dólares al año en impuestos por culpa de multinacionales y ricos que desvían beneficios y patrimonio hacia paraísos fiscales. “Eso equivale a perder el salario anual de una enfermera cada segundo”, ejemplifica el organismo.

Los Luxleaks, los Papeles de Panamá o los Pandora Papers, que han salpicado a políticos, personajes famosos, grandes empresas y hasta Gobiernos, también han propiciado una mejora en la transparencia y el intercambio de información entre Estados. A la vez, han creado un consenso cada vez más amplio en torno a los paraísos fiscales por parte de la ciudadanía: son territorios que se usan para evitar el pago de impuestos u ocultar dinero procedente de actividades ilegales, reducen los recursos disponibles para financiar los servicios públicos. Tanto que, desde el año 2016, ha empezado a reivindicarse cada el 3 de abril el Día Internacional Contra los Paraísos Fiscales, conmemorando la publicación de los Papeles de Panamá.

“Jurisdicción no cooperativa”

España acaba de actualizar su lista de paraísos fiscales, 24 países y territorios que se han empezado a denominar “jurisdicciones no cooperativas”, según la nueva definición adoptada en ámbito internacional. “Este listado se basa en el nuevo concepto internacional, contemplado en la Ley de lucha contra el fraude, de jurisdicción no cooperativa, que incluye nuevos criterios para determinar la inclusión en la lista, como el intercambio efectivo de información tributaria”, señalaba el Ministerio de Hacienda en la nota que recogía el cambio de terminología.

“La globalización financiera ha multiplicado los importes evadidos y la opacidad. No actuar decididamente supone un grave delito de complicidad con otros a los que se dice combatir. Es imperativo acometer medidas que penalicen y desincentiven la utilización de estos territorios”, señalaba Gimeno en su artículo. “Estamos seguros de que la Real Academia comparte estos buenos deseos. Por ello es necesario revisar esa sorprendente definición de paraísos fiscales”.

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